Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en casi todas las regiones de Oaxaca (en diciembre de 2015 en la Sierra Sur y Sierra Norte, apenas en febrero pasado en la Mixteca, Costa, Istmo y Cuenca del Papaloapan, el próximo marzo en la Cañada y en mayo en el Valle Central), es importante destacar el gran reto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) porque en función de su nivel de eficacia permitirá medir el grado de cumplimiento respecto de la obligación del Estado en proteger derechos, sobre todo por cuanto al combate a los altos índices de impunidad que son lacerantes en México y en especial Oaxaca.

Recordemos que cualquier país tiene dos obligaciones generales en materia de derechos humanos: respetar y garantizar. La obligación de respeto consiste en cumplir directamente con la norma establecida, de tal forma que no se violen, directa ni indirectamente, por acciones u omisiones, derechos y libertades.

En cambio, la obligación de garantía los vincula a organizar todo el aparato gubernamental de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, es decir, esto “supone el deber de impedir o hacer todo lo racionalmente posible para impedir que se violen los derechos humanos de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado por parte de cualquier persona”.

Esto viene a colación justamente por la reciente presentación del Índice Global de Impunidad México (IGIMEX) correspondiente al año 2015.

Al respecto, tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido a la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

Así, el IGIMEX explica que la impunidad surge a partir del mal funcionamiento de las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos en el ámbito nacional y local de los países.

Precisa que es multidimensional y debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia.

Es multicausal porque se origina durante el proceso que inicia con la comisión de un delito, hasta que es castigado y sus víctimas reciben la reparación por el daño causado.

De esta manera, el documento elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) revela que México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad y que esto es uno de los diez principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana.

En el país, se denuncian únicamente 7 de cada 100 delitos cometidos, por lo que, la cifra negra desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8%; las dos principales razones para no denunciar son: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.

Sin embargo, del total de delitos denunciados, el 4.46% obtuvo sentencias condenatorias y esto se traduce en una impunidad cercana al 95%.

Por lo anterior, el IGIMEX  detalla que “en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1% de los delitos en México son castigados”.

Esto es gravísimo aunque parte de la explicación nos conduce a la “ineficacia e ineficiencia institucional que se va acumulando a lo largo de todas las fases del proceso de procuración e impartición de justicia”.

Ahora, por lo que hace a Oaxaca donde los delitos más recurrentes son: lesiones, robo a transeúnte en vía pública, daños y fraude, el IGIMEX  lo clasifica en el grupo 4 de impunidad “muy alta” con un puntaje de 71.62 y una cifra negra de 93.3% (contra 92.8% a nivel nacional).

La conclusión principal del IGIMEX, no sólo respecto de Oaxaca, es que a pesar de que hay mucho personal en la estructura dedicada a la seguridad y la procuración de justicia, los resultados son pocos y esto se refleja en que el 15% de las causas penales reciben sentencia pero sólo el sólo el 10% con condenatorias.

En tanto, en nuestra entidad, el 80% de las personas encarceladas en la entidad esperan aún ser sentenciados mientras que a nivel nacional, esta cifra a cerca del 40%

Esta situación únicamente, aunque es tema de un análisis distinto, confirma lo que otros estudios ya han expresado respecto del abuso de la prisión preventiva en contraposición al derecho de la presunción de inocencia.

Entonces, al reto es abismal pero es posible ir revirtiendo las cifras, que se detallan con mayor precisión en el documento, de tal forma que algún día cualquier persona pueda acudir ante un ministerio público o juez con la certeza de que la aspiración de una “justicia pronta y expedita” no sea sólo una retórica constitucional.

@mtzogerardo