No sólo fueron las torpezas del senador panista Javier Lozano, un “traidor” a quien no apoyaron ni sus compañeros de partido, las que obligaron a posponer la discusión parlamentaria de la llamada Ley Peña Televisa. Mucho tuvo que ver también el escándalo que a nivel internacional, a través de las redes sociales, suscitaron los intentos del gobierno federal por someter a la censura el uso de internet
MÉXICO, D.F., (Proceso).- El escándalo en las redes sociales a nivel mundial contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por su intento de censurar y controlar internet con medidas restrictivas y persecutorias hizo que la discusión y aprobación del dictamen de iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones –conocida como Ley Peña Televisa– se pospusiera hasta junio; además, el intento fallido del senador panista Javier Lozano de imponer un predictamen que violaba el procedimiento legislativo polarizó las posiciones del PAN y el PRD contra dicha propuesta.
Desde el lunes 21 un video grabado en inglés por la actriz Eréndira Ibarra, promoviendo el hashtag #EPNvsInternet se viralizó en las redes sociales, especialmente en Twitter, y se convirtió en trending topic mundial. En dos días logró 470 mil menciones y “un alcance de más de 58 millones de usuarios”, registró The Wall Street Journal en su edición del jueves 24.
“Las redes sociales le toman el pulso a Peña Nieto”, cabeceó el Journal. No entró en detalles del accidentado proceso de dictaminación, sino en el escándalo provocado en las redes sociales sobre la amenaza a internet. Otros dos hashtags sacudieron la red: #NoMasPoderAlPoder y #ContraElSilencio, que alcanzaron decenas de miles de menciones en pocos días.
A la movilización digital se sumó la marcha del Ángel de la Independencia al Senado y luego a las instalaciones de Televisa, el martes 22. Cadenas como CNN o agencias informativas y medios europeos le dieron amplia cobertura.
Desde la campaña electoral de 2012 y la emergencia del movimiento #YoSoy132 no se habían vuelto a ver a jóvenes universitarios marchando en las calles capitalinas, sin liderazgo visible ni organización corporativa que los aglutinara, gritando: “¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña!” y “¡No a la censura! ¡No a la censura!”
Con pancartas contra Televisa, Telmex, TV Azteca y críticas a la censura y el espionaje masivo en internet, los colectivos provenientes de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, del Politécnico, de la UAM y varios activistas internacionales gritaron consignas contra la Ley Peña Televisa fuera del Senado.
Esas imágenes, que no fueron transmitidas por Televisa ni por TV Azteca, el duopolio televisivo mexicano, se observaron en Estados Unidos y otros países latinoamericanos y europeos, lo cual generó más presión.
Por si fuera poco, la movilización derivó en un enfrentamiento entre jóvenes y granaderos, con saldo de varios detenidos, como Julián Luna, activista de Anarko Sur, y una decena más. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal anunció al día siguiente que investigaría los hechos.
Por su parte el senador Javier Lozano y el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta –redactores del nuevo “predictamen” que se quiso imponer el mismo martes 22– afirmaron en conferencia de prensa y en sus cuentas de Twitter que la ley no buscaba censurar internet.
Incluso Lozano afirmó que su “documento” eliminaba “cualquier sospecha” de censura en internet, lo cual no fue cierto, como de inmediato destacaron las mismas redes sociales.
CONTROL DE DAÑOS
En un fallido control de daños, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el líder de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, afirmaron en conferencia de prensa el miércoles 23 que no habrá censura en internet y justificaron que se mantengan la intercepción de llamadas telefónicas y la geolocalización, porque “son medidas eficaces contra los secuestros y, en general, contra el crimen organizado.
“Haremos cambios para que no se desvirtúe el debate ni se pretenda decir que se quiere censurar o restringir el acceso a internet, lo cual es falso”, puntualizó Gamboa.
Ruiz Esparza, exfuncionario de los gobiernos del Estado de México, descartó la posibilidad de modificar la iniciativa presidencial para darle más poder al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Su argumento fue que “sería un error”. “El gobierno debe seguir marcando el camino del país. Si los capitales que van a llegar a México son correctos o no lo son, esa opinión la tiene el gobierno, nunca la va a poder tener el IFT”, abundó.
La SCT con todo su equipo de funcionarios y asesores intentó presionar entre miércoles 23 y jueves 24 para que las comisiones unidas dictaminaran la iniciativa presidencial antes de que terminara el periodo ordinario, el próximo miércoles 30. Los intentos fueron infructuosos. El escándalo sobre internet siguió creciendo.
CRÍTICAS Y ADVERTENCIAS
El viernes 25 llegó a México el secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Hamadoun Touré, funcionario de la ONU responsable de la revisión de las legislaciones en la materia e impulsor de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.
Al ser interrogado en conferencia de prensa sobre posibles medidas de restricción a la red, Touré sentenció: “El acceso a internet debe ser abierto para todos”.
Touré afirmó que revisará la iniciativa del Ejecutivo federal y afirmó que México requiere una legislación “ligera” de telecomunicaciones que garantice la inversión en el sector. Incluso criticó la noción de “tarifa de interconexión cero” para el agente preponderante en telefonía que contiene el documento de Peña Nieto.
“No lo recomendamos. En todos los países se paga algo, porque si fuera gratuito nadie va a invertir”, afirmó.
También la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero Marino, advirtió en su reciente informe que cualquier regulación en los países del continente sobre internet debe ser “resultado de todos los actores” y mantener “las características básicas del entorno original, potenciando su capacidad democratizadora e impulsando el acceso universal y sin discriminación”.
Botero estableció tres criterios para respetar la privacidad, la neutralidad y evitar los bloqueos en internet, los tres temas más conflictivos en la iniciativa del Ejecutivo mexicano.
La relatora recomendó que en materia de privacidad el Estado “está obligado a proteger” este derecho en el entorno digital. En neutralidad puso como ejemplo el caso de la legislación reciente de Chile, que prohíbe el bloqueo, interferencia, discriminación y la restricción de derechos “de cualquier usuario de internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido”. Advirtió que una restricción a la libertad de expresión en internet por razones de seguridad nacional “no debe fundarse en una idea de seguridad nacional incompatible con una sociedad democrática”.
Sobre el bloqueo de señales la relatora de la CIDH indicó que éste “debe ser excepcional y proporcional” para que afecte “exclusivamente el contenido reputado ilegítimo”.
EL NAUFRAGIO DE LOZANO
Entre lunes 21 y martes 22 también se pronosticó en mensajes en Twitter y otras redes sociales una dura sesión de los senadores responsables de dictaminar la iniciativa del Ejecutivo. El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, advirtió que su bancada no reconocería el “documento” que presentaría el senador Javier Lozano y éste calificó de “ridícula” la posición perredista.
La intemperancia de Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, lo llevó no sólo a perder los estribos en una larga sesión de dos horas y media la tarde del martes 22, sino a perder el primer encuentro: su documento fue rechazado como predictamen. Legisladores del PRD y Javier Corral y Marcela Torres Peimbert, ambos del PAN, lo acusaron de violar el reglamento parlamentario.
“Documento ridículo”, “ponencia”, “dictamen espurio”, “imposición” y otros adjetivos le fueron endilgados al predictamen de Lozano. Él sólo se abanicaba con unas tarjetas. Alejandra Barrales, del PRD, y Graciela Ortiz, del PRI, presidentas de las comisiones de Radio y Televisión y de Estudios Legislativos intentaron acelerar la votación, a pesar de las críticas. El más apurado era el senador Juan Gerardo Flores, del Partido Verde, exdirectivo de Televisa y secretario técnico de la Comisión de Comunicaciones.
Corral, en una larga exposición, le reprochó al panista que la sesión de comisiones unidas representaba dos hechos: “Una violación al reglamento del Senado”, específicamente al artículo 183, numerales 1 y 2, porque su documento no fue consensado con nadie; y “un grave hecho político”, porque el presidente Enrique Peña Nieto “nos quiere llevar a pasear la Constitución” y se está “forzando una imposición”.
Torres Peimbert le reprochó a Lozano que no se incorporaron las otras iniciativas y predictámenes que habían sido apoyados por 18 senadores del PAN y del PRD, como la iniciativa presentada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
El punto más delicado de la reunión ocurrió cuando la senadora del PRD Dolores Padierna acusó a Lozano de “hacerle el trabajo al PRI y a la Presidencia de la República” porque él había presumido en Twitter que trabajó en la iniciativa presidencial.
Airado, casi al final de la sesión, Lozano “retó” a Padierna a que le leyera “un solo tweet” donde él presumiera que participó en la redacción de la iniciativa conocida como Ley Peña Televisa.
Padierna le leyó cuatro, redactados en diciembre de 2013 y a principios de enero de 2014, donde el senador presumía que iba a redactar la ley reglamentaria de telecomunicaciones. A gritos Lozano le decía que no era la iniciativa presidencial.
Lozano también se enfrascó en un debate con el senador Manuel Bartlett, coordinador del PT, quien presentó un día antes en la Junta de Coordinación Política una serie de informaciones para argumentar que el exsecretario del Trabajo calderonista debía excusarse, por el “enorme daño” que causó su papel como subsecretario de Comunicaciones y presidente de la Cofetel durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Barbosa secundó a Corral subrayando que había una clara violación al reglamento del Senado y que era necesario “reponer el procedimiento” para dictaminar la ley reglamentaria de telecomunicaciones y radiodifusión.
“Que no se haga mayoriteo y luego nos cite en 48 horas. Esto no es dilatorio, no es ridículo, es un esfuerzo parlamentario. ¡Por favor!”, reviró Barbosa en tono duro a Lozano, en respuesta a las descalificaciones que expresó el panista a la posición del PRD.
Pese a las intervenciones mayoritarias de los senadores, en especial de Zoé Robledo, quien argumentó a favor de la propuesta alterna del PRD, de Armando Ríos Piter, de Iris Vianey Mendoza, de Fidel Demédicis, y otros que reprocharon no haber sido nunca llamados a sesión de comisiones, los tres presidentes de las comisiones quisieron mayoritear.
Al filo de las 14:00 horas –tras dos de discusión– comenzaron a llegar al pequeño y abarrotado salón integrantes de la bancada del PRI que brillaron por su ausencia y defensa a Lozano. Sólo el priista Omar Fayad intentó una fallida argumentación para aplacar los ánimos perredistas y de varios panistas.
“Yo lo veo exactamente al revés que ustedes. ¡Qué bueno que ya existe un predictamen!”, dijo Fayad.
Los senadores resolvieron que a las 17:00 horas se reunirían las mesas directivas de las comisiones de Comunicación, Radio y Televisión y Estudios Legislativos. La reunión, a puerta cerrada, ya no prosperó. El supuesto “dictamen” de Lozano murió en el intento. Las negociaciones comenzaron a ser directamente con los enviados de la Secretaría de Comunicaciones.
En las bancadas del PAN y del PRD los presidentes de las comisiones de Comunicaciones, Javier Lozano y Alejandra Barrales, fueron fuertemente recriminados por haber pretendido acelerar una dictaminación sin consultar con sus bancadas.
A Lozano prácticamente lo desconocieron sus compañeros. De los 18 votos que había comprometido de los panistas para aprobar junto con el PRI y el Verde la iniciativa presidencial “modificada”, ya no quedaba ni la mitad.
En reunión privada de la bancada de más de cuatro horas, el jueves 24, Lozano pidió “disculpas” por presentar un documento que no fue consensuado entre los propios panistas.
Sólo el PRI y la SCT salieron en defensa del “predictamen” de Lozano en un último intento por aprobarlo antes del miércoles 30.
La noche del jueves 24, en reunión de los integrantes de las Juntas de Coordinación Política de las cámaras de Diputados y de Senadores se acordó que no había condiciones para aprobar antes del miércoles 30 la Ley de Telecomunicaciones. El PAN puso como condición que primero debían discutir y aprobar los puntos conflictivos de la reforma político-electoral.
Se acordó abrir un periodo extraordinario el próximo 6 de mayo para discutir y aprobar la reforma política, al menos dos de las cinco leyes secundarias indispensables para que se puedan llevar a cabo los comicios federales y estatales de 2015 con las nuevas reglas adoptadas en la reforma constitucional.
En telecomunicaciones se quedó la posibilidad de dictaminar y aprobar en el pleno de ambas cámaras hasta otro periodo extraordinario en junio de este año.
Consultado sobre estas decisiones, Corral advierte que “no hay que echar las campanas al vuelo ni mucho menos bajar la guardia.
“La voracidad de Televisa es insaciable y la oposición ha sido dividida y algunos cooptados. De eso se aprovechan. La traición está latente”, sentencia.
“La prisa por imponer la traición a la reforma constitucional en telecomunicaciones, un proceso legislativo atropellado e ilegal, el estilo cínico y prepotente de los defensores de la contrarreforma, un desdén por la protesta social de los jóvenes defensores de internet libre, han provocado que la segunda intentona de Televisa por darse una ley a modo ha sido, por lo pronto, aplazada”, añade.
