OAXACA, OAX., septiembre 24.- Tras advertir que la presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Estado, Leslie Jiménez Valencia, y el gobernador Gabino Cué Monteagudo podría ser destituido de sus cargos respectivos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este jueves al Congreso del Estado aprobar en el periodo de sesiones (del 15 de noviembre al 15 de abril) la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

El máximo tribunal del país analizó el expediente 48/2014 de la Controversia Constitucional promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca.

Y es que el Peña Nieto, demandando la invalidez de la omisión de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, de armonizar el marco normativo estatal en materia educativa al Decreto por el que se reformó el artículo 3, fracciones III, VII y VIII y 73, fracción XXV, y se adicionó un párrafo tercero, inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3° de la Constitución Federal.

La reforma educativa federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013

La ponencia fue a cardo del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Y tras los posicionamientos el Pleno de la SCJN resolvió que Cué Monteagudo y la LXII Legislatura, ha incurrido en omisión legislativa absoluta, al no armonizar sus leyes con la reforma constitucional, ni con las leyes generales de Educación y Servicio Profesional Docente.

De no hacerlo en el tiempo que estableció la Suprema Corte, tanto los líderes de la Mesa Directiva como de la Junta de Coordinación Política, así como el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo, podrían ser destituidos por la SCJN.

Por ello, la SCJN los emplazó a que a más tardar en abril de 2016, armonicen la legislación local a los criterios que marcan las leyes federales educativas o de lo contrario serán declarados en desacato y destituidos.

A través de la Controversia Constitucional, Peña Nieto, recordó que los gobiernos y congresos locales tenían un plazo de seis meses, a partir de la reforma constitucional de febrero de 2013, para hacer las modificaciones legales en materia educativa.

Así, el plazo para que los congresos locales armonizaran su ley a la Constitución feneció el pasado 12 de marzo de 2014.

“A la fecha de esta resolución es evidente que ha transcurrido, un año seis meses, sin que de las constancias de autos se ha demostrado que se hubiera emitido la ley correspondiente”, expuspo el ministro Pardo Rebolledo.

Refirió que como buenas intenciones, Cué Monteagudo y la LXII Legislatura, justificaron ante la SCJN convocatorias, reuniones de trabajo, pactos con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y foros de análisis.

Además los diputados y diputadas de Oaxaca, argumentaron que no se puede aprobar nada sin consulta previa a los pueblos indígenas, no obstante esos argumentos fueron rechazados por los ministros de la SCJN.

Aun cuando los ministros admitieron que Cué Monteagudo presentó en octubre de 2014 una iniciativa de ley educativa, también lo señalaron de omiso y lo vinculan a una responsabilidad de no acatar la sentencia de la SCJN.

Los ministros, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, indicaron que sería “injusto” señalar a Cué Monteagudo por la omisión, porque al menos presentó su iniciativa y no puede ordenarle al Congreso que la apruebe.

Sin embargo, el ministro Arturo Zaldivar, dijo que de no cumplirse la sentencia a más tardar el próximo mes de abril del 2016, revisaran qué ha hecho gobernador, el Congreso y determinar sus responsabilidades.

“No estamos analizando responsabilidades, estamos dando un mandato a los órganos que llevan el proceso legislativo en Oaxaca para que armonicen su legislación con la Constitución, si eventualmente hubiera un incumplimiento a esta sentencia, ya sería cosa de ver quién ha hecho qué y qué responsabilidad tiene cada actor”, asestó.

En tanto, el Ministro, José Ramón Cossío advirtió que la iniciativa de Cué Monteagudo, probablemente ya está rebasada por los fallos de la SCJN, en los que aclaró que los Estados no pueden fijar reglas sobre servicio profesional docente.

“Lo que se hizo antes de presentar iniciativas, está bien pero no creo que queda satisfecho ante el nuevo mandato, ahí sí creo que lo anterior no tiene peso respecto de lo actual”, aclaró.

Aun cuando los ministros reconocieron que Cué Monteagudo, presentó su iniciativa, coincidieron que hubo omisión legislativa.