OAXACA, OAX., mayo 15.- El Ayuntamiento de Loma Bonita se negó a aceptar la recomendación 15/2014 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a causa del incumplimiento de un laudo laboral para reinstalar a 33 trabajadores de ese municipio.

El 26 de diciembre de 2014, la Defensoría expuso que las y los 33 trabajadores del Ayuntamiento de Loma Bonita fueron cesados sin justificación, por lo cual presentaron una demanda en la Junta de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado. El resultado de esa querella fue la emisión del laudo 19/2011 .

La resolución de la Junta de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado pide al Ayuntamiento de Loma Bonita que reinstale a las y los trabajadores despedidos, y que realice el pago de las diversas prestaciones laborales adeudadas, que suman un monto de ocho millones 614 mil pesos.

El organismo defensor señaló que la omisión administrativa por parte de la autoridad municipal respecto al cumplimiento del laudo y la recomendación, violenta los derechos de los 33 empleados beneficiados.

Puntualizó que el Ayuntamiento de Loma Bonita está vulnerando los derechos a la seguridad jurídica, acceso efectivo a la justicia y al trabajo de los 33 empleados demandantes.

En la recomendación 15/2014 demandó que el gobierno municipal cumpla con lo solicitado en el laudo; es decir, que emprenda los procesos y gestiones necesarios para poder cumplir con las prestaciones laborales indicadas dentro del documento.

Esta solicitud incluye que el cabildo realice las gestiones pertinentes para poder efectuar la reinstalación de las y los 33 trabajadores afectados, pues la autoridad municipal de Loma Bonita evade su responsabilidad argumentando que no cuenta con presupuesto suficiente, ni plazas disponibles.

La Defensoría pidió también al Ayuntamiento de Loma Bonita que dentro de su presupuesto de egresos incluya una partida especial que le permita estar en condiciones de cumplir con las obligaciones derivadas de sentencias y laudos que pudieran ser emitidos en su contra.

Igualmente, le requirió que en caso de no dar cumplimiento a los puntos anteriormente señalados, debía iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad contra los servidores públicos que tenían la obligación de realizar las acciones solicitadas.

La Defensoría ve con preocupación la negativa por parte del Ayuntamiento a aceptar la recomendación y, por ende, a cumplir con los puntos que se solicitan, pues en los archivos de las oficinas de esta institución defensora no obra documento alguno que manifieste interés por parte de esa autoridad respecto a responder la recomendación.

La falta de aceptación de la recomendación 15/2014 se traduce en una violación reiterada de los derechos humanos de las 33 personas afectadas, pues el ayuntamiento implicado no ha respondido a ninguno de los puntos requeridos. Esto hace presumible la falta de voluntad de las autoridades para actuar con respeto a los derechos humanos.