SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, agosto 9.- La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Estado, Antonia Natividad Díaz Jiménez, presentó al pleno un punto de acuerdo mediante el cual solicitó realizar un exhorto al titular del Poder Ejecutivo estatal para que a través de la Secretaría del Trabajo se implemente un programa permanente para prevenir y combatir toda forma de discriminación laboral en el Estado de Oaxaca.
Señaló que el trabajo es un derecho de vital importancia para todas las personas con capacidad de desempeñarse en el ámbito laboral privado o público; “nuestras leyes establecen que el derecho humano al trabajo digno y remunerado constituye un elemento indispensable para que todo habitante de nuestro estado pueda satisfacer sus necesidades más elementales y ofrecer un patrimonio a su familia”.
Ante ello, indicó que es necesario que el Congreso realice un exhorto al titular del Ejecutivo para impulsar un programa específico de prevención y combate a la discriminación laboral, puesto que su presencia es un malestar inherente a la vida colectiva y privada, la cual puede ocurrir por cuestiones de género, ideología política, clase social, orientación sexual, lugar de origen, religión, nacionalidad y obedece a la cultura de algunos empresarios.
La también Coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, indicó que a pesar de la existencia de convenios y tratados internacionales, así como de las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo y los precedentes judiciales aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún subsisten prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, que van desde la negación de oportunidades laborales a jóvenes hasta la falta de contratación de adultos mayores y personas con discapacidad, sin olvidar la discriminación por razón de género o por origen social o étnico.
“Lo que nos debe inquietar es que prácticas de menosprecio y ataque contra rasgos plenamente humanos como el género, el embarazo, condiciones de salud, discapacidades y tantos otros más, conserven su impacto a pesar de la protección jurídica que nos otorga la Constitución mexicana a través de sus artículos 1 y 4”, enfatizó.
Para su estudio y dictamen, el punto de acuerdo fue enviado a la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social y a la de Igualdad de Género.
