El mexicano de origen vasco Luis Miguel Ipiña Doña, quien estuvo preso durante año y medio en el país, dice estar seguro de que su encarcelamiento se debió a las denuncias que hizo en un blog acerca de las incoherencias e irregularidades del caso del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Exintegrante del grupo separatista vasco ETA, cuenta la historia del inverosímil proceso penal que, afirma, le fabricaron con dedicatoria: Es que “usted se metió con la Wallace”

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Como todos los días, a las 5:30 de la mañana del viernes 20 de mayo de 2011, Luis Miguel Ipiña Doña salió de su casa en Ecatepec, Estado de México, y caminó hasta la jaula donde guarda su taxi. Aún no introducía la llave en la cerradura cuando lo rodearon cuatro hombres armados.

“¡Alto!”, le gritaron. “¡Levanta las manos y tírate al piso!” Asustado, Doña gritó para alertar a los vecinos. Mientras los hombres lo sometían supo de qué se trataba: “Esto es por el caso Wallace”.

Toda la unidad habitacional estaba rodeada por la policía. Efectivos de la Agencia Federal de Investigación lo llevaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), donde le pusieron enfrente unos papeles para que los firmara. “Puro trámite”, le dijeron.

Les echó un vistazo. No lo podía creer: era una declaración ministerial donde afirmaba que ese día unos agentes tocaron a su puerta y le informaron que tenían una orden de cateo en su contra. Cuando los dejó entrar, asentaba el documento, vieron el arma: un AR-15 de uso exclusivo del Ejército. Según el documento, Ipiña Doña afirmó que era suya, pues él se dedicaba a vender armas proporcionadas por la organización separatista Patria Vasca y Libertad (ETA).

“Oye, ¿eso qué?”, les preguntó a los agentes de la PGR. “Son puras mentiras. No voy a firmar eso”. Por primera vez veía un AR-15, y eso, en la fotografía que le enseñaron.

“USTED SE METIÓ CON LA WALLACE…”

“La declaración era absurda”, se indigna Ipiña Doña en entrevista con Proceso. “¡ETA vendiendo armas en México! ¡Imagínate! En lugar de usarlas me las dan en México para venderlas. Además no tengo nada que ver con ETA desde hace 30 años”, sostiene. “¡Y esta declaración me la dan a firmar en la PGR!”

Desde su llegada a las oficinas de la procuraduría, a las 7 de la mañana aproximadamente, exigía que lo dejaran llamar a su abogado. No le concedieron ese derecho sino hasta el día siguiente.

Dos supuestos “vecinos”, cuyos nombres fueron omitidos durante las audiencias, presentaron su testimonio. Pese a que los agentes encargados de la investigación se contradijeron en las descripciones que hicieron de estos testigos, se inició un proceso judicial que llevaría a Ipiña Doña a la cárcel de Chiconautla, Estado de México, durante un año, cinco meses y diez días.

A los tres días de su encarcelamiento supo que su blog había desaparecido de internet. En aquella página electrónica denunciaba los absurdos del juicio por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda, quien en 2012 sería candidata del PAN al Gobierno de la Ciudad de México.

VIDA EN MÉXICO

Como varios de sus compañeros de ETA, Ipiña Doña –quien se dedicaba a la pesca en su natal San Sebastián, País Vasco– huyó a México. Él lo hizo el 28 de septiembre de 1980. Aquí tuvo diversos trabajos: empleado en tiendas, madererías, bares, vidrierías y como taxista. Se casó en 1985 y adquirió la nacionalidad mexicana dos años más tarde.

En 2003 fueron encarcelados seis de sus compañeros etarras –cinco hombres y una mujer–. Había una orden de extradición en su contra proveniente de Madrid. El gobierno español argumentó que todos formaban parte de la dirección financiera del movimiento.

Cada semana de los tres años que sus compañeros estuvieron presos en espera de su extradición, Doña le llevaba comida a la mujer, primero en el reclusorio de Tepepan y luego en Santa Martha Acatitla.

En las largas colas de visitantes siempre platicaba con los familiares de las prisioneras. Un día la mamá de una de ellas le presentó a su hija, una drogadicta condenada a siete años por asaltar a un taxista.

Meses antes Ipiña Doña había encontrado casualmente un libro: Cómo escribir un blog. Decidió redactar uno “para explicar la lucha del pueblo vasco”. Cuando escuchó la historia de esa drogadicta le nació el deseo de narrarla.

“Se me hizo interesante sacar a las calles las voces de las presas”, recuerda. Así nació en 2008 el blog Cárcel de mujeres. Cada semana visitaba los reclusorios femeniles en busca de historias para contar.

En 2008 vio en televisión a Isabel Miranda de Wallace, de cuyo caso se enteró en 2005, cuando la empresa Showcase Publicidad inundó con anuncios espectaculares la Ciudad de México. En ellos aparecían los retratos de Jacobo Tagle, Brenda Quevedo Cruz, Juana Hilda González, César Freyre y de los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz, presuntos secuestradores del hijo de Miranda de Wallace. Debajo de los rostros, un mensaje exhortaba: “Se busca a los asesinos. Si los has visto denúncialos”.

En el programa de televisión, la señora Wallace informó que Juana Hilda González, una de las imputadas por el asesinato de su hijo, estaba embarazada en la cárcel. El dato sorprendió al vasco, quien aprovechó su visita a Santa Martha el sábado siguiente para pedir a una amiga que le consiguiera una entrevista con Juana Hilda.

“Va. Pero, ¿qué le quieres preguntar? Luego los periodistas no escriben lo que escuchan”, le contestó la amiga.

LABOR PERIODÍSTICA

La prisionera le concedió la entrevista, que publicó al día siguiente en su blog con el título “Habla Juana Hilda”.

Acompañó el relato con el siguiente comentario: “Desde que me informan que está dispuesta a darme la entrevista y tras enterarme bien cómo está el caso, o más bien, enterarme cómo lo han presentado los medios de comunicación y la propia señora Miranda, tengo mis dudas en cuanto a lo que me pueda decir Juana Hilda, pues… ¿qué puede alegar o informarme si ya se ha declarado culpable?

“Sin embargo, tengo cierto interés por saber qué me puede decir ante tan contundentes pruebas en su contra. Ahora, después de la entrevista, no sólo creo que puede haber alguna posibilidad de que sea inocente sino que creo firmemente que lo es, cuando menos si las cosas sucedieron como las cuenta y creo que no tiene por qué cambiarlas.”

Juana Hilda le juró que el 12 de julio de 2005 llegaron a su casa policías, personas vestidas de civil y una señora. Le preguntaron si ella conocía o era novia de Hugo Alberto Wallace. Dijo que no, que su novio era César Freyre, que se equivocaban y que la esperaba su amiga abajo para ir a comer. Según su relato, viajó ese mismo día a Estados Unidos para una gira de grabaciones de videos –era bailarina– y regresó 16 días después.

“Cuando Juana Hilda baja por la comida se encuentra con policías. Si has matado a alguien y aparecen tipos ahí, ¡sales volando y no vuelves en tu vida! Yo me escapé y tengo 35 años fuera de casa. Ella supuestamente se escapa a Estados Unidos tras haber matado al hijo de la señora… ¡y regresa! ¿Cómo vas a volver a tu departamento si mataste a alguien?”, dice Ipiña Doña a Proceso.

Juana Hilda aseveró que el 11 de enero de 2006 la policía la detuvo en la entrada de su casa y la llevó a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. La retuvieron ahí hasta el 14 de enero, cuando la trasladaron a una casa de arraigo en la Colonia Doctores.

Según su relato, el 8 de febrero siguiente, tras largas sesiones de tortura –a una de las cuales, aseguró, asistió la señora Wallace–, le hicieron firmar sin asesoría legal una declaración en la que se reconocía culpable del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, lo que había negado en dos declaraciones previas. En dicha declaración “relató” cómo ella y cinco personas más lo mataron.

Juana Hilda le especificó a Ipiña Doña el contenido de esa declaración. Según este documento, la joven confesó haber ido al cine con Hugo Alberto y haberlo llevado más tarde a su departamento. Al entrar, un grupo de hombres se fueron encima de él y lo mataron. Después llevaron su cuerpo al baño y ahí lo descuartizaron.

“Es un departamento chiquito. No es posible que descuarticen a uno a la una de la madrugada con una sierra eléctrica. Nadie oyó nada. Entraron a revisar y encontraron una gota de sangre. Después del análisis se dieron cuenta que era de mujer. No hay una sola prueba que demuestre que lo mataron”, se indigna Ipiña Doña.

Durante tres años el vasco difundió en su blog las “incoherencias del caso”. Desde su punto de vista el juicio estaba plagado de “una serie de barbaridades tremendas”. “Todo era mentira”, añade. Precisa que las versiones se contradecían. Por ejemplo, afirma que Miranda de Wallace cita en el libro “El caso Wallace” a un niño que “habría visto a dos personas bajar las escaleras (del edificio de Juana Hilda) sosteniendo a un hombre lleno de sangre”. El vasco pregunta cómo pudo ser eso, si supuestamente el cuerpo estaba descuartizado y lo sacaron en bolsas.

En su blog relata las sesiones de tortura que cada uno de los acusados dice haber sufrido, también descritas por Proceso en su número 1842 (19 de febrero de 2012).

Brenda Quevedo Cruz, otra de las acusadas en el caso Wallace, le aseguró que unas personas ajenas a la cárcel amenazaron con pincharla con una jeringa llena de un líquido rojo para que firmara una declaración. “Es sangre infectada de VIH”, afirma que le dijeron. Refiere que también la torturaron con bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarla casi hasta la muerte.

El entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, le dio a Miranda de Wallace el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010, y hasta rindió homenaje a “la prueba indiscutible del enorme poder que tiene la ciudadanía”.

En esa ocasión ella declaró que si no hubiera tenido el respaldo del Estado, al encontrarse a los criminales “hubiera tenido que hacer justicia por mi propia mano, alejándome de quien soy, convirtiéndome en un verdugo”.

Ipiña Doña afirma que al llevar a cabo sus investigaciones recibió un correo que le aconsejaba tener cuidado, ya que la señora Wallace “gozaba de mucho poder” en la administración panista.

“Todos sabíamos que era amiga de Felipe Calderón, de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de la procuradora Marisela Morales”, recuerda el vasco nacionalizado mexicano.

Durante el juicio contra Luis Miguel Ipiña no se mencionó el caso Wallace, pero él sostiene que su encarcelamiento se debió a la difusión en su blog de las “incoherencias” del mismo.

“Me metieron en la cárcel por un problema político. Preguntaron a la embajada de España si podrían extraditarme, pero todos los delitos en mi contra habían prescrito. Con el caso Wallace no me podían atacar legalmente. Pero no tengo duda: iban por el blog”, afirma.

Cuando la página desapareció, dos periodistas –un canadiense y una francesa– lograron salvar información que les sirvió de base para alimentar otro blog en internet, Cárcel de mujeres 2. Denunciaban en éste el juicio de Ipiña Doña y el caso Wallace.

TRAS LAS REJAS

Al entrar en la cárcel el vasco empezó una huelga de sed y de hambre, que sostuvo dos y cuatro días, respectivamente, bajo la mirada incrédula de los otros reos. “Además, me presentaron como escritor y periodista”, dice y ríe.

Como lo detuvieron por ser supuesto miembro de la ETA, su caso se consideró “político”. Debido a ello recibió solidaridad y apoyo económico de sus excompañeros etarras.

Refiere que su estancia en el área de “procesados” del reclusorio fue bastante tranquila. “Con dinero te la llevas”, afirma. Mediante el pago de 2 mil pesos a su llegada obtuvo un espacio propio para dormir y se salvó de la “talacha”: pasar todo el día de rodillas limpiando el piso y el baño, así como llevar agua a la celda de 4 por 5 metros en la cual se apiñan entre 45 y 60 personas.

Asegura que nunca lo trataron mal. Hasta hizo amigos, como un custodio que le decía con afecto “terrorista”. “Aquí por poner bombas, ¡50 años!”, le repetía.

Durante su estancia en Chiconautla, cuenta, un agente del Ministerio Público le confesó: “Usted se metió con la Wallace y eso ya es otra cosa. Desde luego la señora está echando gritos”.

Mientras estaba en la cárcel su abogado le proporcionaba noticias acerca del desarrollo de su proceso. Sólo lo acusaban de poseer un arma, afirma. El delito de tráfico desapareció. “Nunca me vinieron a preguntar a quién vendía armas porque sabían que todo era mentira”, comenta. Su delito, de orden federal, implicaba una sanción de entre 6 y 12 años de prisión.

Salió de la cárcel el 30 de octubre de 2012, después de que el Juez rechazó una apelación que interpuso el Ministerio Público. Al salir, sus amigos periodistas le propusieron transferirle la operación de Cárcel de Mujeres 2. Se los agradeció, pero prefirió volver a empezar desde cero. Abrió su nuevo blog carcelesdemujeres.wordpress.com, que sigue alimentando.

De regreso a su casa encontró un caos. Todas sus cosas estaban apiladas encima de su cama. Se habían llevado su reloj, un aparato para medir la presión arterial, un diccionario enciclopédico de 12 tomos al cual le tenía mucho cariño, 1 mil 800 pesos en efectivo e incluso el libro “El Caso Wallace”.

Pero más grave: le faltaban su computadora, sus anotaciones, expedientes y sus discos en los cuales tenía borradores de varios libros. “¡Me destruyeron todo el trabajo! Durante la inquisición quemaban libros; ahora te desaparecen tus escritos. ¡Es un terrible atentado a la libertad de expresión!”.

Durante su estancia en Chiconautla, lo que quería era hablar para exponer la verdad. Su experiencia lo acabó de convencer de la inocencia de Brenda, Jacobo, Juana Hilda, César y los hermanos Castillo.

No duda que Miranda de Wallace se encuentra detrás de su detención, lo que revela que tenía mucho poder. “Ojalá ya no lo tenga porque ha cambiado el gobierno, ¿no?”, confía.

LA MISTERIOSA GOTA DE SANGRE

Anabel Hernández / Proceso

Como todo el caso Wallace, la versión oficial del secuestro y asesinato de Hugo Alberto también es endeble. La prueba principal del supuesto homicidio es una gota de sangre que no podría pertenecer a la víctima, pues empata con el ADN de un hombre que no es su padre biológico, como lo demuestra su primera acta de nacimiento. Esa gota de sangre –tal vez perteneciente a una mujer– a partir de la cual se construyó el caso, pudo haber sido sembrada meses después de los hechos denunciados por Isabel Miranda.

MÉXICO, D.F., (Proceso).- La gota de sangre que fue la prueba pericial clave en el caso del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, y la cual se dio por buena pues coincidió con los ADN tanto de la señora María Isabel Miranda Torres como de José Enrique Wallace Díaz, es ahora la misma que podría sepultar las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde el principio, Miranda Torres dio al Ministerio Público información falsa. En su declaración del 23 de julio de 2005, a pocos días del supuesto asesinato de su hijo, afirmó: “Contraje matrimonio con el señor Enrique Wallace Díaz el año de 1968 con quien procreé dos hijos de nombres Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia Wallace Miranda”. Se trataba de establecer que el padre biológico de Hugo Alberto era Wallace Díaz.

En febrero de 2006 la gota de sangre fue encontrada por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el departamento de la calle Perugino, el cual no había sido custodiado por la PGR durante medio año. El ADN de esa sangre coincidió con el de Wallace y Miranda; la conclusión fue que su hijo había sido secuestrado y asesinado en ese lugar el 11 de julio de 2005.

Pero la declaración de Miranda Torres difiere de la registrada en documentos oficiales, y eso echa por tierra la prueba pericial del supuesto delito.

Según el acta de matrimonio número 76, asentada en el libro 16, en el Juzgado 20 correspondiente a la delegación Coyoacán, Miranda Torres y Wallace Díaz se casaron en septiembre de 1978, no en 1968. En el acta quedó registrado que vivían en lugares distintos; él comerciante, ella dedicada al hogar. Firmaron como testigos Miriam Wallace, hermana de José Enrique, y Roberto, Guadalupe y Fausto Miranda, hermanos de María Isabel.

De acuerdo con la propia acta de nacimiento de María Isabel Miranda Torres y la primera acta de nacimiento de su hijo, ella es pariente de Jacinto Miranda Jaimez, quien se halla anotado como padre de Hugo Alberto.

Al comparar estos datos, incongruentes unos con otros, la paternidad de la supuesta víctima aparece como falseada; en consecuencia, el resultado de la prueba de ADN no podría demostrar el homicidio de Hugo Alberto.

Según los documentos publicados en este semanario (Proceso 1961), Hugo Alberto, nacido el 12 de octubre de 1969, tenía dos actas de nacimiento cuando supuestamente ocurrió su asesinato: la primera, de enero de 1970, emitida en el Distrito Federal con los apellidos Miranda Torres; la segunda, de noviembre de 1975, expedida en Texcoco, Estado de México, con los apellidos Wallace Miranda.

En los registros oficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob) el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres fue utilizada en 2010 para tramitar una Clave Única de Registro de Población.

Esa información no ha sido desmentida por la Segob.

UNA “PEQUEÑA TRAMPA”

Proceso obtuvo nueva información relacionada con el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres –quien es la misma persona que Hugo Alberto Wallace Miranda– expedida en la delegación Milpa Alta el 15 de enero de 1970.

Jacinto Miranda Jaimez quedó registrado como padre de Hugo Alberto y María Isabel Miranda Torres aparece usando el nombre de Isabel Torres Romero y aumentándose la edad (declaró tener 21 años, pero tenía 18).

El de Isabel Torres Romero se armó a partir del nombre de su abuela paterna, Isabel. El primer apellido es el de su abuelo materno, Torres. Romero es el primer apellido de su abuela paterna.

No era la primera vez que Miranda Torres hacía una “pequeña trampa”, como dice Martín Moreno en su libro Caso Wallace, con prólogo de la propia Miranda Torres: en el capítulo “Isabel” narra cómo hizo para hacerse pasar por una persona de 18 años y no de 14, que tenía realmente, para conseguir empleo:

“En la Universidad Motolinía estudió Comercio. Gracias a la mecanografía y a una pequeña trampa en sus documentos oficiales, tuvo su primer trabajo a los 14 años en la aseguradora La Territorial. En sólo tres meses ya era secretaria del director general”, dice el libro, el cual no especifica en qué consistió la “trampa en sus documentos oficiales”.

En el acta de nacimiento de María Isabel Miranda Torres –expedida el 27 de diciembre de 1951 y de la cual este semanario tiene copia– se señala que nació el 27 de mayo de 1951 en Huasteca 319, Distrito Federal; en este documento se refleja su edad real y no pudo ser el que presentó para conseguir empleo siendo menor de edad.

Pero con el nombre de Isabel Torres Romero, María Isabel Miranda Torres sí pudo simular que tenía cuatro años más. De ahí la diferencia de edades entre Miranda Torres y Torres Romero, la madre de Hugo Alberto según una de sus actas de nacimiento.

Hugo Alberto no fue registrado con el apellido Wallace Miranda hasta los seis años, el 19 de noviembre de 1975, siete meses después del nacimiento de su hermana Claudia; ella nació en abril de ese año y fue registrada de inmediato.

Enrique Wallace estuvo casado con María Guadalupe Magallanes. Cuando conoció a Miranda Torres, Hugo Alberto ya había nacido.

Jacinto Miranda Jaimez, quien aparece en la primera acta de nacimiento como padre de Hugo Alberto, y María Isabel Miranda Torres, eran parientes. Esa podría ser la razón por la cual ella se cambió el nombre y la edad.

Pese a que se ha citado en varias ocasiones a José Enrique Wallace a ampliar su declaración sobre el caso de Hugo Alberto, ya que él fue el primero en denunciar su desaparición ante la procuraduría capitalina, hasta la fecha no lo ha hecho aunque incluso se emitió una orden de arresto por desacato a los citatorios.

El 9 de noviembre de 2006, ante el juez y cuando le pidieron que revelara el paradero de Enrique Wallace, Miranda Torres afirmó que desconocía dónde se encontraba: “En virtud de que por cuestiones personales, familiares y de seguridad nos separamos por mutuo acuerdo, esto fue debido a los problemas derivados del secuestro de nuestro hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, por lo que en la actualidad no convivo con él y desconozco dónde pueda ser localizado”, dijo.

No obstante, en 2012, cuando estaba en campaña por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México bajo las siglas del PAN, Miranda Torres se presentó en varios actos acompañada por Wallace.

TESTIMONIOS IGNORADOS

La PGR dice haber recogido una muestra de sangre de Hugo Alberto Wallace Miranda en el departamento 4 de Perugino 6, en la colonia Extremadura Insurgentes, el 14 de febrero de 2006, meses después del supuesto secuestro y homicidio. Esa muestra fue examinada por peritos de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, y cuando se comparó con la muestra de ADN de Miranda Torres y el supuesto padre biológico José Enrique Wallace, resultó positiva.

Como María Isabel Miranda Torres había hecho creer que José Enrique Wallace era el padre biológico, la prueba se dio por buena para declarar que sí había ocurrido el homicidio, como la propia Miranda Torres había declarado a la PGR con base en una supuesta investigación que dice haber realizado ella misma ante la negligencia de las autoridades.

En el informe de la perito Yanet Rogel Montes, fechado el 20 de marzo de 2006, se señala que la muestra corresponde a un cromosoma de mujer (XX). Pero la misma perito declaró el 10 de julio de 2006 que había cometido un “error de dedo” y el cromosoma era XY (hombre). Y afirmó que la muestra tenía una seguridad casi de cien por ciento con los perfiles genéticos de Wallace y Miranda.

Por cierto, la pareja Wallace-Miranda tuvo una hija en 1975, de quien pudiera ser la gota de sangre encontrada en el departamento de la calle Perugino.

De acuerdo con la declaración de la perito, el documento de análisis de la muestra de sangre es un “informe” y no un “dictamen”, pues la muestra de sangre recogida en el departamento nunca fue confrontada con una muestra de ADN de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Rogel señaló en su declaración ministerial: “Un informe es un documento emitido por el perito donde se entregan resultados, pero no existe un análisis de comparación o de confronta con otras muestras biológicas, mientras que el dictamen es un documento que emite el perito donde también se entregan resultados pero existen elementos de confronta con otras muestras biológicas”.

Dentro de esta maraña de incongruencias e irregularidades, la pregunta es cómo la Procuraduría General de la República –responsable de la averiguación previa del supuesto homicidio de Hugo Alberto, la PGR/SIEDO/UEIS/146/2005– pudo haber permitido que en el caso se introdujera o sembrara una prueba falsa.

Además, la dependencia ignoró los testimonios que obran en la causa penal 35/2006-II, en la cual cuatro vecinos del edificio de Perugino 6 –Jesús Noel Montano Gainza, Emmanuel Sánchez Ledezma, Raúl Carvallo Thome y Karla Fabiola Sánchez Cadena– declararon ante el Ministerio Público que entre la noche del 11 de julio de 2005 y la mañana del día siguiente no escucharon ningún ruido extraño ni se percataron de ningún hecho violento en el inmueble.

La PGR tampoco hizo caso de las declaraciones ministeriales de cuatro personas allegadas a Hugo Alberto Wallace –Carlos Colorado Martínez, cuidador de la casa donde vivía; Rodolfo Munguía López, su empleado; Isabel Neri Lujano, empleada doméstica, y su exnovia Vanessa Bárcenas Díaz– quienes reconocieron que la voz grabada en un mensaje dejado en el teléfono 55 52 08 15 12, de José García Sepúlveda, el 1 de noviembre de 2005 a las 3:28 de la mañana, meses después de ocurrido el homicidio, correspondía a la de la presunta víctima.

El agente del Ministerio Público responsable del caso desde un inicio fue Braulio Robles Zúñiga, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, quien estuvo relacionado con el homicidio de Guillermo Vélez Mendoza en 2002, por el cual la PGR fue condenada en 2006 a pagar una millonaria indemnización por haberlo torturado hasta la muerte tras acusarlo falsamente de cometer un secuestro.