+ El Secretario General de Gobierno cede a presionar de un grupo de pobladores que durante dos días bloquearon la carretera federal 190, Oaxaca-Istmo
OAXACA, OAX., abril 2.- El secretario general de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, está convirtiendo a San Carlos Yautepec en una “bomba de tiempo”, que podría estallar en violencia, al jugar con la determinación de los pobladores que en asamblea general nombraron a sus autoridades municipales constitucionales, pero por presiones de un grupo de activistas las autoridades constitucionales fueron desconocidas por el Tribunal Estatal Electoral (TEE).
Y es que el responsable de la política interna del Estado determinó suspender de sus funciones al administrador municipal de San Carlos Yautepec, Héctor Becerril Morales, luego de las presiones ejercidas por los pobladores de algunas de las agencias que durante dos días bloquearon la carretera federal 190, Oaxaca-Istmo.
Asesorados por maestros de la Sección 22 de la CNTE y la diputada panista Eufrosina Cruz Mendoza, los pobladores de las Agencias Municipales exigieron con sus movilizaciones la destitución de Becerril Morales por su filiación priista, ligado a Avilés.
Para lograr su objetivo, los activistas bloquearon durante dos días la carretera federal 190 Oaxaca-Istmo, a la altura de La Capilla, en el tramo San Juan Lajarcia-El Camarón Yautepec, para demandar la reposición de las elecciones por el sistema de Usos y Costumbres, en las que resultó electo Salomón Ríos, como presidente municipal constitucional.
Paralelamente, los inconformes exigían la destitución y cambio del Administrador Municipal por su filiación priista, “por no ser garantía de unidad y estabilidad para convocar a nuevas elecciones”.
Así, la falta de oficio de Alejandro Avilés Álvarez provocó que este viernes accediera a remover al Administrador Municipal para designar a otro de sus amigos, el cual sería presentado este lunes en la población.
En las negociaciones con los pobladores de las Agencias Municipales solamente participó una de las partes, en tanto que a la ciudadanía de la cabecera municipal tendrá que aceptar la enésima imposición del funcionario estatal, quien de esta forma “negoció” y “solucionó” la inconformidad del grupo opositor.
