OAXACA, OAX., abril 1.- El ex consejero de Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Víctor Leonel Juan Martínez, salió al paso de los señalamientos en su contra y aseguró que la indemnización que ganó en los tribunales “es un tema de derechos vulnerados, no de recursos económicos”.
Juan Martínez, junto con el también ex consejero del IEEPCO, Juan Pablo Morales, interpusieran el Juicio de Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano (JDC) y fueron favorecidos con la resolución, por lo que una vez que el Congreso del Estado realice su reforma electoral recibirían un pago de compensación por 2.3 millones de pesos cada uno.
El ex consejero electoral lamentó que “la atención mediática se haya desviado hacia una situación que, sacada de contexto, parece frívola y escandalosa”.
Reprochó que no se hayan advertido los alcances de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca (TEPJO), al igual que el precedente en materia de protección de los derechos fundamentales y a la autonomía de los órganos autónomos.
Y es que uno de los motivos de la controversia ante los tribunales es la protección de la autonomía de los órganos autónomos, aseguró Víctor Leonel Juan Martínez.
“Los consejeros electorales no son empleados de alguno de los poderes, ni se les otorgan nombramientos de confianza. Un principio fijado por la doctrina es su inamovilidad; esto es, no pueden ser removidos durante el periodo por el que fueron nombrados; ello es garantía de su independencia e imparcialidad, al no estar sujetos a los caprichos de los actores políticos, que intentan siempre el control del árbitro electoral, la presión, con la amenaza del despido”, asestó.
Cuestionó que con la llegada de un nuevo gobernante o partido en el poder, buscan eludir ese principio y creen que con sólo reformar leyes y dar otro nombre al organismo pueden cambiar a los titulares.
Indicó que para evitar esta trampa, los tribunales han sentado jurisprudencia de que eso no basta para el relevo de consejeros.
“Esa trampa legal se aplica con la reforma del 2014; los resultados están a la vista; hay un intento regresivo de controlar al árbitro electoral y se ha desplazado a la ciudadanía de los mismos”, señaló.
Juan Martínez argumentó que eso fue lo que se defendió y fue lo valioso de la sentencia: “los derechos fundamentales no pueden ser conculcados ni con una reforma constitucional, y eso deja un precedente adicional: el principio de inamovilidad-autonomía no puede vulnerarse arbitrariamente”.
Aun cuando participaron en el proceso de elección de nuevos consejeros del IEEPCO, justificó que lo hizo como parte de un ejercicio ciudadano para aprovechar los resquicios legales y no dejar el campo abierto a la clase política.
Aclaró que en su juicio de protección de derechos políticos, no establecieron algún monto económico, sino “presentamos la información oficial sobre sus percepciones, y se reclamaba que no se puede remover a los consejeros electorales, pues se violan derechos fundamentales”.
Argumentó: “Hacerlo de manera arbitraria tiene costos para la clase política, que se traduce en la indemnización”.
Víctor Leonel Juan Martínez advirtió que se elevan los costos políticos, sociales y económicos al inhibir la arbitrariedad con que se vulneran instituciones.
Insistió en que “lo que se ganó fue un derecho; no es dinero mal habido, no es fruto de la corrupción, no es un ‘pendientito’ que por favorecer a alguien no se desviaron o robaron; ya estaremos definiendo cómo los emplearemos en tareas ciudadanas”, puntualizó.
