OAXACA, OAX., julio 18.- Desde enero de 2016 la organización civil Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI), del sur de México, junto con varios sacerdotes y activistas, acusaron a la cúpula de la Iglesia Católica de proteger a un cura que pudo haber abusado de un centenar de menores y que desde 2013 está en prisión por el delito corrupción de menores, pero a la fecha no ha sido procesado.

Hoy nuevamente, un joven, presuntamente violado por el Vicario de la Catedral Metropolitana de Oaxaca, Carlos Franco Pérez Méndez –que salió de la cárcel por “falta de pruebas”–, reveló en su denuncia que el pasado 27 de marzo él y sus familiares se entrevistaron con el arzobispo José Luis Chávez Botello, quien sólo les informó que se abriría el caso correspondiente, e irónicamente les recomendó “hacer oración para sanar las heridas”.

Ese mismo día, el jefe de la Iglesia católica en Oaxaca también les notificó que acudiría a un encuentro de Obispos en la Ciudad de México y estaría fuera 15 días, dejando el caso en manos del Secretario de la Diócesis.

Para el 28 de marzo, el agraviado presentó sus testigos ante el Secretario de la Diócesis, quien sólo escuchaba y no realizaba anotación alguna.

No obstante, el afectado optó por la denuncia y la presentó el 29 de marzo siguiente, misma que quedó asentada en el expediente penal 274/2016.

En enero pasado, FONI hizo la denuncia correspondiente en conferencia de prensa, en la que se leyó una carta de la madre de una de las víctimas dirigida al papa Francisco, que visitará México en febrero siguiente, en la que pide al Pontífice “justicia” para los niños y adolescentes que son blanco de esos abusos y que “no vuelva a suceder”.

Así, el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández fue acusado ante la Fiscalía oaxaqueña de corrupción de menores en fecha 12 de agosto de 2013 contra dos niños de la comunidad indígena de Villa Alta, ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca.

Desde ese entonces, la denuncia iba en contra del arzobispo José Luis Chávez Botello, a quien acusan de encubrir supuestos casos de abuso sexual y por evadir siempre una investigación a fondo de los casos señalados y denunciados en al menos siete comunidades indígenas del Estado.

Al presbítero Silvestre Hernández se le acusó de cometer un primer abuso sexual hace casi una década.

En 2006 se le señaló de abusar de un niño de nueve años, cuando ocupó un interinato de seis meses en la parroquia de San Pablo Huitzo, según denunció el representante de FONI, Alejandro de Jesús.

De Jesús informó que a partir de entonces “se ha rastreado a más de 100 víctimas” en los años en que el “padre” Silvestre prestó sus servicios en siete destinos a los que fue enviado por la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca.

“Estos delitos no son hechos aislados y constituyen crímenes de Estado que hieren a la humanidad”, acusó De Jesús.

El 29 de noviembre de 2013, casi cuatro meses después de ser acusado de abusar de los dos menores de edad en Villa Alta, el sacerdote Silvestre Hernández fue recluido en una cárcel de la entidad oaxaqueña.

En la denuncia contra Silvestre participó el también sacerdote Apolonio Merino, quien misteriosamente fue suspendido de sus funciones por el arzobispo Chávez Botello.

Merino señaló en ese entonces que “la denuncia no es para atacar a la Iglesia, sino para que se conozca la verdad y se aplique la justicia”, pero nada ha pasado.

Denunció también ser objeto de “hostigamiento, amenaza y persecución” por haber cumplido con “el deber de un clérigo”; es decir, “ser colaborador del Obispo” y “decirle” lo que sucedía, después de escuchar el testimonio de las víctimas.

En la carta dirigida al papa Francisco por la madre de un adolescente de 14 años que supuestamente fue objeto de los abusos, además de pedir justicia, la mujer criticó al arzobispo José Luis Chávez Botello por “castigar” a varios padres, además de Merino, que no estaban de acuerdo con lo que hizo Silvestre.