LIBROS DE AYER Y HOY
Muchos han olvidado que el 5 de febrero la Constitución cumple un año más de haber sido promulgada. Noventa y nueve años de nuestra Carta Magna y menos mal que el Papa no pospuso su visita para el año entrante: hubiera festejado el centenario –del que poco se habla, por cierto–, con un rotundo mentís al artículo tercero.
Aunque lo mismo se va a hacer en esta ocasión. El laicismo sale sobrando. El sustratum principal, la separación Iglesia-Estado, es una entelequia cuando en la práctica existe una Iglesia de Estado y el propio gobierno la promueve.
En el numeral primero de ese importante artículo (tiene ocho), se determina la educación laica y la Constitución ordena al estado mantenerla por completo “ajena a cualquier doctrina religiosa”.
La libertad de creencias y su natural aplicación, que ese artículo remite al artículo 24 de la propia carta, no encuentra asidero en la práctica, si los bienes del patrimonio nacional están en manos casi en su totalidad de una iglesia y parte del presupuesto que es de todos, se invierte únicamente en actos católicos, como lo estamos viendo con la visita del Papa.
El Artículo Tercero es un compendio de maravillas y si realmente se aplicara, el país no necesitaría mucho.
Por lo pronto habla y define a la democracia “como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”; lo contrario de lo que pasa en México.
Independientemente de los florilegios que le echa a lo que puede ser el sistema educativo, los promedios internacionales son negativos y la reforma que tantos problemas ha causado niega el numeral tercero del artículo en el que se sostiene que en la determinación de los planes y programas el ejecutivo federal debe consultar a “los diversos sectores sociales involucrados en la educación”, cosa que sabemos que no hizo con el sector principal, los maestros.
El artículo ha sido reformado y adecuado a las circunstancias según la época y el gobierno. La obligación estatal a la educación se redujo a la preescolar, primaria y secundaria y se eliminó la normal.
Habla de que toda la educación que imparta el estado debe ser gratuita, pero la interpretación es por las tres mencionadas.
Se supone que las universidades públicas si bien son autónomas, no lo son en presupuesto, por lo tanto también están incluidas en la gratuidad.
Se eliminó también uno de los numerales del artículo en el que se fijaban serias restricciones en materia educativa a las corporaciones religiosas y a los ministros de culto, entre otros.
Pero sigue vigente la obligación de los gobiernos de luchar contra los fanatismos y eso no es lo que estamos viendo ahora; ¿cuántos se está peleando por los boletos para ver al papa?, ¿cuántos se frotan las manos ante los miles que se anuncian en las calles?, ¿cómo está la ocupación hotelera?, ¿cómo los viajes al mismo destino papal?
Ya no digamos la cosecha que esperan los jerarcas cuando el papa se vaya. La ley puede esperar.
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