“Serás muy tarugo si no te chingas al menos un millón de pesos al año”, fue el consejo-regaño que recibiera en 2008 un presidente municipal del entonces Delegado de gobierno.
“Yo te ayudo, te mando a unos contratistas ‘cuates’ para que te den tu diezmo. Y te ponemos un contador, te arreglamos todo en la Auditoría, por esas cosas ni qué preocuparte”, le señalaría el funcionario venal al sorprendido edil.
La charla había surgido en una comida ofrecida los primeros días de enero a los recién ungidos presidentes municipales. El delegado inquiría sobre el monto de sus participaciones municipales, al oír la cifra de 13 millones de pesos, habría hecho la recomendación.
Una historia que, está visto por los escándalos recientes, se repite a lo largo y ancho del país. Los “moches” entre presidentes municipales y funcionarios o diputados no son cosa exclusiva de Oaxaca.
Como tampoco que legisladores tengan a sus compañías constructoras, despachos contables o una cauda de “asesores” que imponen a los municipios y que son los agentes para realizar los “moches”, cobrar los diezmos y garantizar impunidad.
Es el círculo de la corrupción: una estructura que parte de las cúspides del poder gubernamental y se disemina hasta los peldaños inferiores.
Y el entramado jurídico e institucional se ha diseñado también para que las cosas nunca se puedan aclarar lo suficiente, ni se castigue a los responsables.
A ello se han enfrentado lo mismo desde las oficinas gubernamentales diseñadas para evitar la corrupción y castigar irregularidades. Un par de ejemplos.
Los espectaculares anuncios realizados por la actual Contralora del gobierno estatal en 2011, de decenas de averiguaciones en contra de funcionarios por presuntos actos de corrupción toparon con pared.
Sólo dos funcionarios de alto nivel del régimen de Ulises Ruiz han visitado prisión.
Ante el escándalo de venta de concesiones falsas en el sexenio de José Murat, que incluso llevaran a girar órdenes de aprehensión contra la exsecretaria de Transporte y dos colaboradores, terminó en averiguaciones mal integradas y, con ello, la exoneración de los involucrados.
Hace un par de meses, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca (ASEO) informó que ante el cambio de administración municipal, 232 ayuntamientos salientes se llevaron toda la documentación contable y comprobatoria de los recursos.
Y también que de 105 municipios auditados había observaciones sin solventar del orden de los mil 400 millones de pesos.
Y es que dado que las irregularidades se presentan desde los más altos niveles e incluye a la iniciativa privada, todos se cubren las espaldas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detecta en 2013 una serie de irregularidades (Nexos, El escándalo de la cuenta pública), entre ellas: 11 mil millones de pesos asignados al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), se destinaron a otros fines, como a pagos de plazas para líderes sindicales; 845 millones de la Cruzada Nacional Contra el Hambre se utilizaron de forma discrecional; de ellos, se entregaron 159 millones a la Universidad Autónoma del Estado de México “con el objetivo de ‘sensibilizar’ a 500 mil madres en la alimentación sana”; el programa “Escuela Segura” de la SEP recibió dinero sin tener claro su objetivo, qué iba a medir y si no se empalmaba con otro programa; el Senado ocultó cómo gastó mil 200 millones de pesos.
Los estados de la República no se quedan atrás. La ASF encontró irregularidades en el ejercicio de 67 mil millones de pesos. Siete estados acumulan 22 mil millones (Veracruz, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Jalisco y Oaxaca); Y José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, actualmente preso, malversó 66 millones de pesos.
Pero las irregularidades tocan también a empresas multinacionales: El Servicio de Administración Tributaria devolvió irregularmente mil 123 millones de pesos a cuatro grandes empresas: 929 millones 492 mil pesos a Sabritas; 150 millones 453 mil pesos a Gamesa; 28 millones 825 mil pesos a Scotiabank Inverlat, y 14 millones 841 mil pesos a la desarrolladora inmobiliaria Prologis.
Los escándalos se suman a los conflictos de interés del Presidente de la República y su Secretario de Hacienda. Pero no sólo eso, también los líos del exgobernador Murat por propiedades de sus familiares en Estados Unidos; al Porsche que el ahora candidato del PRI a una diputación local regalara a su hijo; los “moches” que piden diputados (panistas y de otros partidos) a cambio de gestiones y recursos para los municipios. A ello se agrega un largo etcétera de personajes de distintos niveles y de todos los partidos.
La respuesta a estos escándalos ha sido la construcción de propuestas seriamente elaboradas por la sociedad civil, como es la iniciativa de creación del Sistema Nacional Anticorrupción –diseñada por la Red de Rendición de Cuentas (un conjunto de organismos civiles e instituciones académicas especializadas en el tema).
La posición gubernamental es de obstaculizar la ley. Principal, pero no únicamente, a través de la fracción priista. En el cisma más delicado del sexenio, ante las acusaciones de conflictos de interés, opacidad y corrupción, lejos de atender las demandas de la sociedad, la clase política busca protegerse más.
Así, en la discusión de la Ley de Transparencia, el más importante legado de la alternancia mexicana (pero también construida desde la sociedad civil), el gobierno federal y las fracciones parlamentarias han presentado un conjunto de observaciones que representan un retroceso en la materia.
En distintos frentes, Oaxaca incluido, las adiciones que se hacen son meramente cosméticas y gatopardianas: “cambiar todo, para que todo siga igual”.
El diagnóstico está claro, pero los remedios para prevenir, combatir y castigar las irregularidades, son detenidas por el gobierno, los partidos políticos y diputados y senadores. El círculo se cierra.
Sólo que la liga no da para más. Y es tiempo de asumir, desde todos los espacios, la responsabilidad de empujar por estos cambios y romper con el círculo de la corrupción.
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