OAXACA, OAX., septiembre 10.- A pesar de la alta conflictividad que vive la entidad por la falta de una ley educativa armonizada con la legislación federal, la LXII legislatura del Estado no ha avanzado y mantiene estancada la elaboración del dictamen de la nueva Ley estatal de educación pública.

Hasta la tarde de este miércoles, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Educación, Estudios Constitucionales, Administración de Justicia y Presupuesto, están entrampados en la revisión de las seis iniciativas que han enviado el gobernador Gabino Cué, la Sección 22 del SNTE, así como las fracciones legislativas del PRI, PAN, PSD y Nueva Alianza.

De acuerdo con fuentes legislativas, la bancada del PRI, que encabeza el diputado Alejandro Avilés Álvarez, busca que la nueva ley sea armonizada tal y como la envío el Congreso de la Unión, tras su aprobación a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto.

El PRI busca sacar adelante el proyecto educativo de su jefe político para no dar paso a una nueva controversia constitucional por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Asesores de los diputados integrantes de las Comisiones Unidas que revisan las iniciativas de ley educativa confiaron que sólo han avanzado en ocho artículos de más de 130 que contienen las iniciativas propuestas.

Por su parte, las bancas del PRD y PAN, que encabezan los diputados Félix Antonio Serrano Toledo y Antonia Natividad Díaz Jiménez, respectivamente, buscan colocar la propuesta del gobernador Cué, con elementos del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) que el Magisterio pretende se apruebe como ley.

En tanto, la poderosa Sección 22 de la CNTE insiste en que le aprueben, tal cual, su iniciativa que implica reconocer al gremio sindical como autoridad educativa para articular la educación comunitaria e intercultural bilingüe en la entidad.

Así, el PTEO pretende que se excluya a la iniciativa privada de los planes y estudios educativos, mientras que en la Ley General de Educación aprobada por el Congreso de la Unión el sector privado podría invertir en educación.

Además, que se establezca un sistema estatal propio de evaluaciones a cargo de la Sección 22 y el gobierno de Oaxaca, quedando exentos del Sistema Nacional de Evaluación a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La Sección 22 también pretende que los recursos económicos que otorga la Federación para educación sea administrado por ellos.

Igualmente, que con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) puedan establecer colectivos y comunidades como autoridades educativas reconocidas.

Además, que los egresados de las Escuelas Normales del Estado tengan una plaza automática al culminar sus estudios y no sean sujetos a una evaluación para obtener el trabajo.

Y sin llamarla por su nombre, la Sección 22 también pretende la salida de Oaxaca de la disidente Sección 59, a fin de que sólo ellos sean reconocidos como gestores educativos.

Según declaraciones de los diputados, su plan es tener listo el dictamen para aprobarlo antes de este 30 de septiembre, cuando termina el segundo período ordinario de sesiones de su primer año de ejercicio constitucional, pero a la fecha sólo llevan discutidos ocho de los 130 artículos que contendría la multicitada ley educativa.