SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, julio 22.- A petición del gobernador electo, el priista Alejandro Murat Hinojosa, la LXII Legislatura del Estado reformará el Artículo 31 de la Constitución de Oaxaca para que el ex director del Infonavit tenga la facultad de reducir el presupuesto del Congreso del Estado en sus proyectos de Presupuesto de Egresos que presentará al Poder Legislativo cada ejercicio fiscal de su sexenio.
Y es que el 4 de diciembre del 2013 esta misma sexagésima segunda Legislatura del Estado reformó la Constitución estatal para “blindarse” en contra de las decisiones del actual gobernador, Gabino Cué Monteagudo, de recortarle el presupuesto al Congreso del Estado.
Ese día, a propuesta de los integrantes de la actual Junta de Coordinación Política (JCP), se estableció que los presupuestos del Poder Legislativo no serán menores al ejercido durante el año anterior inmediato.
Esa modificación constitucional fue propuesta por los integrantes de la JCP, el entonces presidente: Alejandro Avilés Alvarez, del PRI; Antonia Natividad Díaz Jiménez, del PAN; y el extinto Anselmo Ortiz García, entonces coordinador de la bancada del PRD.
Esa iniciativa de reforma, que acotaba las facultades del gobernador Cué Monteagudo, fue aprobada por unanimidad por los 42 integrantes de la LXII Legislatura del Estado.
Y es que Cué Monteagudo había propuesto al Congreso estatal que del paquete fiscal del 2014 se redujera el presupuesto del Poder Legislativo en 136.7 millones de pesos.
En el 2012, el presupuesto del Poder Legislativo fue de 532 millones 972 mil 145 pesos con 71 centavos, de los cuales 466 millones 677 mil 883 pesos con 04 centavos se asignaron al Congreso del Estado, y 66 millones 294 mil 262 pesos con 67 centavos a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Desde el año 2012 a la fecha, el presupuesto del Congreso del Estado ha crecido hasta en un 200 por ciento y a la fecha, en el ejercicio fiscal 2016, alcanza la suma de 650 millones de pesos, pero ni aún así les alcanza a las y los diputados.
“El Poder legislativo administrará con autonomía su presupuesto, sin que pueda ser menor en términos reales al ejercido en el año anterior”, precisa la Constitución estatal en su Artículo 31, párrafo primero.
“El Congreso elaborará su propio proyecto de presupuesto en los términos de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, aclara el segundo párrafo adicionado.
Sin embargo, a pesar de haber contado con el presupuesto económico más alto de la historia, la LXII Legislatura se caracterizó por ser la que menos producción tuvo, sumida en parálisis, falta de transparencia y denuncias de corrupción desenfrenada.
CONTRA-REFORMA PARA “REDUCIR” EL GASTO
Este jueves 21 de julio de 2016, los integrantes de la misma Junta de Coordinación Política (JCP) que impulsó la actual reforma, presentaron una contra-reforma para que el próximo titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, avale la definición del presupuesto 2017 del Poder Legislativo, que le tocará administrar.
En su exposición de motivos, la diputada Díaz Jiménez, del PAN; Avilés Álvarez, del PRI, y Jesús López Rodríguez, del PRD, reconocen que “la situación económica estatal, nacional e internacional los obliga tener un comportamiento responsable, aunque ello implique no contar con un presupuesto irreductible, siendo necesario limitar esa facultad” (sic).
Admiten también que la actual composición de la LXII Legislatura dificulta que se genere una propuesta mesurada del presupuesto, sino por el contrario, es una propuesta caprichosa en términos generales del presupuesto de los tres poderes (re sic).
Los dirigentes parlamentarios reconocen también que “no es un secreto la percepción negativa que tienen los congresos estatales en relación con el binomio presupuesto- producción legislativa; estamos acrecentando esa mala percepción con una autonomía financiera y con la facultad de presentar la propuesta de presupuesto que para el pulso social puede ser calificada como caprichosa”.
Y cierran contradictorios: “contar con irreductibilidad presupuestal puede volvernos un poder soberbio y poco cooperativo, dejando de importarnos si el presupuesto estatal va a alcanzar y sólo preocuparnos porque se nos respete el monto aprobado el año inmediato anterior” (otra vez sic).
Para ello, establecieron en el Artículo 31 de la Constitución Política del Estado que “el Poder Legislativo administrará con autonomía su presupuesto, elaborará su propio proyecto de presupuesto en los términos de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria”.
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos del Estado, las erogaciones previstas para el Poder Legislativo no podrán ser reducidas ni transferidas, “salvo en los casos de ajuste presupuestal general previstos en la ley”, puntualiza la contra-reforma de las y los diputados locales.
En el segundo artículo transitorio refuerzan: “se deroga toda disposición que se oponga a la presenta reforma”.
Para la historia.
