OAXACA, OAX., agosto 11.- Un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob) revela que Oaxaca es un polvorín de conflictos sociales que a la fecha acumula 31 casos sin resolver, entre ellos el de la Sección 22 de la CNTE, lo cual convierte a la entidad en la segunda más conflictiva del país, sólo superada por Chiapas.
En este informe sobresalen 15 problemas relacionados con proyectos mineros o energéticos.
De acuerdo con la dependencia federal encargada de la política interna del país, en la mayoría de los casos el origen de los conflictos se ubica en la falta de reconocimiento a los derechos indígenas, así como en la ausencia de garantías, por lo que se configura un escenario de confrontación, gestando conflictos en las comunidades donde no se resuelven los ya existentes, y eso afecta gravemente a los pueblos y la gobernabilidad democrática.
Señala que entre las inconformidades resalta las de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE, afiliados a la CNTE) contra la reforma educativa, y el enfrentamiento con la policía en Nochixtlán el domingo 19 de junio.
Los conflictos agrarios tienen otro tratamiento por parte de la Segob, además de los político-electorales.
En el diagnóstico de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, la Segob reconoce que la pobreza, marginación, desempleo y bajos salarios se suman desplazamientos continuos y el despojo de las tierras.
Entre las causales más visibles figuran la proliferación de concesiones a la industria extractiva y el impacto directo de megaproyectos en sus hábitats y regiones.
Es frecuente el saqueo de sus recursos naturales, así como el allanamiento de sus centros ceremoniales. Tampoco tienen certeza jurídica en la impartición de justicia y recurrentemente son violados sus derechos humanos.
La mayoría de los conflictos atendidos tiene su origen en la ausencia de consulta a los pueblos originarios para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los proyectos que se pretende llevar a cabo en sus territorios, por lo que es necesario respetar todos sus derechos.
Para contribuir a la reducción del nivel de desigualdad y favorecer la difusión de derechos y oportunidades, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México busca el dialogo permanente con representantes de pueblos y comunidades.
En él se han tratado los conflictos que enfrentan en sus regiones, principalmente por falta de reconocimiento a su derecho de ser consultados e informados antes del otorgamiento de permisos a proyectos hidroeléctricos, concesiones mineras, parques eólicos, ciudades rurales, entre otros.
Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, del comité directivo de la organización civil Educa, señaló que otro ingrediente son las elecciones que terminaron con el regreso del PRI y cancelando la incipiente alternancia en la entidad.
A juicio del activista, hay una percepción de fraude en sectores de la población que no encontraron una fuerza que catalizara su inconformidad.
Otro aspecto tiene que ver con las otras reformas estructurales y su impacto en Oaxaca, como lo son las energéticas.
Refiere que junto con Oxfam, Educa estudió el impacto de los proyectos energéticos en Oaxaca y sus conclusiones son devastadoras. Las inversiones en la refinería de Salina Cruz, los parques eólicos y las minas, lejos de generar desarrollo provocaron una profunda desigualdad.
Un tercer aspecto, considera Miguel Vásquez, es que “hay una línea de transición de 2006 que polarizó a la sociedad oaxaqueña, estigmatizó no sólo a la CNTE sino a todas las organizaciones sociales, provocando encono, odio, señalamientos y estigmas”.
Dos estudios de Educa, basados en información oficial, muestran que en la entidad hay 35 proyectos mineros en activo pero 407 concesiones mineras que aún no se explotan.
Vásquez de la Rosa explica que documentaron casi medio centenar de proyectos hidroeléctricos en etapa de estudio.
Además, suma los parques eólicos que ahora saturan la fisonomía del paisaje del Istmo de Tehuantepec.
La revisión de datos permite observar que es el Istmo donde se ubica la mayor parte de los proyectos energéticos; y en la Mixteca y el Valle Central el mayor número de concesiones mineras.
Todos los conflictos existían antes de Nochixtlán, pero lo ocurrido ahí los articuló, considera Vásquez de la Rosa.
Señala que una referencia obligada es el conflicto de 2006, no obstante, esta vez se encuentran en todas las regiones del Estado.
Entre ellos, cita a los pueblos mixe o ayuuk; zapotecos del Istmo, Sierra Juárez y Sierra Sur; los mixtecos; tacuates y huaves o ikoots que salieron a expresar su indignación por el desprecio que los gobernantes tienen por los derechos humanos, y denunciaron la flagrante violación al derecho a la vida de los paisanos mixtecos movilizados en apoyo al movimiento magisterial.
De igual forma, en el sector Zoogocho, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez y los mixes en Tamazulapan del Espíritu Santo exigieron el retiro de la Policía Federal y la Gendarmería, al tiempo que pidieron al pueblo de México no tolerar la represión y la criminalización de la protesta social.
