OAXACA, OAX., julio 23.- Comuneros zoques de Santa María Chimalapa liberaron la noche de este miércoles 22 de julio de 2015 a dos capacitadores del Instituto Electoral del Estado de Chiapas, que mantenían retenidos desde el pasado domingo 19.
Se trata de Amín Óscar Vásquez Escobar, de 38 años de edad, y Adael Cruz Arce, de 32 años de edad, ambos originarios del vecino estado de Chiapas.
Los dos capacitadores electorales de Chiapas estuvieron bajo “arraigo comunitario” en el palacio municipal de Santa María Chimalapa por el conflicto limítrofe entre Oaxaca y Chiapas.
Junto con el subprocurador regional de Justicia en la región del Istmo oaxaqueño, Luis Sánchez Castellanos, salieron a las 18:45 horas de Santa María Chimalapa.
El funcionario judicial y el comandante regional de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Carlos Roberto Peralta Martínez, al frente de elementos de esa corporación, llegaron a la población zoque luego de que el Cabildo encabezado por Silaín Hernández González y el síndico municipal, Edel González Lázaro, aceptaran liberar a los chiapanecos.
El subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, así como el coordinador regional de esta dependencia en el Istmo, Venustiano Gutiérrez Reyna, y el Subprocurador Regional de Justicia, se encargaron de la atención de este caso desde el día en que se registraron los hechos en la población de Belisario Domínguez (municipio que fue fundado por Chiapas, pero que está ubicado en territorio oaxaqueño) y fueron los interlocutores con las autoridades municipales e integrantes del Comisariado de Bienes Comunales.
Los indígenas zoques exigen al gobernador Gabino Cué Monteagudo realizar una defensa contundente ante las invasiones de talamontes y comuneros del estado de Chiapas o, de lo contrario, advierten que se declararán como “municipios autónomos”.
Ante lo que consideran un abandono gubernamental, los comuneros de Santa María Chimalapa decidieron impedir la elección en el “ilegal” municipio chiapaneco de Belisario Domínguez, asentado en territorio de Oaxaca, donde el domingo pasado quemaron el palacio municipal, las casillas, una patrulla y una ambulancia.
Incluso, emitieron un ultimátum: “Sí el gobierno de Oaxaca sigue insistiendo en dejarnos solos, existe la posibilidad de crear un Estado Autónomo; no podemos permitir que los chiapanecos nos quiten 124 mil hectáreas, 87 mil que corresponden a territorio de Santa María Chimalapa y 37 a San Miguel Chimalapa”, señaló el edil Silaín Hernández.
Recordó que “el sábado (18 de julio) en asamblea comunitaria decidimos salir a defender lo que es nuestro; viajamos a bordo de 32 vehículos; fuimos más de 500 comuneros; aquí no hay líderes o dirigentes; esta defensa es de hombres y mujeres, ciudadanos zoques que queremos que el estado de Chiapas desaloje inmediatamente o nos iremos solos; la lucha la emprenderemos porque deseamos nuestra paz social, no queremos más conflictos”.
Por su parte, habitantes del vecino San Miguel Chimalapa decidieron conformar un Comité Comunitario y desconocieron a las autoridades estatales y municipales porque “se han vendido a los intereses del gobierno de Oaxaca, sin preocuparse por la impune invasión, el despojo y la destrucción de nuestro territorio ancestral y de nuestros bienes naturales”.
“Nuestro Comité surge por la preocupación e indignación de ver cómo nuestras propias autoridades comunales y municipales de San Miguel Chimalapa, se han vendido a los intereses del gobierno de Oaxaca, y se han preocupado más por repartirse entre ellos y sus familiares los recursos, programas y proyectos, sin preocuparse por la impune invasión”, indicaron.
La base comunal de San Miguel Chimalapa y de las Congregaciones de Vista Hermosa, Cieneguilla, Los Limones, Zapata, Las Conchas, Cuauhtémoc Guadalupe, La Cristalina y El Porvenir, “decidimos auto-organizarnos por encima de intereses de grupo y de partidos políticos para defender el patrimonio que nos han heredado nuestros antepasados y que heredaremos a nuestros hijos e hijas”, explicaron.
Además, manifestaron su “total rechazo a la impune política invasora promovida desde hace 60 años y llevada adelante ahora por los gobiernos de Manuel Velasco y el municipal de Cintalapa, contando siempre con la protección y el aval que les brinda el gobierno federal”.
