+ Por qué sigue pendiente el juicio a los militares presuntamente involucrados en la muerte de 22 personas en Tlatlaya
Todos queremos explicaciones y la verdad sobre lo que pasó hace más de un año, en Tlatlaya, Estado de México. Pero nadie parece querer dar ni explicaciones ni la verdad; no por lo menos desde el gobierno. Lo único cierto es que ahí, la madrugada del 30 de junio de 2014, murieron 22 personas: ¿Confrontación? ¿Fusilamiento?…
A saber: La madrugada del 30 de junio de 2014 –según versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)— personal miliar hacía reconocimientos terrestres y ubicó una bodega custodiada por personas armadas en San Pedro Limón, Tlatlaya. Que éstos, al percatarse de las tropas, abrieron fuego en su contra.
Que los soldados repelieron la agresión. El saldo fue de 21 hombres muertos y una mujer. Que los hechos ocurrieron a las 5.30 a.m. y que el enfrentamiento duró 10 minutos.
El 11de julio de 2014 –sigue relatando Paris Alejandro Salazar (LSR)– la Agencia Associated Press, publicó que las 22 personas muertas en Tlatlaya fueron fusiladas por elementos militares y no producto de un enfrentamiento.
El reportero de AP citó a un testigo que dice haber escuchado disparos y golpes por dos horas esa madrugada. Además el reportero revisó la bodega y describió la trayectoria de las balas: “Da la impresión de que las personas estaban de pie frente a la pared y fueron alcanzadas por uno o dos disparos a la altura del pecho”, publicó.
El 17 de julio de 2014, el procurador del EdoMex, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, sostuvo que “no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible fusilamiento…”.
Para el 17 de septiembre de 2014 la mecha sigue encendida: La revista Esquire publicó un reportaje: ‘Testigo revela ejecuciones en el Estado de México…’. El impacto de la publicación caló en el ánimo social de México que se había mantenido ignorante o hermético a lo ocurrido meses antes. Dos días después la Sedena insiste en que elementos del Batallón 102 repelieron la agresión.
El 23 de septiembre, Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, adelantó que “todo hace suponer que se trató de un enfrentamiento”, aunque para el 21 de octubre la misma CNDH determinó que ocho elementos de la Sedena ejecutaron a 15 de las 22 personas el 30 de junio en Tlatlaya. Emitió recomendaciones a Sedena, a PGR y EdoMex.
El 6 de noviembre, el mismo día, tanto la Sedena como el gobierno del EdoMex aceptan la recomendación. Para el 7 de noviembre de 2014, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF dictó auto de formal prisión por diversos delitos a siete militares presuntamente implicados en el asesinato de 22 personas en Tlatlaya.
El 11 de abril de 2015 el secretario general de Gobierno del EdoMex, José Manzur Quiroga, confirmó que 10 servidores públicos de la Procuraduría estatal fueron suspendidos y que serían investigados por el caso Tlatlaya. El 16 de abril de este año, la comisión de la Cámara de Diputados que estudió el caso concluyó que “en la muerte de 22 civiles… se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Sedena…”.
Más testigos de los hechos insisten en que lo ocurrido comenzó a las 4.30 a.m. y que a partir de ahí se escuchaban ráfagas de armas de tiempo en tiempo y que a dos de los civiles se les permitió escapar del lugar en una camioneta.
El 10 de mayo de 2015, el Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió la asistencia al 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, dijo que este agrupamiento ya no es elegible para recibir asistencia en tanto espera los resultados de la investigación.
En adelante, organismos internacionales han solicitado el esclarecimiento de los hechos. La ONU hizo un llamado a las autoridades mexicanas para ampliar las investigaciones sobre el caso.
En entrevista con el periódico El Universal, el 29 de junio pasado el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional afirmó que “el caso Tlatlaya le ha costado muy caro al Ejército y pidió no hacer juicios adelantados, pues a pesar de su molestia, algunos medios han dado ya su veredicto y han declarado culpables a los militares sin que se haya iniciado aun un juicio, por lo que insta a que se inicie el juicio… Si los soldados se equivocaron, tendrán que ser castigados, pero si no lo hicieron, se tendrá que reconocer su inocencia…”, dijo.
El juicio a los militares presuntamente involucrados en la muerte de 22 personas en Tlatlaya sigue pendiente. ¿Por qué? Los argumentos van y vienen; acusaciones y justificaciones pasan al mismo tiempo; negativas y afirmaciones están a la vista…
Sin duda, la inteligencia militar de la Sedena sabe la verdad de lo ocurrido. El Cisen también, que es decir, el gobierno mexicano. ¿Entonces por qué callar? ¿Por qué guardar en secreto un tema que les hace tanto daño y que intenta resguardar la verdad para ocultar qué?…
Muy sano y ejemplar sería para el gobierno mexicano reconocer que sí, que en efecto los militares se “equivocaron” esa madrugada y, por lo mismo, deberán ser sometidos al proceso de ley. Un Estado de Derecho se fortalece, precisamente, ejerciendo el Derecho, la justicia, la legalidad y la verdad: Principios que construyen a un Estado democrático.
Y sería un motivo de reconocimiento que –si ocurrió– una institución como la Sedena reconociera que se cometieron excesos y atentados a los derechos humanos que tienen que pasar por la Ley; esto generaría confianza en la Institución y en sus hombres y fortalecería eso, precisamente: El Estado de Derecho.
*Es periodista y editor originario de Oaxaca. Ha sido editorialista en unomásuno, La Jornada, El Financiero y más. Fue coordinador de opinión de El Financiero y director de Opinión de El Universal. Fue editor en la UNESCO y de Le Monde Diplomatique. Ha coordinado obras como: “Planes en la nación mexicana”, con El Colegio de México y “Pensar a David Ibarra”, el más reciente.
@joelhsantiago
