Estados Unidos aceptará en 2016 a 15.000 refugiados más de los previstos y en 2017 a 30.000 más, según anunció este domingo el secretario de Estado, John Kerry. El lugar del anuncio no fue casual: Alemania, el destino preferido de las decenas de miles de refugiados que han llegado a Europa en las últimas semanas y el país que lidera la respuesta europea a esa crisis.

La Casa Blanca dijo la semana pasada que EE UU planea acoger a al menos 10.000 refugiados sirios durante el año fiscal 2016, que comienza el próximo 1 de octubre. Esa cifra quedará incluida dentro del nuevo techo de 85.000 visados para refugiados de cualquier país en el año fiscal 2016. Hasta ahora, el techo era de 70.000.

En 2017, el límite se incrementará a 100.000. Y Kerry dijo este domingo que EE UU tratará de ampliar más ese techo en los años posteriores mientras mantiene un análisis “robusto de seguridad” de los solicitantes. El Gobierno puede aprobar los nuevos límites, pero depende del Congreso para lograr fondos adicionales.

El anuncio del secretario de Estado, tras reunirse en Berlín con su homólogo alemán, es el paso más significativo de la Administración de Barack Obama ante la llegada masiva de refugiados a Europa, propiciada por la inestabilidad en Siria tras cuatro años de sangrienta guerra civil.

El presidente busca encontrar un equilibrio entre las voces que le piden mayor generosidad -aceptar a 100.000 ciudadanos sirios- que haga honor al origen inmigrante de este país y las que alertan del riesgo de que entre los refugiados haya posibles extremistas islámicos.

Tras los atentados del 11-S en 2001, la cifra de refugiados en EE UU cayó drásticamente al endurecerse los controles de seguridad.

“La necesidad es enorme, pero estamos determinados a responder a la llamada”, dijo Kerry. “Este paso mantiene la mejor tradición estadounidense como una tierra de segundas oportunidades y un modelo de esperanza”.

El jefe de la diplomacia estadounidense no especificó cuántos refugiados sirios podrían beneficiarse de la ampliación de visados. EE UU ha acogido a alrededor de 1.500 sirios desde el inicio del conflicto en 2011, una cifra muy inferior a la de Europa.

Kerry ha dicho en los últimos días que la crisis migratoria acentúa la necesidad de abordar el caos en Siria. El viernes, Washington inició conversaciones militares con Moscú sobre la situación en el país árabe. Desde hace un año, EE UU bombardea posiciones del Estado Islámico en Siria. Y el sábado, el secretario de Estado se mostró flexible en los plazos de una hipotética renuncia del presidente sirio Bachar el Asad.

De los tres pontífices que han visitado Cuba en los últimos 17 años, Jorge Mario Bergoglio está siendo, de forma sorprendente, el menos crítico con el régimen de los hermanos Castro. Si bien es verdad que ni Juan Pablo II en 1998 ni Benedicto XVI en 2012 se reunieron tampoco con la disidencia, sí realizaron llamamientos al cambio político, mientras que Francisco aún no lo ha hecho. Una circunstancia que llama más la atención dada la trayectoria, no pusilánime precisamente, de Bergoglio al frente de la Iglesia.

De Karol Wojtyla se recuerda aquella frase redonda —“que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba”—, pero también algunos términos de la conversación que, en 1996, mantuvo con Fidel Castro en el Vaticano. Juan Pablo II le dijo que su régimen tenía que abrirse, a lo que el presidente cubano respondió: “No puedo hacerlo, porque tengo una pistola en la sien”. El pontífice polaco le replicó: “Tú ábrete al mundo que yo te quito la pistola”. Hasta Joseph Ratzinger formuló hace tres años propuestas más claras que las de Bergoglio, advirtiendo al régimen de “la irracionalidad y el fanatismo” de quienes imponen su verdad a los demás.

Teniendo en cuenta tales antecedentes y el proceso de acercamiento hacia Estados Unidos, las vísperas de la visita papal estuvieron rodeadas de gran expectación ante lo que Bergoglio, de frente a Raúl Castro y con el mundo de testigo, pudiera decir. Pero, tres días después de su llegada a La Habana, el Papa sigue sin decir nada relevante. Más aún: sus únicos gestos de afecto han sido para los hermanos Castro. Ni una frase de respaldo o comprensión para quienes, durante más de medio siglo, han sido perseguidos por oponerse al régimen.

Tal frialdad hacia la disidencia ha sorprendido incluso a algunos periodistas, viejos amigos de Bergoglio para más señas, que viajan en la comitiva papal. “¿Sabe el Papa que más de 50 activistas han sido detenidos durante estos días para evitar que se le acercaran?”, preguntó este lunes uno de ellos a Federico Lombardi, portavoz del Vaticano. Lombardi, visiblemente incómodo, no lo aclaró: “No tengo nada más que decir sobre esto”. Por si fuera poco, durante la jornada del domingo trascendió que la policía cubana había impedido que un par de reconocidas opositoras se acercaran a saludar al Papa, invitadas al parecer por el nuncio episcopal, Giorgio Lingua. Las detenciones, reveladas por la disidencia, provocaron que el portavoz papal tuviera que reconocer que “ni estaba ni está previsto” un encuentro con la disidencia, pero que sí hubo una operación fallida para que las opositoras saludaran “de pasada” a Francisco.

La única explicación que algunos aciertan a pergeñar en la comitiva papal es que Jorge Mario Bergoglio no quiere hacer nada que perjudique el acercamiento —que él ayudó a fraguar— entre los Gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. Hay quien sostiene que deslegitimar de forma pública al régimen castrista en un momento tan delicado podría enfriar la sintonía del triángulo Obama-Castro-Bergoglio y, como consecuencia, frenar los avances. Y hay quien, abundando en la misma dirección, asegura que “los dictadores pueden aceptar en privado recomendaciones que en público rechazarían de forma frontal”. Sea cual sea el verdadero motivo, lo cierto es que el cambio de actitud radical de Francisco —de escribir encíclicas contra los poderosos de la Tierra a quedarse mudo ante los Castro— ha sembrado el desconcierto en una comitiva que este lunes llegó, tras pasar por Holguín, al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

La sombra de Iguala persigue al Ejército mexicano. La salvaje cacería de estudiantes normalistas desatada la noche del 26 de septiembre pasado y que acabó con seis muertos y 43 desaparecidos fue conocida e incluso presenciada por soldados y oficiales. Las declaraciones de dos miembros de la inteligencia militar, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan cómo el 27 Batallón de Infantería, destacado en Iguala, y su cuartel general, en Chilpancingo, recibieron información de primera mano de la vorágine. Pese a ello, el Ejército mantuvo la distancia y dejó que la Policía Municipal, un apéndice del narco, apresase a los jóvenes. "No te acerques mucho ni te arriesgues", llegó a decirle un oficial de inteligencia a un agente en uno de los ataques.

Las declaraciones del teniente Joel Gálvez y del soldado Eduardo Mota a la Procuraduría General de la República muestran el conocimiento que tuvo la inteligencia militar de la tragedia. Un convulso episodio en el que la Policía Municipal, a las órdenes del cártel de Guerreros Unidos, desató una persecución que sumió Iguala en el caos. Los comercios cerraron, los vecinos se refugiaron en sus casas. Durante la caza dos estudiantes murieron a balazos, otro fue desollado, y tres personas ajenas a los hechos fueron tiroteadas al ser confundidas con normalistas. Todo, sin que los militares intentaran impedirlo.

El flujo de información partió del denominado C-4, un sistema de coordinación de seguridad en el que también participaba la policía estatal y federal. Allí, un sargento mantenía al tanto al oficial de inteligencia, quien a su vez ponía en conocimiento de la espiral de violencia a su superior, el coronel José Rodríguez Pérez, y al cuartel central de la 35 zona militar, al mando del general Alejandro Saavedra Hernández.

El teniente Gálvez, según su relato, recibió al menos nueve llamadas. En la primera, el oficial ordenó al soldado Mota, encargado de comunicaciones y encriptación, acudir a uno de los focos de tensión, a pocos metros de la central de autobús. Allí la Policía Municipal rodeaba un transporte repleto de normalistas e intentaba someterlos mediante gases lacrimógenos y amenazas: "¡Si no bajan, les irá peor!", les gritaban. Los que se rendían quedaban tendidos boca abajo. Era su sentencia de muerte. Este contingente de detenidos acabaría siendo entregado a los sicarios.

El agente de inteligencia tomó fotos y, tras ser conminado por su teniente a no acercarse, regresó a su batallón. A partir de ese momento se sucedieron las llamadas del C-4 y también las peticiones de ayuda de ciudadanos. Los militares, bajo órdenes del coronel, empezaron a patrullar la ciudad. Acudieron a los sitios donde se habían refugiado por decenas los normalistas, entre ellos, el Hospital General y la Clínica Cristina, se toparon con heridos graves, alguno al borde de la muerte, y escucharon los relatos del terror. El cuartel general fue informado.

Un paseo entre cadáveres

En su recorrido encontraron varios cadáveres. Primero, dos estudiantes tiroteados a los que ni siquiera se acercaron. Luego, los tres acribillados en el ataque al autobús del equipo de fútbol Los Avispones, que la Policía Municipal confundió con normalistas. Ya al alba, las primeras luces descubrieron el rostro desollado y sin ojos del estudiante Julio César Mondragón.

Cuarenta y tres estudiantes desaparecieron esa noche. Nunca más fueron vistos con vida. La reconstrucción oficial, rechazada por las familias, sostiene que fueron entregados por la Policía Municipal a Guerreros Unidos. A golpes, a tiros o asfixiados, fueron asesinados. Con sus cuerpos se alimentó un fuego bárbaro que aún hoy espanta a México.

Las declaraciones contenidas en el sumario muestran, cuando menos, la pasividad del Ejército. Fueron testigos de la cacería sin evitarla. ¿Por qué no intervinieron? Tanto el anterior procurador general, Jesús Murillo Karam, como el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sostienen que la ley impide a los militares actuar fuera de sus cuarteles si no es bajo petición de la autoridad civil, algo que no ocurrió esa noche, y que de haberse sustanciado habría puesto al Ejército bajo el mando del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, un peón del cártel de Guerreros Unidos. "De haber salido hubiéramos creado un problema mayor", ha sentenciado Cienfuegos.

Este argumento tiene detractores. El grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos, invitado por México a revisar el caso, ha denunciado la indefensión que sufrieron los estudiantes. "Ninguna fuerza del Estado que tuvo conocimiento de los hechos actuó en protección de los normalistas", ha señalado.

Otro punto de fricción procede de la negativa del generalato a abrir las puertas a la citada comisión para que tome declaración a los militares. "Si nuestros soldados no han sido señalados en ninguna de las averiguaciones, ¿cuál es la razón de ir a los cuarteles?", ha proclamado el general Cienfuegos. Su negativa ha soliviantado a los familiares de las víctimas. Los padres han desconfiado desde el primer momento de la versión oficial. Y ahora, cerradas las puertas del regimiento, consideran que una parte de la verdad de Iguala se les escapa.