OAXACA, OAX., noviembre 30.- Comisariados Ejidales y Comunales de las comunidades indígenas de Monte del Toro, El Vergel, Los Ocotes, San Martín de los Canseco, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac, de los distritos de Ejutla de Crespo, Ocotlán de Morelos y Tlacolula de Matamoros, ubicados en el Valle Central oaxaqueño, se declararon este lunes “territorios prohibidos para la minería”.
En conferencia de prensa, denunciaron que en los últimos diez años el Gobierno federal ha concesionado alrededor del 90 por ciento del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de los Canseco, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac a empresas mineras de Canadá.
Entre las empresas transnacionales, refirieron a Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V., y Compañía Minera Media Luna, sin realizar un proceso de consulta y consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que habitan.
Ante ello, anunciaron que defenderán regionalmente su territorio de manera pacífica, organizada y por todos los medios legales, a partir de sus territorios ejidales y comunales, declarándose como territorios prohibidos para la minería.
Lo anterior, con base en asambleas agrarias formalmente convocadas.
Informaron que el pasado 8 de noviembre de este año 2015, mediante una asamblea regional, decidieron emitir la declaratoria, la cual será entregada a distintas instancias estatales y federales exigiendo la cancelación de los títulos de concesión minera denominadas: San José, Los Ocotes Dos, Los Ocotes Cuatro Fracc 1, Los Ocotes Cuatro Fracción 2, Los Ocotes Tres, Ejutla Fracc 2, Ejutla Fracc 1, Marissa, Los Ocotes Cinco Fracc 1, Los Ocotes Cinco Fracc 2, Los Ocotes, Los Ocotes Seis, Fracción 1, las cuales afectan una superficie de 49,376.3501 hectáreas de sus territorios.
“En la declaratoria hacemos saber a las autoridades nuestro rechazo total a los proyectos mineros, por lo que prohibimos de
manera estricta la emisión de autorizaciones en favor de personas, dependencias, empresas, organizaciones civiles, investigadores y cualquier otra instancia de gobierno o privada, para realizar estudios de prospección, exploración, explotación o aprovechamiento que tenga por objeto extraer minerales del subsuelo del territorio de nuestros ejidos y comunidades”, manifestaron.
Las autoridades argumentaron su decisión con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la Constitución federal de la República, principalmente con base en el respaldo de las asambleas comunitarias, “haciendo uso legítimo de nuestro derecho a la autonomía”.
La compañía minera Cuzcatlán S.A. de C.V., es la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, que inició operaciones en San José del Progreso en 2006.
A la fecha, dos defensores comunitarios fueron asesinados en 2012. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa minera Fortuna Silver, será hasta el año 2025 cuando la mina sea cerrada.
Por otra parte, el proyecto San José comprende, además, una expansión territorial donde se contempla generar un corredor minero, con la cual se verían afectadas comunidades y ejidos de Ejutla.
