OAXACA, OAX., septiembre 21.- Sin dar nombres, el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Manuel de Jesús López López, anunció que los “aviadores” detectados en la nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) estarán obligados a devolver los sueldos cobrados de forma ilegal, sólo de tres años atrás, a partir de la notificación de la Contraloría.
El ex procurador General de Justicia del Estado indicó que para ello se realiza una auditoría al IEEPO que podría dar lugar a un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de aquéllos que se dedicaron a cobrar sus quincenas sin realizar sus labores.
El ahora Contralor refirió que en el buzón ciudadano del IEEPO se tienen registradas 116 denuncias y aún faltan por reportarse las que tiene documentadas el propio instituto educativo que no ha revelado el número exacto.
López López informó que un equipo realiza las revisiones de tres años atrás, “se trata de tener todos los elementos para actuar en consecuencia”.
Respecto a la posibilidad de que éstas personas regresen el dinero que cobraron sin haberlo ganado legalmente, el funcionario consideró que “si se acredita que hubo doble empleo y no hubo compatibilidad de horarios, puede suceder”.
El doble empleo, aclaró, es cuando estando supuestamente en horario de trabajo, hacía cualquier otra actividad en otro sitio distinto al asignado.
López López indicó que también puede llegar a imponerse una sanción económica partiendo de lo que se cobró; “nosotros estamos partiendo de la fecha actual, tres años hacia atrás, estamos revisando los archivos y expedientes para tener certeza de lo que hicieron esas personas”.
Explicó que aun cuando hayan aviadores con más de tres años de cobros ilegales, el procedimiento resarcitorio administrativo en materia de responsabilidad para servidores públicos establece como máximo una penalidad de tres años.
El artículo 77 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Oaxaca establece las facultades para imponer las sanciones de la ley y en qué momento prescribirán.
La ley establece que prescribirá en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede del equivalente de diez veces el salario mínimo general mensual en el estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero; el plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado si fuera de carácter continúo, o en tres años los demás casos.
