OAXACA, OAX., agosto 17.- Al rendir el tercer informe de actividades de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el titular del organismo, Arturo Peimbert Calvo, advirtió que no es posible asumir que hemos avanzado en derechos humanos por contar con una ley de vanguardia mundial que pone en la letra el mayor beneficio a favor de la persona, cuando en los hechos el interés humano es relegado al final de la lista o, simplemente, excluido.

Subrayó que “en un tiempo de alevosías y de fracasos, no podemos asumirnos en el autoengaño de un supuesto progreso mexicano que no alcanzamos a percibir, a diferencia de la acendrada pobreza que contrasta con todo el discurso público”.

Dijo que, en el contexto en el que presenta este tercer informe anual de actividades y el actuar de la institución a su cargo en la tarea de defender los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, el aumento de acciones de la Defensoría “es en sí una denuncia de las fallas en la actuación de las autoridades”.

Peimbert Calvo cuestionó que sea posible asumir esta sociedad como vanguardista en la defensa del pueblo y de sus derechos, cuando todos los días del año mueren en Oaxaca mujeres, hombres, niñas y niños por problemas de salud totalmente prevenibles, y los indicadores de desarrollo humano “son utilizados perversamente para demostrar técnicamente la disminución del hambre y la pobreza”.

Puntualizó que “sólo en tiempo de alevosías se puede plantear que con leyes, decretos y nuevas instituciones se solucionarán los graves problemas estructurales, cuando a los agentes estatales encargados de impartir justicia les genera prurito el pobre, el indígena, el campesino, el distinto, a quienes aún juzgan y condenan lejos de las reformas e instrumentos novedosos que son enaltecidos con orgullo en cada  brindis oficial”.

Denunció la desmantelación del campo en México, y particularmente en Oaxaca, al señalar que no sólo se decidió dejar de invertir en la tierra y la generación del alimento, sino que desde la función pública, personas que han enarbolado la lucha social y han tenido la oportunidad de impulsar el campo oaxaqueño, “optaron por el subejercicio presupuestal, atentando contra el derecho de toda una población a la alimentación y al desarrollo”.

El ombudsman insistió en señalar que este tiempo está marcado por el drama del hambre, por la crisis del campo, por el colapso estrepitoso de la política económica mexicana “que obliga entre otras cosas a que se autoexilien nuestros paisanos mixtecos y triquis, quienes deciden convertirse en esclavos en lugares como San Quintín, porque aquí en Oaxaca su única posibilidad es la inanición”.

Peimbert Calvo reflexionó en que en estos tiempos la sociedad nacional discute sobre la educación y tiende a olvidar que el hambre está en las aulas, y que “el fracaso en la política económica, social y agropecuaria en México y en Oaxaca está concatenado a la crisis educativa”.

Subrayó que en México y en Oaxaca, la realidad confronta a la política gubernamental de derechos humanos cuando ésta es rebasada por la imposición de la Policía Federal y el ejército en las calles, “síntoma inequívoco de que la política misma fue rebasada”.

El Ombudsman consideró que la fuerza jamás podrá ser un recurso legítimo de la autoridad para frenar el adelanto de la ciudadanía, por lo cual los gobernantes deben acelerar el paso para alcanzar a la vanguardia social, en vez de detener el avance democrático.

Peimbert Calvo resaltó que la defensa de los derechos humanos ha sido hasta ahora una válvula de escape para la presión social ante el abuso de poder, y advirtió que, de persistir la insistencia de las autoridades para cancelar a la ciudadanía esta opción, quedaría un escenario de confrontación y violencia que nadie desea.

“Hoy las autoridades están obligadas a comprender la historia y percatarse de que cuando se agotan todas las vías, lo que sigue es la insurrección”, recalcó.

Expuso que mientras no se atienda integralmente el capítulo de la educación en México, “fracasará cualquier reforma, cualquier decreto, cualquier institución nueva o vieja. Y en lo que esta discusión se resuelve tenemos enfrente una población en estado de indefensión por falta de educación y preparación frente a esta gravísima crisis”, por lo cual demandó que la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo planea el gobierno resolver la cuestión.

El titular de la Defensoría apuntó que la situación de las personas migrantes en Oaxaca es una muestra de que México ha fallado en su obligación humanitaria, pues “en territorio nuestro se ataca al hombre, a la mujer, niña o niño que migra; se les humilla, roba, viola o asesina, mientras se empoderan cada vez más las mafias del crimen organizado que encuentran protección en algún nivel de gobierno”.

Peimbert Calvo consideró que, por estas condiciones, en México y en Oaxaca han fracasado las políticas de derechos humanos, lo cual alimenta las listas del feminicidio, de ejecuciones extrajudiciales, de personas detenidas ilegalmente, torturadas, desparecidas, de poblaciones empobrecidas, desplazadas, de personas enfermas sin la mínima atención”.

Citó como muestra de esta falla los casos de Yakiri Rubio Aupar, de quien reveló está en riesgo de muerte junto con su abogada por defenderse de una violación, y recordó al fotoperiodista Rubén Espinosa, a la defensora Nadia Vera y otras tres mujeres “asesinados con el tiro de gracia, ante la inoperancia de un sistema federal de protección a periodistas y defensores”.

El Ombudsman no dejó de recordar a los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada en Iguala, a los miles de migrantes que mueren en su camino por México, la impunidad “en asesinatos arteros como los de la defensora como Bety Cariño y el activista Jiry Jakkola y que permite que un niño sea asesinado en Amoltepec por disputas político-presupuestales.

Peimbert Calvo también expresó que el fracaso de las políticas humanitarias ocasiona que en Oaxaca sigan muriendo mujeres por cáncer cervicouterino como primera causa, habiendo una vacuna presupuestada y etiquetada en el sector salud.

Evocó, asimismo, a los cuatro periodistas asesinados en Oaxaca durante este año, a los golpeados y a los amenazados por policías o por otras autoridades; a las y los defensores de derechos humanos hostigados y atacados por levantar la voz frente a la alevosía, “por pretender usar el derecho como instrumento para detener la afrenta contra el pueblo”.