OAXACA, OAX., octubre 20.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) acreditó violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos de la Secretaría de Administración del gobierno estatal, que dirige Alberto Vargas Varela, en contra de una empleada embarazada y despedida sin justificación, lo que implica discriminación por motivos de género.

La Defensoría abrió el expediente de queja DDHPO/880/(01)/OAX/2014 por la comparecencia de la afectada, quien dijo ser víctima de discriminación debido a su embarazo y periodo de lactancia pues en ese lapso la Secretaría Administración la despidió en forma injustificada.

La agraviada explicó que era empleada estatal adscrita a la Secretaría de Administración que encabeza Vargas Varela, como encargada del Auditorio Guelaguetza, con motivo de su embarazo le fue otorgado un permiso en octubre de 2013 que duraría hasta enero de 2014.

Solicitó que al término de su permiso le autorizaran sus vacaciones del segundo semestre de 2013, y disponer, posteriormente, de su hora de lactancia durante la jornada laboral.

Agregó que el 9 de enero de 2014 le autorizaron sus vacaciones, así como su hora de lactancia. Esta última inició en febrero del mismo año cuando se reincorporó a sus labores, sin embargo en el mes de mayo fue llamada por funcionarios de la Secretaría de Administración para que firmara su renuncia con carácter de irrevocable, a lo que ella se negó. Poco después le informaron que el 30 de junio la dependencia terminaría su relación laboral con ella.

Acudió a la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y se inició una investigación en la cual se determinó que la terminación del contrato laboral entre la agraviada y la Secretaría estatal de Administración fue una decisión unilateral.

El organismo defensor aclaró que no pretende usurpar funciones que corresponden a la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, y reconoce que terminar una relación laboral no necesariamente implica una violación a los derechos humanos. Sin embargo, para el caso de la quejosa, la institución autónoma halló que se violaron sus derechos humanos.

El organismo autónomo explicó que los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, establecen que la discriminación contra las mujeres denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que derive en la anulación del goce de derechos.

La Defensoría considera que los funcionarios de la Secretaría violentaron los derechos de la quejosa, ya que los servidores públicos no observaron lo marcado en materia de derechos de las mujeres por los tratados internacionales, que establecen que las mujeres embarazadas o en situación de maternidad deben gozar de una especial protección que genere mayor estabilidad laboral en beneficio de la mujer y de su hija o hijo.

Agrega el organismo que de acuerdo con los tratados internacionales en derechos humanos, para las mujeres embarazadas debe realizarse un análisis minucioso de las circunstancias de cada caso a fin de evitar la limitación, restricción o privación de sus derechos laborales con motivo de la maternidad, a fin de evitar afectar su salud o la de su hija o hijo al privarles de prestaciones de seguridad social derivadas de la relación laboral.

La Defensoría del Pueblo de Oaxaca investigó con la autoridad correspondiente la situación denunciada por la agraviada y, tras realizar el análisis de la información de la autoridad, el organismo consideró que se vulneraron los derechos humanos de la agraviada y por ello es necesario que la autoridad subsane el daño.

A este efecto, la Defensoría emitió una propuesta de conciliación en la cual solicita a la Secretaría estatal de Administración que se realicen las acciones para restituir los derechos humanos violentados para lo cual es necesario recontratarla en la categoría que ocupaba o en alguna similar.

La Defensoría solicitó, además, que la Secretaría estatal de Administración implemente políticas públicas enfocadas a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las mujeres, en especial, para que se tutelen los derechos laborales que les corresponden durante el embarazo y en situación de maternidad, evitando cualquier acto discriminatorio que afecte la integridad de alguna trabajadora.

Para finalizar, la Defensoría pidió a la Secretaría de Administración generar en un plazo de 90 días políticas de igualdad entre hombres y mujeres para evitar futuros actos de discriminación hacia las mujeres con motivo de su género.