OAXACA, OAX., julio 19.- Este domingo, cerca de 400 comuneros de Santa María Chimalapa, Oaxaca, quemaron urnas, el palacio municipal e impidieron la elección de diputado local y presidente del municipio de Belisario Domínguez (creado ilegalmente por Chiapas en territorio oaxaqueño), además de retener a cuatro funcionarios del Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Chiapas.
Miguel Ángel García Aguirre, coordinador regional del Comité de Defensa de los Chimalapas, refirió que los comuneros zoques de Santa María Chimalapa se concentraron desde las 10:00 horas en El Jícaro, agencia de Zanatepec del Istmo de Tehuantepec.
De ahí subieron a Belisario Domínguez (anteriormente denominado Rodulfo Figueroa) para evitar la elección, argumentando esa acción del Instituto Electoral de Chiapas desacataba la suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el litigio de la invasión del territorio oaxaqueño en esa zona de la selva de los Chimalapas.
“Ante la burla que pretendían hacer le al pueblo chimalapa y al pueblo oaxaqueño, los tres gobiernos: el de Chiapas, en desacato a suspensión de la Suprema Corte; el federal por avalarlo y el de Oaxaca por ser cómplice por omisión e incapacidad, más de 400 comuneros chimas, tanto de la cabecera de Santa María, como de la zona oriente, se movilizaron indignados y quemaron palacio municipal del ilegítimo e ilegal municipio chiapaneco de Belisario Domínguez, se llevaron las urnas y se llevaron retenidos a cuatro funcionarios del Instituto Estatal de Participación Ciudadana”, reportó.
NO HUBO LESIONADOS
García Aguirre aseguró que existe una flagrante violación por parte del gobierno del estado de Chiapas a las dos suspensiones de plano emitidas desde fines de 2012, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –por el juicio de controversia constitucional presentado por el Gobierno del Estado de Oaxaca– como por el Juzgado Federal Sexto de Distrito.
Además de dos amparos en materia agraria, presentados por las autoridades comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa, en el que ambas instancias judiciales, ordenaron a ambos gobiernos –Oaxaca y Chiapas– a no efectuar ningún acto político ni administrativo en relación al territorio señalado como invadido.
“Específicamente le ordenó al gobierno chiapaneco, a suspender toda actividad formal del supuesto municipio Belisario Domínguez, en tanto no se dirima y se dicte sentencia en ambos juicios”, apuntó.
Sin embargo, dijo que hay una impune violación a esos mandatos judiciales federales, porque el Gobierno de Chiapas, en los últimos dos meses, a través de su Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC) ha organizado, coordinando y validando todas las acciones que conlleva el proceso para la elección de presidente municipal en el citado municipio de Belisario Domínguez, incluyendo el registro de candidatos y el desarrollo en el terreno de las campañas electorales.
Así como la realización misma de los comicios con instalación de casillas e urnas, las cuales se realizarían este domingo 19 de julio.
Lamentó que el Gobierno de Oaxaca no se hayan percatado de esos ilegales hechos “que son altamente lesivos y agraviantes para todo el pueblo oaxaqueño, ni hayan efectuado una sola gestión para impedirlos”.
García Aguirre exigió la inmediata presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un incidente de queja por violación a la suspensión de plano, emitida por la máxima autoridad judicial del país desde el 20 de diciembre de 2012.
Además, realizar de forma inmediata y urgente todas las gestiones ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y ante las instancias electorales correspondientes para anular de forma absoluta y total, el proceso de elección, tanto del presidente municipal de Belisario Domínguez, como del diputado local correspondiente a dicho distrito electoral estatal.
Asimismo, demandó al gobernador Gabino Cué Monteagudo una explicación pública al pueblo de Oaxaca y a las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapa del por qué su gobierno no actúa de forma oportuna y eficaz, ni realiza las gestiones jurídicas y políticas necesarias frente a las continuas y sistemáticas acciones de invasión territorial y depredación ecológica, promovidas por diversas instancias del gobierno chiapaneco, mismas que violan sistemáticamente la soberanía del estado de Oaxaca.
