MÉXICO, D.F., abril 15 (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto escaló su pretensión de concretar la reforma educativa a un nuevo nivel, al interponer cuatro controversias constitucionales contra presuntas “omisiones” de los Congresos de Oaxaca, Chiapas, Sonora y Michoacán.

Además, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, advirtió que el análisis de las leyes locales continúa y se interpondrán las controversias que sean necesarias para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligue a los poderes legislativos de cada entidad que se sometan a la reforma federal aprobada por el Congreso de la Unión.

En rueda de prensa, el vocero presidencial Eduardo Sánchez y el consejero jurídico Humberto Castillejos pormenorizaron los artículos de las leyes locales que, conforme al análisis realizado por la Presidencia, incumplen con la reforma federal.

En los casos de Chiapas, Michoacán y Sonora, el argumento controversial radica en que se invaden ámbitos de competencia federal, pero el énfasis fue en Oaxaca, donde el reclamo se basa en la omisión total de cumplir con la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente.

Los aspectos aludidos por Castillejos son aquellos que implican temas que han sido rechazados por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fuerza magisterial que tiene una importante presencia en Oaxaca (con la poderosa Sección 22 del SNTE), Chiapas y Michoacán.

En Chiapas, la impugnación es por cuatro artículos relacionados con la regulación de alimentos, la reinscripción de docentes aun cuando no acrediten las evaluaciones y la apertura a la participación sindical en la toma de decisiones.

En el caso de Michoacán, se trata de cuatro artículos relacionados también con la evaluación a los maestros; en tanto, para Sonora se están controvirtiendo 27 artículos que van más o menos en el mismo sentido de las anteriores.

Oaxaca y Sonora tienen gobernadores que cuentan con mayoría en sus Congresos locales y son de partidos de oposición al PRI; en el caso de Chiapas, el gobierno es del PVEM, en alianza con el PRI, y Michoacán es el único donde mandatario y mayoría legislativa son priistas.

ACATARÁ CUÉ RESOLUCIÓN DE LA CORTE

El gobierno de Gabino Cué reiteró hoy su disposición a acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la controversia constitucional que presentó el presidente Enrique Peña Nieto por omitir la armonización de la ley estatal de educación con la reforma del sector y sus leyes secundarias aprobadas por el Congreso de la Unión.

Mientras, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) manifestó su repudio a “la controversia constitucional que plantea el gobierno espurio de Peña Nieto a Oaxaca, Michoacán, Sonora y Chiapas, al tiempo que hizo un llamado al Poder Judicial para que verdaderamente realice la revisión del tercero constitucional”.

En un comunicado, el gobierno de Cué Monteagudo manifestó “su respeto irrestricto al derecho y obligación del Poder Ejecutivo Federal para cumplir y hacer cumplir el mandato de la Constitución General de la República en materia educativa”.

Sin embargo, aclaró, que “con ese propósito y bajo la conducción de la LXII Legislatura del Congreso local, desde el 10 de marzo se llevan a cabo 37 foros de consulta en las ocho regiones del Estado, con el objetivo de incorporar las iniciativas y propuestas de la sociedad civil en la nueva ley educativa de Oaxaca”.

Por consiguiente, Cué reiteró “su disposición de continuar cumpliendo a cabalidad el mandato de la Ley General de Educación Pública vigente y asimilar sus efectos en la legislación educativa local, a la luz del proceso legislativo que actualmente se encuentra en marcha y que prevé la aprobación de una renovada ley estatal de educación debidamente armonizada, antes de que inicie el ciclo escolar 2014-2015”.

Y agregó que su gobierno “tiene absoluta certeza de que el proceso de transformación educativa que abraza al país constituye una valiosa oportunidad que se debe aprovechar, no sólo para armonizar la ley estatal de educación con las leyes nacionales, sino capitalizar esta trascendental coyuntura de nuestro tiempo, en aras de ofrecer a las niñas, niños y jóvenes de nuestra entidad una educación a la altura de los desafíos de Oaxaca y de la nación”.

En tanto, la Sección 22 hizo un llamado a los ministros para preservar “el derecho social a la educación y su progresividad, a la que el Estado está obligado, y no fijarse en la minucia que constituye la falta de armonización cuando hay un proceso de construcción para una verdadera reforma educativa en Oaxaca y en todo el país”.

Los docentes aclararon, en un comunicado, que el 25 de marzo iniciaron un proceso de construcción, análisis y opinión a través de foros sectoriales que se realizaran en toda la entidad para construir la ley estatal de educación.

Los maestros explicaron que, “como parte de un ejercicio democrático, estos foros sectoriales recaban la participación de autoridades municipales, padres de familia, estudiantes, organizaciones sociales, compañeras y compañeros maestros dedicados a la labor de la enseñanza, teniendo como objetivo contar con todas las aportaciones e intentos de una construcción de una nueva ley, no sólo en el estado sino en el país”.

Sin embargo, denunciaron que la “reforma educativa” que el gobierno federal impulsa se ha construido bajo una visión homogénea, “estandarizada, sustentada bajo el espejismo de la competitividad y el progreso, generando una visión individualista que destruye el entramado social y violenta la dignidad humana, sin considerar la diversidad cultural, económica, climática y orográfica del país”.

Además, cuestionaron que “organismos internacionales y nacionales como Mexicanos Primero, junto con medios al servicio del Estado, aplaudan la supuesta reforma educativa del gobierno federal porque saben que les traerá beneficios económicos a sus empresas; por ello se dedican a denostar al magisterio democrático de México, que lucha por una verdadera reforma que combata el olvido en que por años el gobierno ha tenido al sector educativo”.