+ Investiga detenciones ilegales, tortura y ejecución extrajudicial cometidas por policías municipales contra comunicadores

OAXACA, OAX., septiembre 21.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una alerta temprana en la que pide al gobernador Gabino Cué Monteagudo tomar acciones para garantizar la vida y la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el Estado, por el alto número de agravios en su contra registrado en los últimos meses, y dada la relevancia colectiva del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

De enero del presente año a la fecha, refiere la DDHPO en un comunicado de prensa, el organismo tuvo conocimiento de 123 agravios contra al menos 74 comunicadoras y comunicadores –entre ellos seis homicidios–, de los cuales 19 fueron contra mujeres y 97 contra hombres; en los otros siete casos los agravios no fueron dirigidos a personas específicas, sino a instalaciones o a la operación de medios.

La alerta temprana, firmada por el titular de la Defensoría, Arturo Peimbert Calvo, y dirigida al gobernador Gabino Cué, hace notar que 96 agravios fueron durante la cobertura informativa; es decir, mientras las y los periodistas recababan información.

“Para este organismo es especialmente preocupante el homicidio de seis comunicadores durante el presente año”, advierte, y señala que la cifra se corresponde de manera exacta con los seis homicidios cometidos contra periodistas registrados en todo el país durante todo 2014 y los seis de 2015, en ambos casos en cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El documento precisa que el tipo de agravio registrado con mayor frecuencia fue la agresión verbal, con 30 casos, de los cuales 22 fueron amenazas, y de éstas, tres fueron amenazas de muerte.

“Le sigue en orden de frecuencia la intimidación, con 22 agravios. De acuerdo con la información obtenida, en 19 ocasiones se despojó o hubo el intento de despojar a las y los periodistas de su equipo de trabajo. Se supo igualmente de 14 casos probables de detención ilegal o arbitraria, retención ilegal o privación ilegal de la libertad. Registramos igualmente 12 agresiones físicas, con o sin lesiones”, detalla la institución.

La DDHPO añade que en 60 por ciento de los casos (74 agravios) fueron señalados como agresores solamente dos tipos de actores: agentes de seguridad (35%) y organismos gremiales (25%). Conforme las cifras del organismo, en 43 de los agravios los agresores fueron identificados como agentes de diversas corporaciones policiacas –sea de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (27), de alguna policía municipal (26) o de la Policía Federal (15).

Considera especialmente graves los señalamientos hacia policías municipales, por los que el organismo investiga agravios a periodistas consistentes en detenciones ilegales, tortura y ejecución extrajudicial.

En orden de frecuencia, agrega el documento, siguen los agravios por parte de integrantes de centrales sindicales, que ascendieron a 31 en lo que va del año; de ellos, en 25 fueron señalados diversos participantes adscritos a la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación (CNTE), y en otros seis, a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El documento solicita al Gobernador que instruya a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para ordenar a todos los agentes de sus corporaciones policiacas que se abstengan de causar agravios a periodistas con motivo de su cobertura informativa, brindando también a los agentes el entrenamiento y capacitación necesarios para adoptar lineamientos de conducta sobre el respeto de la libertad de expresión.

Igualmente, pide instruir a la Secretaría General de Gobierno (Segego) para que realice las acciones necesarias de conciliación, mediación y sinergia con los organismos gremiales Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y Confederación de los Trabajadores de México, proveyendo lo necesario para garantizar el respeto al derecho a la libertad de expresión en el estado de Oaxaca.

También, instruir a la Segego para que establezca los acuerdos, la vinculación y concertación necesaria con los ayuntamientos del estado, con el fin de que estén en posibilidades de ordenar de manera directa a sus policías municipales que se abstengan de causar cualquier agravio a periodistas, brindando también el entrenamiento y la capacitación necesarios.

La institución autónoma explica que el derecho a la libertad de expresión tiene una dimensión individual y otra colectiva, de manera que al limitarse la libertad de una persona para hablar, escribir y difundir información u opiniones, no sólo se transgrede su derecho individual, sino que se vulnera el derecho colectivo de quienes, en ese mismo acto, quedaron imposibilitados para recibir esas informaciones u opiniones.

Citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría señala que la libertad de expresión tiene una relación estructural con la democracia, pues es condición indispensable para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos.

Expone que la formación de una opinión pública informada y consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales, no sería posible si la libertad de expresión no fuese garantizada, además de que ésta es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales.

Finalmente, la DDHPO cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advirtió: “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”.