Entre avances, estancamientos y retrocesos, estamos observando algunos indicios de reconocimiento institucional hacia las diversas formas de organización de los pueblos indígenas, las cuales constituyen apenas la punta del iceberg de un conjunto de demandas históricas de este sector de población contra la desigualdad, la pobreza, el racismo y la exclusión.
El logro más reciente es la admisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la controversia constitucional promovida por el Consejo Mayor de Gobierno Comunal del Municipio de Cherán, contra los poderes Legislativo y Ejecutivo de Michoacán, por la falta de consulta respecto a la reforma en materia indígena aprobada en esa entidad, lo que constituye un hecho importante para un municipio que se rige por usos y costumbres.
El reconocimiento permite la equivalencia del Consejo Municipal Indígena con un ayuntamiento, con todas las facultades y atribuciones inherentes al municipio, entre ellas destaca la posibilidad de promover controversias constitucionales. Según la argumentación del ministro José Ramón Cossío Díaz, de acuerdo al Artículo segundo de la Constitución “los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación, y por lo tanto a todo tipo de organización, como la municipal” (El Universal, 27/05/14).
Aunque es importante mencionar que el reconocimiento ocurre en un escenario de claroscuros y de insuficiente voluntad política de gobernantes y legisladores, sobre todo si tomamos en cuenta la exclusión del tema de la autonomía de los pueblos indígenas y de su derecho a la representación política en la nueva ley electoral así como el olvido de la Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas.
Además, aunque el reconocimiento del derecho a la autodeterminación por parte de la SCJN puede considerarse como un aspecto positivo, tampoco garantiza por sí mismo su aplicación y cumplimiento. Al respecto se podrían revisar las experiencias de varios países en América Latina en donde se han realizado reconocimientos constitucionales e institucionales pero en donde también se han negado o aplazado los procesos de autodeterminación que deberían partir de la consulta previa, libre e informada sobre diversos asuntos.
En México y en Oaxaca en particular destacan las reformas constitucionales emprendidas desde fines del siglo pasado, aunque en el mejor de los casos sus alcances son regionales o menos aún, se restringe a espacios de participación en algunas instancias locales de carácter marginal; en otros aspectos quedan como letra muerta.
Ello debido a la persistencia del clientelismo “como el canal más ancho para la negociación y operación política”, así como una serie de vicios por la negación o simulación de las consultas, como también se refiere en el Informe “Democracia Electoral y Pueblos Indígenas en América Latina”, coordinado por Álvaro Pop y el PNUD, en donde se registra parte de la vasta experiencia del subcontinente. La lectura es sugerida por el consejero electoral del IEEPCO, Víctor Leonel Juan en una reseña reciente publicada en este medio.
El informe muestra que en países como Ecuador y Bolivia, el reconocimiento como Estados plurinacionales, con la legislación más avanzada, registran avances pero también problemas, debido al divisionismo de organizaciones indígenas por las candidaturas y por las alianzas indiscriminadas con partidos políticos o agrupaciones de otras orientaciones ideológicas que van en sentido contrario a los derechos colectivos de los pueblos.
Además de otros vicios como la imposición de proyectos antes de consultar a los pueblos, la cooptación y corrupción de lideres y la segregación o represión de algunas organizaciones que demandan más de lo que los gobiernos están dispuestos a conceder y que han llevado a la multiplicación de conflictos locales y regionales.
Los reclamos de los pueblos indígenas que insisten en revertir décadas de políticas públicas racistas y excluyentes, muestran a su vez la debilidad de los Estados, la fragilidad de los optimismos democráticos, los vacíos en las concepciones de ciudadanía y en sentido contrario, la fuerza y el poder desmedido que han logrado acumular las elites privadas. Estos reclamos han puesto a la luz algunas contradicciones de los gobiernos identificados como progresistas debido a que mantienen alianzas con empresas transnacionales que emprenden megaproyectos afectando los derechos de los pueblos indígenas.
Con todo, los pueblos indígenas se han ido convirtiendo en sujetos políticos, que toman distancia de la posición de víctimas y adquieren capacidad de interpelar a los Estados nacionales al cuestionar el modelo de desarrollo dominante, en su exigencia a la consulta, en la defensa de sus territorios, de sus recursos naturales y sus formas de organización sociopolítica.
Como sujetos políticos, los pueblos indígenas aportan nuevos elementos a los debates sobre democracia y ciudadanía que no se puede circunscribir al quehacer electoral y de los partidos políticos y que se están inscribiendo en las luchas por el derecho a la autodeterminación.
*Investigador del IISUABJO
sociologouam@yahoo.com.mx
