CIUDAD DE MÉXICO, junio 15.- El Senado aprobó la Ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, pero ignoró la demanda ciudadana para obligar a todos los funcionarios a publicar su declaración patrimonial, fiscal y de interés con el formato de la plataforma #3de3.
En la sesión extendida hasta la madrugada de este miércoles, el pleno del Senado postergó la definición de los formatos de las declaraciones públicas, es decir, no legisló sobre los datos que deberán incluir.
En tanto, el artículo 29 abre la posibilidad a la interpretación. Si bien establece la obligatoriedad de publicar las declaraciones patrimonial y de interés, los funcionarios podrán ocultar “los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
Por lo tanto, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, será el organismo que “emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
Aunque los senadores Laura Rojas, del PAN, y Zoe Robledo, del PRD, propusieron que los formatos que han funcionado en la plataforma ciudadana #3de3http://tresdetres.mx/#/fueran incluidos en la ley –tal como lo demandaron las organizaciones ciudadanas– la propuesta fue desechada por el voto en contra de 59 senadores.
Aunque 51 senadores votaron a favor, el debate se perdió por ocho votos. Además, en el momento de la votación, 18 legisladores no estaban en el salón de sesiones, como Manuel Bartlett, Layda Sansores, Marco Blásquez y Benjamín Robles, del PT; Fidel Demédecis, Luz María Beristain, del PRD y los panistas Héctor Larios, Jorge Luis Preciado, entre otros.
La Ley de responsabilidades administrativas es conocida como #3de3 porque organizaciones civiles entregaron la iniciativa que fue respaldada con las firma de más de 600 mil ciudadanos.
Aunque hay avances, la reforma no cumplió con las expectativas ciudadanas y queda incompleta la demanda de la máxima publicidad de las declaraciones de los funcionarios públicos, advierte Juan Pardinas, director del IMCO, uno de los principales impulsores de la iniciativa.
Durante las últimas semanas, la negociación política se centró en este tema. Los senadores priistas y del Verde estaban en contra de la máxima publicidad de las declaraciones, pero horas antes de la votación, propusieron un “adendum” al dictamen en el cual le dan la responsabilidad al comité coordinador y al comité ciudadano de decidir la forma en que se harán públicas las declaraciones.
“Ni siquiera está la ley para escoger a los integrantes de los comités. Todavía no se ha creado el cuerpo y ya se le está asignando una responsabilidad de enorme desgaste político”, asegura Pardinas.
En entrevista con Animal Político, sostiene que “la mayor expectativa de los ciudadanos se queda en la incertidumbre” porque los senadores “le tienen miedo a la #3de3”.
Trece meses después de la reforma constitucional para el combate a la corrupción, los senadores aprobaron dos de las cinco leyes reglamentarias. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobada con 116 votos a favor y cuatro en contra.
Los aspectos fundamentales
El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia.
El Sistema estará integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales de las entidades federativas.
