OAXACA, OAX., septiembre 22.- El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la LXII Legislatura del Estado, Alejandro Avilés Álvarez, dio a conocer que tiene el aval del Instituto Nacional Electoral (INE) para establecer un “impasse” y prorrogar la armonización de la reforma político-electoral en Oaxaca.
En entrevista, el también coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, detalló que la JCP solicitó por escrito al INE emitiera su recomendación sobre la armonización de la reforma político-electoral en Oaxaca ante la confusión por la realización de las elecciones por Sistemas Normativos Internos en 2015.
Y “el INE contestó que en Oaxaca todavía no hay necesidad de hacer las reformas legales correspondientes en materia electoral, en virtud de que no van a haber elecciones, salvo las de Usos y Costumbres”, aseguró el legislador priista.
No obstante, indicó que hay iniciativas presentadas por diputados y diputadas del PAN, PRI y PRD para entrar al análisis y discusión de la reforma político-electoral, muy probablemente la próxima semana (sic).
Sin embargo, insistió: “No hay prisa para hacerlo; tenemos el aval del INE. Lo demás es especulación”.
Avilés Álvarez adelantó que el Congreso del Estado “va a la reforma político-electoral respetando y acatando todo lo establecido a nivel federal, pero también considerando los puntos de mayor preocupación para el Estado; es decir, los Sistemas Normativos Internos, ya que 417 de los 570 municipios de Oaxaca se rigen por este método”.
De acuerdo con el INE, los 17 estados de la República que están llamados a las urnas en el año 2015, salvo Oaxaca que es por Usos y Costumbres, “no están en riesgo”.
Incluso, Oaxaca podría llegar al extremo de que no se hicieran las adecuaciones y las elecciones NO estarán en riesgo, según el organismo electoral nacional.
LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL
En la reforma político-electoral, el Congreso de la Unión aprobó la reelección de diputados y senadores hasta por 12 años (hasta cuatro periodos para diputados a partir del 2015 y hasta dos para senadores a partir del 2018).
Por eso, los Congresos estatales quedan obligados a legislar para introducir esta figura en sus leyes.
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) se convertirá en Fiscalía General a partir del 2018 y tendrá dos fiscalías especializadas: una en delitos electorales y otra en combate a la corrupción.
Además, se creó el Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituyó al Instituto Federal Electoral (IFE), donde el número de consejeros subió de nueve a 11.
Igualmente, se retiró a los Institutos Electorales Estatales del control de los Congresos de los Estados. Así, adquirirán más libertad y su número de consejeros se homologará a siete en todos los casos. Los consejeros serán nombrados por el INE.
También se establece la anulación de una elección cuando haya rebase de tope de gastos de campaña o compra de propaganda en medios, siempre y cuando se determine que la falta fue “sistemática” y “determinante” para el resultado; esto es, que entre el primero y segundo lugar haya una diferencia menor al 5 por ciento de los votos.
Aumentó del 2 por ciento al 3% el porcentaje de votos para que un partido pueda conservar su registro. En su caso, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) argumentó que esta medida lo afectará en más de diez estados y fomentará el bipartidismo PRI-PAN.
Entre otros puntos importantes, se adelanta un mes la toma de posesión del Presidente de la República del 1 de diciembre al 1 de octubre, a partir del mandatario que resulte electo en el año 2018.
Esto acorta el tiempo entre la celebración de una elección federal (julio) y el tiempo en que el ganador asume el cargo. También se adelanta la instalación del Congreso de la Unión en años de cambio de gobierno, del 1 de septiembre al 1 de agosto.
Las candidaturas a la Cámara de Diputados y a la de Senadores deberán ser 50 por ciento para hombres y 50% para mujeres.
También se establece la posibilidad de que el Presidente de la República entable un gobierno de coalición, cuyos términos tendrán que ser aprobados por el Congreso.
Los términos y el programa de ese gobierno tendrán que ser aprobados por el Senado de la república, que igualmente deberá ratificar a los integrantes del gabinete presidencial, salvo a los secretarios de Defensa y de Marina.
Si no hay gobierno de coalición, la Cámara de Diputados tendrá que ratificar al Secretario de Hacienda y el Senado al titular de Relaciones Exteriores.
