Las dudas por la tragedia de Iguala han llegado a la ONU. El Comité de Desapariciones Forzadas, en su último informe sobre México, propina un varapalo a las investigaciones “tardías y deficientes” emprendidas por la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, y en una inesperada vuelta de tuerca pide un “replanteamiento general” de las pesquisas en consonancia con el análisis de un grupo internacional de expertos que ha cuestionado las tesis oficiales. Como remate, solicita que se permita a dichos especialistas interrogar a los soldados presentes esa noche en Iguala, un punto rechazado por el Ejecutivo y que es visto como una agresión por el intocable estamento militar mexicano.

México es una tierra poblada de espectros. Más de 25.000 desaparecidos desde 2006 han convertido al país en una enorme tumba sin nombre. Y los intentos de cerrarla han fracasado. “La impunidad generalizada perdura como un patrón crónico y favorece la perpetración de desapariciones forzadas”, sostiene Naciones Unidas.

A lo largo de 300 páginas, el comité revisa los trabajos iniciados y prometidos por el Estado mexicano para hacer frente a esta lacra. El resultado es desolador. Aunque advierten algunos avances, los expertos de la ONU sostienen que prevalece la misma “situación deteriorada” que hace cuatro años, cuando giraron visita al país. No hay, a su juicio, un diagnóstico ni una admisión del problema al más alto nivel. “Esta falta de reconocimiento cabal se evidenció de manera cruda con la desaparición de forzada de 43 estudiantes normalistas de Iguala en septiembre de 2014 y las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron”, destaca la ONU, antes de entrar de lleno en la última polémica en torno a este caso y que tiene como protagonista al Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Estos especialistas, tras una revisión de seis meses, no solo han solicitado la apertura de nuevas líneas de investigación, haciendo tambalear el cierre del caso, sino que han puesto en marcha una bomba de relojería al asumir el trabajo de un perito internacional, el peruano José Torero, que niega que en el basurero de Cocula se hubiese incinerado a los normalistas. Esta hipótesis tiene efectos sísmicos. La hoguera de Cocula es el punto conclusivo de las confesiones de los sicarios detenidos. Pero si no hubo tal fuego, sus declaraciones tampoco serían ciertas, por lo que, como en un árbol contaminado, colapsaría el núcleo de la versión oficial.

Frente a esta andanada, la policía se ha mantenido firme. Sus investigadores sostienen que sus tesis vienen avaladas por 487 informes periciales, 386 declaraciones, 114 detenidos, 95 líneas telefónicas intervenidas y un sinfin de registros. Es más, consideran que el dictamen del perito internacional parte de un supuesto, la necesidad de 800 kilos de madera para quemar un solo cuerpo, rechazado por colegas de más prestigio y fácilmente refutable.

Ante la polémica, el grupo de trabajo de la ONU se ha alineado con sus colegas del GIEI y pide un “replanteamiento general” de la investigación de Iguala. En este contexto, también respalda que se permita interrogar al personal militar presente aquella noche en la ciudad, un punto de extrema sensibilidad y cuya sola mención levanta ampollas en un generalato poco acostumbrado a rendir cuentas al poder civil.

El presidente Enrique Peña Nieto, consciente de la enorme volatilidad emocional del caso, ha dado orden de evitar la confrontación pública y ha mostrado su apertura a nuevas investigaciones. La semana próxima se cumplirá un año de la matanza y las heridas abiertas por aquella tragedia aún no se han cerrado. Los padres rechazan la tesis oficial y las encuestas muestran que una mayoría de la población sigue siendo escéptica. En un entorno de fuerte desconfianza institucional, la posibilidad de que cualquier chispa desencadene una marea de protesta es muy alta. Iguala, a estas alturas, ya ha superado los estrechos límites de un caso judicial y se ha erigido en símbolo, en un recordatorio de la noche oscura que persigue a Mexico.

"No sé ni por dónde empezar", dice, con voz entrecortada, la exdiputada federal Rocío Morgan. Recién se ha enterado de que una de sus colegas y amigas más cercanas, la exlegisladora María Elena Cruz Muñoz, está entre las víctimas mexicanas que murieron en el ataque ocurrido el pasado domingo en Egipto. Las dos fueron compañeras en la 57 legislatura de la Cámara de Diputados de México (1997-2000) y su relación era tan cercana que compartían piso cuando vivían en el DF. "Éramos muy jóvenes", recuerda ahora con una voz firme pero que no logra esconder un nudo en la garganta. "Era una persona muy prudente, discreta. Todo lo contrario a mí. Yo soy de Sinaloa [noroeste de México]. Yo soy bronca, soy bocona. Mucha veces le pregunté: María Elena, ¿cómo lo haces?". La confirmación de su muerte ha caído como un balde de agua fría para el grupo de amigos que conocía a Cruz, que sabía de su carrera, su discreción y su activismo en favor de las mujeres aun dentro de las filas del conservador Partido Acción Nacional, donde militaba.

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Cruz era una de las tres mujeres que eran parte del grupo parlamentario del PAN que representaba Jalisco, un total de 21 diputados. Morgan recuerda que en aquella legislatura, histórica en sí misma  pues fue la primera que consiguió arrebatar la mayoría al PRI en 67 años gracias a un bloque inédito entre el conservador PAN y el PRD, que se define de izquierdas, María Elena Cruz se convirtió en una bisagra para sacar adelante los acuerdos dentro de la primera Comisión de Equidad de Género en la historia de México.

"Era una feminista, pero también compartía los valores que nos unen a nuestro partido". Morgan, que es profesora de la Universidad Panamericana y de la Universidad de Guadalajara, comenta que Cruz es oponía a la legislación del aborto, pero que impulsó otra serie de iniciativas (como equidad laboral) dentro de la Comisión.

El viaje que llevó a Cruz a Egipto es un reflejo de su personalidad, explica su amiga. El convoy que llevaba a los turistas mexicanos era guiado por Marisela Rangel, que está ingresada en un hospital en El Cairo, y su objetivo era realizar un recorrido espiritual. "Tenemos un grupo de chat con algunos de los legisladores de aquella época, y justo recordábamos que ella transmitía mucha paz".

Tras abandonar la legislatura, Cruz se dedicó a dar clases y fue funcionaria en el ayuntamiento de Guadalajara. No regresó a los grandes focos de la política mexicana. Morgan comenta: "Es importante que se recuerde ahora, que el trabajo legislativo en México está tan desprestigiado, tan puesto en duda,  y que sí, hoy mismo hay mucha gente inútil en la Cámara de Diputados, que se sepa que hubo legisladores que simplemente hicieron su trabajo, que cumplieron con su deber sin buscar fama o un premio a cambio". Y Morgan asegura con firmeza que el nombre de María Elena Cruz Muñoz pertenece a ese selecto y discreto grupo.