Una historia de movilización social, de lucha política y armada, de sangre derramada y de muertes, de insurgencia cívica, desobediencia civil y brotes guerrilleros preceden a la conquista del voto para elegir a nuestros gobernantes. No ha sido fácil, sino al contrario. Y a cada paso surgen difíciles obstáculos, resistencias, regresiones.
Es por esa trama de tragedias y festín cívico que hoy tenemos el derecho de votar. Y precisamente por la historia para alcanzarlo, ejercerlo tendría que ser un compromiso ético.
Es, cierto, un derecho que en innumerables ocasiones nos ha sido negado, en otras ha sido secuestrado, en algunos momentos se ha frivolizado y hoy es rehén y se encuentra en riesgo de ser nugatorio.
Pero es aún vía efectiva impulsar cambios, castigar gobernantes, enviar mensajes claro a la clase política. No hacerlo, o evitar hacerlo, es abdicar de la única vía que se tiene.
Y ello no significa en modo alguno renunciar a la movilización social, a la actividad de la sociedad civil, a la crítica en medios de comunicación, ni a un papel más activo y crítico de las y los mexicanos.
Las largas jornadas por la democracia, que empezaron a cristalizarse hace apenas un cuarto de siglo, fue rápidamente secuestrado por sus nuevos beneficiarios: el conjunto de partidos políticos.
Abandonando la lucha que habían enarbolado, particularmente los de oposición de izquierda y de derecha, se entregaron a las prebendas y privilegios del poder, haciendo a un lado proyectos políticos e identidades ideológicas.
El proceso de transición se vio interrumpido con los gobiernos de la alternancia. Frivolizaron a las instituciones y han estado lejos de desmantelar el aparato autoritario. El viejo sistema político les impuso mañas y vicios. Así han continuado.
La penosa lista de candidatos son prueba patente de esta situación. El reciclaje se convirtió en deporte de políticos y de partidos. La clase política con gen priista (entendido en el sistema político construido por ese partido) se esparció a todas las organizaciones partidistas.
La actual crisis política, económica y social, es también producto de esta redistribución del poder, sin sustento ético ni compromiso social.
Por eso, tras los triunfos ciudadanos que recuperaron la organización de las elecciones, que impulsaron el reconocimiento al ejercicio del derecho a la información, que han presentado iniciativas como el sistema nacional anticorrupción, desde las élites se busca dar pasos en sentido contrario.
Las regresiones autoritarias están a la vista. Han arrebatado a la ciudadanía sus logros históricos e, incluso, en distintos momentos no han dudado en la represión y/o militarización, para lograrlo.
Desafortunadamente desde el movimiento social, en muchos casos estas prácticas tan denunciadas y reprobadas se han mimetizado. Las elecciones, particular pero no únicamente en el actual proceso electoral, se han convertido en moneda de cambio de otras demandas algunas justas y legítimas seguramente, pero que las deslegitima no sólo los métodos empleados por organizaciones gremiales como la Sección 22 del Magisterio, también por la falta de congruencia en su actuar cotidiano.
Al final del día, alejados de la formación crítica a las que están obligados, al hacer a un lado el papel transformador de la educación –si fuese cierto su compromiso social—, han sido cooptados por los vicios del sistema político; convertido pues, en muchos sentidos, en garantía de la reproducción del régimen que critican acremente.
La ciudadanía se ve así atrapada entre dos posiciones tan radicalmente opuestas que terminan unidas en su contra: la de la clase política y los partidos, y la de algunas organizaciones del movimiento social.
Por ello es que hay que rescatar, defender y ejercer ambas: el derecho al sufragio y a la movilización social.
Y es que una lección que nos ha dejado la lucha por la democracia es que ni la movilización social, ni la vía institucional, por sí solas, bastan para hacer cambios. Se requiere articular ambas formas de lucha para avanzar y defender las conquistas alcanzadas.
Que la ciudadanía se vuelque a las calles o a las urnas, sin duda es un buen paso para la construcción de un ciudadano crítico y responsable, pero es apenas el inicio de este proceso, no su consolidación.
Por eso hay que acudir a las urnas. Pero hacerlo de una forma razonada, informada, crítica. Que la opción que se elige –ya sea sufragar por un partido, candidato o incluso anular el voto— sea fruto de una reflexión.
El voto es una conquista histórica y hay que defenderla y ejercerla. “Ya los partidos habían secuestrado a los ciudadanos y ahora también los secuestran los gremios”, señala con claridad Armando Bartra.
Es una situación a la que hay que poner coto y recuperarla para la ciudadanía. Para ello, hay que continuar trabajando en la construcción y fortalecimiento de una ciudadanía crítica, informada, sustentada en una sólida cultura democrática y, sobre todo, activa.
Ejercer el derecho al voto, no es la panacea que resolverá todos los problemas, pero es un buen comienzo para que la ciudadanía reasuma su papel protagónico.
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