El llamado “pulpo camionero”, esta red de concesionarios del transporte urbano que acrecentaron su influencia en la década de los 70 y 80 del siglo pasado, se convirtieron en uno de los símbolos del sistema político mexicano.
A medida que éste fue cambiando, su lógica se adaptó a los nuevos tiempos de alternancia y pluralidad, para continuar con relación corporativa, doblegar a los gobiernos en turn0 y proporcionar el servicio deficiente de siempre.
Ahora, en un madruguete, reiteraron una práctica aprendida en esos años: incrementar el precio del pasaje justo en periodo vacacional estudiantil. Los universitarios y los estudiantes de educación media y superior, han sido recurrentemente los que se han movilizado y enfrentado a estas medidas.
El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) niega haber autorizado incremento alguno. De poco o nada sirve tal anuncio, pues los autobuses del transporte de todos modos aplican la tarifa.
¿Sanciones a los empresarios? Ni pensarlo. La simbiosis del pulpo camionero y el sistema político mexicano es demasiado fuerte para romperlo.
Y es que la relación creció a medida que el otrora partido hegemónico, PRI, requería movilizar a gran cantidad de personas para sus mítines de partido o candidato y actos del gobernante en turno. Los empresarios de transporte daban su “guelaguetza” y ponían a su disposición decenas de unidades sin costo alguno.
En las épocas electorales ese apoyo era más que bien apreciado por los candidatos.
Llegado el tiempo, la factura era cobrada con el incremento al precio del pasaje. El exgobernador José Murat, incluso puso en manos de la “zarina del transporte”, Aurora López Acevedo, la titularidad de la Coordinación del Transporte del gobierno estatal.
Llegado el tiempo de la alternancia y la pluralidad, los empresarios se acomodaron. En tiempos de campaña apoyan a candidatos de todos los partidos, especialmente a los que aspiran a gobernar el estado. Todos quedan comprometidos y el que gane tendrá que pagar la factura.
La táctica de una nueva tarifa en periodo vacacional no es nueva tampoco. Buscan eludir la oposición estudiantil y que, a su retorno a clases, bien hayan negociado con algunos líderes venales, o bien que ya esté arraigada la idea de un hecho que no puede tener marcha atrás.
Y han aprendido, además, las prácticas de los movimientos sociales y estudiantiles. En la capital estatal en 2010, en Juchitán y Salina Cruz en ese mismo año, y hace apenas un par de meses en Huajuapan, quienes bloquean calles son los dueños de los servicios de transporte urbano para exigir ¡¡el alza al precio del pasaje!!
La historia se repite. Como en ocasiones anteriores, se presenta un incremento sin autorización expresa de la autoridad, pero que a decir de ellos “las autoridades de la Sevitra son conscientes de la necesidad que existe” (Aurora López Acevedo, Noticias, 4, 2015).
En unos días habrán negociado el aumento, los empresarios firmarán un compromiso de dar un servicio eficiente, capacitar a los conductores, renovar sus autobuses, cuidar el ambiente y un largo etcétera, que será letra muerta una vez estampadas las firmas.
Por supuesto, refrendarán su negativa a cualquier otra alternativa de transporte público: impidieron que dieran servicio combis y microbuses hace una década. Ahora no permitirán ni Metrobus, ni reactivación de los ramales ferroviarios, ni nada que ponga en riesgo sus ganancias.
Saben que pueden seguir impunes, con pésimas unidades, sobre explotando choferes, causando múltiples accidentes, con unidades viejas y que ponen en riesgo a los usuarios. Además, han incumplido con todos los acuerdos anteriores sin reacción alguna de la autoridad.
Es un círculo vicioso que ningún gobernante se ha atrevido a romper. Y que los usuarios terminan pagando. No parece ser esta ocasión la excepción.
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