OAXACA, OAX., abril 23.- El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) reiteró este 22 de abril su recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del servidor público que ordenó el traslado de nueve internas del Centro de Reinserción Social de Santo Domingo Tehuantepec al de San Francisco Tanivet.
Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría, el Defensor del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, informó los avances al seguimiento que el organismo ha hecho a la recomendación 01/2015 que emitió el 6 de marzo de este año a la SSP, dependencia que inicialmente rechazó los señalamientos del organismo defensor.
Manifestó su preocupación debido a que en investigaciones practicadas en diferentes Ceresos del estado, la Defensoría detectó que 70 por ciento de las internas están confinadas sin haber recibido las sentencias que marca la ley, lo cual daña su derecho a la seguridad jurídica y sus procesos de reinserción social.
Relató el Ombudsman que después de realizar diversas mesas de trabajo con los funcionarios de los centros de internamiento para clarificarles los alcances de la recomendación, la SSP aceptó las recomendaciones de la Defensoría, aunque previamente la autoridad estatal argumentaba que el traslado era válido por garantizar la seguridad de las internas.
Narró que la SSP alegó a la Defensoría que por ley no debe haber hombres y mujeres conviviendo en un mismo Cereso, por lo cual el organismo defensor convocó a una serie de reuniones de trabajo a los representantes de Seguridad Pública y de la Coordinación de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo hasta lograr que aceptaran la recomendación para proteger y garantizar integralmente los derechos de las internas.
Especificó que la SSP aceptó el 31 de marzo la recomendación que acredita violaciones a los derechos a la seguridad jurídica de nueve internas, cuyo traslado, hecho sin orden de un juez, violenta su derecho a una defensa adecuada, ya que las que están bajo proceso quedan alejadas de los sitios en los que su juicio se desarrolla, lo cual les impide en algunas ocasiones presentar a tiempo recursos legales para cumplir su deuda con la sociedad.
Agregó que aunado a esto el traslado alejó de sus familias a las internas y esto limita su proceso de reinserción social. Además, recalcó, la recomendación documentó que una de las internas enferma de diabetes dejó de recibir atención y tratamiento médico por su enfermedad, poniendo en riesgo su integridad física e inclusive su vida a causa del traslado.
Peimbert Calvo informó que hasta la fecha la SSP ha dado muestras parciales de cumplimiento a la recomendación, pues sólo ha respondido a un punto de lo que se le solicita: la elaboración de un protocolo de actuación con perspectiva de género y derechos humanos, pues envió al organismo defensor un Proyecto de Protocolo de Actuación Policial para el Traslado de Internos de los Centros de Reinserción en el Estado.
Comentó que otros puntos recomendados a la Secretaría de Seguridad Pública fueron iniciar los trámites legales y administrativos correspondientes para que las internas sean trasladadas a centros de reclusión cercanos al lugar donde se desahogan sus procesos y residen sus familias.
Indicó que la Defensoría requirió a la Secretaría de Seguridad Pública que brinde el tratamiento médico necesario a una de las internas trasladadas, quien padece una enfermedad crónico-degenerativa, y extendió esta petición al solicitar que se garantice la atención médica a todas las personas en estado de reclusión, a fin de garantizar su derecho a la salud e integridad física.
Añadió que un punto fundamental para lograr un efectivo cumplimiento de la recomendación es que se finquen responsabilidades a los servidores públicos que violentaron derechos humanos.
Por ello, la recomendación pide que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del funcionario público que ordenó sin fundamento el traslado.
Sostuvo que la DDHPO no descarta emitir otras recomendaciones respecto a los tratos crueles, inhumanos o degradantes que han dado a las mujeres internas en Ceresos, pues advirtió que en este aspecto puede hablarse hasta de actos de tortura.
Finalmente, comentó que la Defensoría ha documentado otras irregularidades, como la falta de respuesta por parte de las autoridades de Seguridad Pública y de la Secretaría de Salud estatales para brindar atención médica adecuada y oportuna a diferentes padecimientos que presentan mujeres internas.
Sara Méndez, Julia Avendaño, Pedro Matías, Héctor Lorenzo y Bernardo Rodríguez, consejeras y consejeros ciudadanos presentes en la sesión pública del 22 de abril, refrendaron los señalamientos hechos por el Defensor Peimbert Calvo e insistieron en que se aplique sanción administrativa e inclusive penal a los funcionarios que violenten derechos humanos de internas en Ceresos.
Asimismo, reclamaron que las autoridades de Seguridad Pública restablezcan cuanto antes a las internas en el Cereso cercano a sus lugares de origen, a fin de no aplicarles un castigo excesivo al obligarlas a permanecer más tiempo del que les corresponde en los centros de internamiento.
