El crimen del corresponsal de Noticias en la Costa de Oaxaca, Marcos Hernández, ocurrido el pasado 21 de enero, se recibe como una señal de mayor descomposición del ambiente público y no cabe justificación alguna; el caso no debería sumarse a otros más que han ocurrido en Oaxaca y el resto del país que no han sido aclarados.
Por ello la pertinencia del pronunciamiento de los periodistas de la costa de que el caso sea investigado a la brevedad, que los culpables sean juzgados y sancionados conforme a la ley; que no exista espacio para la evasión y la especulación, y que los atentados no vuelvan a ocurrir como ameritaría en un país que se precia de Estado de derecho y democrático.
Desafortunadamente la realidad es otra. En su comunicado, los periodistas de la costa, refieren la situación de riesgo y vulnerabilidad para quienes ejercen el oficio, expuestos ante caciques, burócratas de cualquier nivel o delincuentes comunes, que “se sienten intocables y tienen la piel sensible ante cualquier tipo de crítica”.
Los periodistas agregan que el clima se agrava “ante la falta de eficacia por parte de las instancias que deberían procurar justicia”, “y que si alguien atenta en contra de un comunicador incómodo , lo puede hacer sin que por ello sea castigado, porque al final la que reina en Oaxaca y en todo México, es la impunidad” (Noticias, 23/01/16).
En un estado democrático, con libertad de expresión, no puede ni debe existir un periodismo de complacencias al servicio de personajes y grupos de poder; en vez de ocultar los problemas deberían resolverlos; en lugar de reprimir y silenciar a periodistas críticos y a disidentes políticos deberían atender las causas de la inconformidad y de la protesta.
La descomposición social, política y económica no se puede ocultar ni disimular para agradar a los gobernantes y poderosos. En casos y contextos como el que vivimos cobra mayor sentido el exhorto al Estado mexicano de Zeid Raád Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU, quien en su visita a México el 7 de octubre de 2015, para garantizar la protección de las personas defensoras, expresó “en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”.
La referencia, recuperada en el Informe “Defensoras de derechos humanos en la mira, desafíos para su protección integral en Oaxaca”, amerita insistir en los reclamos que realizan distintas organizaciones civiles para detener la creciente criminalidad y la persistencia de la impunidad que ninguna sociedad merece.
En este entorno se observa los conflictos entre el gobierno mexicano y diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos por las denuncias de abusos, omisiones y complicidades, en medio del incumplimiento de compromisos signados en diversos instrumentos de cooperación y de derechos individuales y colectivos.
Aún cuando desde el 2012, en el ámbito federal, se dispone de una Ley para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, los resultados no han sido favorables, tanto por el hecho de que esa ley se haya reducido a letra muerta, como por la ausencia de una legislación estatal al respecto.
Además de los vacíos legales, persiste una falta de políticas públicas dirigidas a la protección de periodistas y defensores, que han llevado a que el creciente aumento de casos se expliquen como asuntos entre particulares, o de situaciones que de plano no se aclaren ni se resuelvan jamás.
Cabe indicar que el transcurso del 2015, según registros civiles, se documentaron 177 agresiones en contra de periodistas y defensores en el estado de Oaxaca en medio de un vacío de cifras oficiales al respecto. La ausencia de cifras reconocidas muestra también la negación, invisibilidad y menosprecio sobre el problema.
Así, es importante la advertencia de la organización Reporteros sin Fronteras de que “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas; las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado, incluso de las autoridades corruptas, son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de información”. https://es.rsf.org/report-mexico,184.html
Independientemente de las particularidades de cada caso o de la abierta propensión a culpabilizar a las víctimas o construirles vínculos con agrupaciones criminales, que muestra el pasmo y la ineptitud de las autoridades así como la falta de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, el hecho es que como sociedad no podemos perder la indignación ni permitir que los crímenes y atentados a los derechos humanos y en contra de la libertad de expresión se normalicen como algo natural.
Investigador del IISUABJO. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Conacyt
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