OAXACA, OAX., mayo 7.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) pidió la colaboración del diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado para que inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, en la región de la Cañada.
El organismo defensor documentó acciones y omisiones relacionadas con el conflicto que divide a la comunidad y que derivó en hechos de violencia (incluyendo dos homicidios) y violaciones a los derechos humanos por parte de varias autoridades el 14 de diciembre del año pasado (2014).
El Ombudsman emitió la recomendación 2/2015 que acredita violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Eloxochitlán por parte de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y del Ayuntamiento de esa comunidad.
Estas autoridades estatales y municipales son señaladas por la Defensoría debido a que “no atendieron en forma oportuna y eficaz el conflicto político-social que padecía la comunidad y que ocasionó hechos violentos en diciembre de 2014”.
La Defensoría, dentro de su recomendación 2/2015, solicitó la colaboración de la Auditoria Superior del Estado (ASE) para que practique una auditoría que abarque todos los periodos que permita su normatividad, a fin de determinar si los recursos públicos municipales fueron ejercidos conforme a la ley, pues en la investigación realizada el organismo autónomo percibe que los problemas comunitarios están relacionados con esos fondos.
El organismo defensor considera necesario que en Eloxochitlán intervengan otras autoridades, como la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del poder Ejecutivo, para que coordine acciones de las diferentes dependencias del gobierno estatal a fin de que todas se enfoquen a restaurar el tejido social.
Además, pidió la intervención del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) para que diseñe y coordine programas que permitan fomentar una cultura de igualdad entre hombres y mujeres en la comunidad, así como para que brinde atención a niñas y niños de la comunidad que pudieran sufrir afectaciones psicosociales por los hechos violentos que se presentaron en diciembre de 2014 en Eloxochitlán.
El organismo autónomo solicitó igualmente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) que realice las acciones necesarias para garantizar el servicio educativo en la comunidad.
También pidió la intervención de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) para que plantee acciones que permitan establecer disposiciones constitucionales en materia de pueblos indígenas.
De la misma manera, requirió a las secretarías de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) y de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedapa), así como al Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca que se coordinen con el municipio de Eloxochitlán para generar un mecanismo integral que permita impulsar el desarrollo económico y social de la comunidad mediante programas y proyectos productivos.
La Defensoría demandó la intervención de estas dependencias por considerar que coadyuvarán en la atención del problema de forma integral, y esto permitirá restituir los derechos humanos que fueron vulnerados, además de garantizar una protección futura para la población.
Por otra parte, la DDHPO tuvo conocimiento, por diversos medios de comunicación, de que el 2 de mayo último elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron en la Ciudad de México a Miguel Ángel Peralta Betanzos, acusado de participar en el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas, una de las personas que perdió la vida en los enfrentamientos del 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán.
