OAXACA, OAX., diciembre 22.- Con el mayor número de presos indígenas en el país, Oaxaca tiene 1 mil 329 reclusos que hablan alguna lengua indígena y todos los días lidian con problemas de hacinamiento, autogobiernos, presencia de armas y deplorables condiciones de internamiento que impiden o dificultan su readaptación social.

Así lo dio a conocer el diputado presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura del Estado, el panista Alejandro Martínez Ramírez, quien lamentó que los derechos de los indígenas se nieguen en los hechos aunque exista una legislación de protección al respeto.

Señaló que los hombres y las mujeres indígenas tienen una presencia desproporcionada en las sentencias condenatorias de la justicia penal, donde a menudo se les niegan las debidas garantías procesales y son víctimas de actos de violencia y de malos tratos.

Además, las diferencias lingüísticas y culturales intervienen también en esta dinámica de discriminación y no siempre reciben la atención que merecen por parte del Estado.

El diputado Martínez Ramírez dijo que hay casos en que las autoridades judiciales sentencian a los indígenas y éstos son juzgados en una lengua e idioma que desconocen.

Por ello, demandó al Estado Mexicano brindar a los y las integrantes de los pueblos indígenas los mecanismos y asistencia jurídica debida facilitando un intérprete y traductor que conozca no sólo de su lengua, sino de su cultura para una adecuada defensa.

Citó como ejemplo de discriminación la ignorancia de la especificidad cultural y lingüística de los y las indígenas en los órganos de procuración de justicia, como el caso de Jacinta Francisco Marcial, mujer otomí, acusada y sentenciada a 21 años de prisión por el presunto secuestro de seis agentes de la AFI, en un caso en el que prevalecieron graves desigualdades del sistema de justicia como la falta de acceso a un traductor e intérprete.

“La falta generalizada de acceso al sistema oficial de justicia debido a la discriminación directa o indirecta profundamente arraigada en contra de los pueblos indígenas es un rasgo importante de las deficiencias en la protección de los derechos humanos por parte de las instituciones que procuran justicia no sólo en Oaxaca sino en todo el país”, indicó.

Y lamentó que no se hayan hecho las adecuaciones jurídicas para establecer un sistema judicial eficaz en el que se tengan en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas y en algunos casos, más graves, ello puede indicar que la cultura jurídica oficial de un país no está adaptada para hacer frente al pluralismo cultural y que los valores dominantes de una sociedad tienden a ignorar, olvidar y rechazar las culturas indígenas.

Por ello, Martínez Ramírez demandó a las Comisiones de Asuntos Indígenas, Administración de Justicia y Derechos Humanos de la LXII Legislatura del Estado conformar, en un plazo de 15 días hábiles, una comisión interdisciplinaria a la que se integre la Comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, Eréndira Cruz Villegas, a fin de revisar el estado actual jurídico de los presos indígenas, que se encuentran en el carácter de procesados, acusados y/o sentenciados.

Dijo que deberán observar que a cada caso particular se apliquen los derechos que les corresponden a los presos indígenas previstas en las leyes a nivel federal, estatal e Internacional, donde las autoridades debieron tener una actuación con estricto apego a los derechos humanos y a la legalidad.