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Denuncian tráfico en influencias y actos ilegales de magistrados del TCA

OAXACA, OAX., noviembre 1.- María de Lourdes Morales Agüero denunció presunto tráfico de influencias y actos ilegales en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), en virtud de que por intereses personales de los magistrados Ana María Soledad Cruz Vasconcelos y Pedro Carlos Zamora Martínez manipularon un caso y determinaron suspenderle los trabajos de construcción en un inmueble de su propiedad.

En entrevista, la afectada refirió que el 14 de enero pasado fue presentada ante el TCA una demanda de nulidad por Angélica Silva Matadamas Lazcarez, Zoila Paz Gordillo, Claudia Isabel Figueroa Herrera, Armando Castellanos Hernández y Carmen Elisa Alonso Álvarez, solicitando la nulidad de la licencia de construcción número 3687 expedida el 12 de abril del año 2013.

Explicó que esa licencia ampara la construcción de una obra mayor y nueva en la calle Presa San Juan número 105 y 109, del Fraccionamiento Presa San Felipe, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez.

La demanda se radicó bajo el número de expediente 43/2014 de la Primera Sala de Primera Instancia del Tribunal Contencioso Administrativo; sin embargo, su titular la magistrada Ana María Soledad Cruz Vasconcelos, al tener interés jurídico en el caso, se excusó y se dio vista a la segunda sala de Primera Instancia, radicándose bajo el número de expediente 50/2014.

Morales Agüero señaló que Cruz Vasconcelos tiene interés jurídico en el caso por ser propietaria de un predio ubicado frente a la construcción, y ha mostrado una serie de violaciones al procedimiento establecido en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.

Además, indicó, “ha violado mis garantías individuales debido a su influencia sobre el titular de la Segunda Sala de Primera Instancia, el magistrado Pedro Carlos Zamora Martínez”.

Aseguró que su licencia fue tramitada conforme a derecho, cubriendo cada uno de los requisitos que marcan los reglamentos de construcción y ordenamientos municipales. Sin embargo, la contra parte solicita como medida cautelar la suspensión del tercer piso de la obra.

Así, por acuerdo del 27 de enero pasado, se concedió la medida cautelar suspendiendo la totalidad de la obra. “El magistrado Zamora Martínez se extralimita en su acuerdo porque los actores únicamente manifiestan que el problema del presente asunto es el tercer nivel”, dijo.

La quejosa reiteró que la suspensión de la obra le causa daños y perjuicios en virtud de que erogó gastos por la licencia de construcción, estudios de impacto ambiental y por el contrato de prestación de servicios con el arquitecto de la obra.

Asimismo, por el contrato de prestación de servicios con el electricista, por el contrato por el arrendamiento de la cimbra que se utiliza en este tipo de obras y demás gastos que se erogan al realizar la construcción de una obra.

Reiteró que por interés personal de los magistrados Cruz Vasconcelos y Zamora Martínez se han presentado una serie de irregularidades en el TCA.

Explicó: “En primer término porque los actores en su demanda solicitaron la suspensión del tercer piso de la obra y el magistrado Pedro Carlos Zamora y Martínez autorizó de manera ilegal la suspensión de toda la obra”.

Dijo que solicitó como tercera afectada en el juicio y con base en el Artículo 190 de la Ley de Justicia Administrativa en el Estado, se fijara una garantía para poder suspender la obra, ya que le causa daños y perjuicios que esté detenida.

La garantía fue fijada por Zamora Martínez por acuerdo del 20 de agosto de 2014, en el cual se resolvió que los actores debían otorgar en un término de tres días una garantía de 93 mil pesos para garantizar los daños y perjuicios. Sin embargo, la garantía que no fue otorgada por los actores.

Y aun cuando la garantía no se ha hecho efectiva, “en claro acto de ilegalidad y atendiendo a sus intereses Zamora Martínez sigue manteniendo el tercer piso de la obra clausurada”, señaló.

Al final, la quejosa puntualizó: “Me han ocasionado daños y perjuicios como tercera afectada y se ha detectado que varios de los vecinos que iniciaron el presente juicio ni siquiera viven en la calle Presa San Juan, donde se desarrolla la obra”.

 

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