El Informe “Democracia Electoral y Pueblos Indígenas en América Latina”, coordinado por Álvaro Pop y el PNUD, se presenta en una coyuntura especial para México: la discusión de una reforma política-electoral, la más trascendente del siglo XXI.
Hace meses al ser votada la reforma constitucional en la materia, se apreció la exclusión que se hacía de la autonomía de los pueblos indígenas y de su derecho a la representación política y desde el movimiento indígena se presentaron propuestas para corregir tal omisión en la legislación secundaria, que algunos legisladores plantearon al pleno. No ocurrió así; al votarse la nueva ley electoral se constató la negación de la diversidad que se hace desde el Congreso mexicano.
No es, por supuesto, la única deuda que se tiene. Hace más de tres años que espera su discusión la Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas. Y en la última década, lo mismo en el congreso federal que en las legislaturas estatales, hay resistencias a la demanda de representación política en esos espacios de desición, como ahora mismo ocurre en Oaxaca, la entidad con el mayor número de pueblos indígenas y la legislación más avanzada en la materia en el país.
Como bien lo marca el informe Democracia Electoral y Pueblos Indígenas en América Latina, en parte esto se debe a que a los pueblos indígenas se les reconoce sólo el ámbito comunitario o municipal para hacer efectivo su derecho a la representación política y a elegir a sus gobiernos conforme a sus propios sistemas normativos.
Sin duda, hacer visible este doble juego en la política del reconocimiento, es uno de los aportes de este informe. Como también lo es, para el caso mexicano, explicitar la existencia de un sistema electoral dual: el de la democracia representativa y el de los sistemas normativos internos; además de que, en un buen número de municipios, unos y otros se cruzan para formar gobiernos locales híbridos.
En México, ello representa el 17 por ciento del total de municipios del país que eligen por sus sistemas normativos a sus gobiernos locales: 417 en Oaxaca, uno en Michoacán, pero con tendencia a la alza. En las últimas semanas resoluciones jurisdiccionales han mandatado iniciar los procesos de cambio del régimen de partidos políticos a sistemas normativos en San Luis Acatlán, Guerrero y en Chichiquila, Puebla. Otros más están pidiendo también ese tránsito.
El porcentaje se incrementa si se considera que 26 legislaciones estatales reconocen esta posibilidad de elección. Y se traduce en el ejercicio concreto de ese derecho: en Tlaxcala por SNI se eligen a los presidentes de las comunidades que luego se integran al ayuntamiento como concejales –gobierno municipal; en Sonora, se eligen regidores étnicos; en Veracruz y San Luis Potosí, se eligen también así a los gobiernos comunitarios. Similar situación se presenta en Guerrero, Chiapas. Y los ejemplos pueden continuar ante la rica diversidad del país y sus 62 pueblos indígenas. Esto representaría alrededor de la quinta parte de los 2 mil 440 municipios de México.
En contraste con este ejercicio autonómico, una constante que aparece en el informe, en los tres países estudiados –México, Ecuador y Guatemala—, es la irrupción de los partidos políticos como los neo-agentes de la colonización: lejos de buscar el encuentro con los indígenas, buscan minar su espíritu colectivo; en lugar de establecer acuerdos y causas comunes, los ven como clientela política; lejos de construir un proyecto de nación multicultural, buscan intereses facciosos. Y hay un uso instrumental de la bandera indígena.
Por otra parte, como lo marca el informe, hay temas pendientes dentro de los propios pueblos. El de la igualdad de género es uno de ellos. Pero, incluso es una cuestión que se está discutiendo en las propias comunidades y los avances son evidentes. Por ejemplificar, en las elecciones municipales 2013, las mujeres concejales en municipios de Oaxaca pasó de 140 a 214. Y los municipios con mujeres en los ayuntamientos aumentaron de 71 a 107.
Sin duda, por la relevancia de este estudio es importante ampliarlo a otros países y dar seguimiento a los que contiene el análisis comparativo. Considero que, además de los factores evaluados, se contemplen con especial atención los siguientes:
1).- Las resoluciones de los tribunales. En estos años, hemos señalado recurrentemente que priva la lente liberal en los tribunales electorales, que hacen a un lado el pluralismo jurídico. Esto es, se reconoce a la diferencia, pero se niegan las prácticas distintas que la hacen posible. Si bien la situación ha estado cambiando, y es justo reconocerlo, las resoluciones jurisdiccionales aún oscilan entre la visión garantista y la paternalista; entre la preeminencia de los derechos individuales a la búsqueda de su armonización con los derechos colectivos; entre la ortodoxia formalista a la comprensión del contexto socio-histórico en que se ejerce la autonomía política.
2.- La legislación y sus avances, obstáculos y retrocesos; ligados a las posibilidades reales de participación y representación política. En México, por ejemplo, ¿qué sucederá con los 28 distritos indígenas que existen para elecciones federales y cuyo criterio que los sustenta no fue contemplada en la nueva legislación?; ¿cómo delimitar y resolver las contradicciones que se presentarán en la competencia entre órganos locales electorales y el Instituto Nacional Electoral?
3.- Los procesos de cambio social, reconfiguración política y modificación en los sistemas normativos en los espacios subnacionales –el municipio y la comunidad—, que nos permitirá apreciar el fortalecimiento o atomización de las luchas autonómicas; el impacto de los nuevos contextos nacionales y regionales, las transformaciones de la dinámica comunitaria; el procesamiento de las diferencias y la conflictividad interna; así como los nuevos mecanismos de control estatal.
Finalmente, debemos alertar que, como a lo largo de nuestra historia, la diversidad está en riesgo y la autonomía de los pueblos indígenas tiene nuevos embates. De su capacidad de defensa y de la sensibilidad de los Estados-nación, dependerá una relación intercultural y armónica o el poner en riesgo la fiversidad cultural que nos fortalece como nación.
*Comentarios en la presentación del Reporte “Democracia Electoral y Pueblos Indígenas en América Latina” (Álvaro Pop, coord. PNUD), en el marco de la XIII Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (N. York, mayo 16 de 2014).
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