+ La Comisión Nacional de Derechos Humanos envió al Senado de la República un informe con siete recomendaciones para que se tomen medidas en el caso del aislamiento como corrección disciplinaria en los centros de reclusión

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió siete recomendaciones a los 31 gobiernos estatales y al del Distrito Federal para tomar medidas en el caso del aislamiento como corrección disciplinaria en los 387 centros de reclusión que hay en el país, que en los últimos cuatro años han llegado a la cifra de 20 mil 774.

En un informe enviado al Senado de la República, el organismo que preside Luis Raúl González Pérez también recomendó que desde el Sistema Penitenciario Nacional se promueva la adopción de medidas legislativas, administrativas e institucionales a fin de homologar la normatividad que regule la figura del aislamiento como sanción.

Ello, siempre y cuando se hayan agotado otras medidas que resulten menos lesivas para las personas privadas de la libertad y de conformidad con lo determinado por el Consejo Técnico Interdisciplinario del centro de reclusión, con una duración máxima de 15 días.

La CNDH también recomendó a las entidades federativas implementar acciones en los centros penitenciarios para regular el aislamiento cotidiano cuando se trate de delincuencia organizada y presos que requieran medidas especiales.

En la tercera recomendación, el organismo pidió a los estados instruir a la autoridad que corresponda para que las administraciones del sistema penitenciario, tanto federal como local, realicen los ajustes presupuestales y administrativos con el objetivo de que se destinen los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para que la plantilla del personal penitenciario sea acorde con las funciones necesarias para lograr la reinserción social de los internos y la seguridad del centro.

Otra recomendación es establecer lineamientos que prevean la aplicación del aislamiento como sanción, bajo criterios y procedimientos claros que garanticen la legalidad de la medida, así como el derecho a la salud, a la seguridad, a la integridad personal y a la reinserción social de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión.