OAXACA, OAX, mayo 25.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca investiga un presunto caso de abuso sexual y extorsión en el que estaría involucrado el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Javier Córdova Quevedo, quien supuestamente obliga a varones a besarse entre ellos, a cambio de otorgarles concesiones de transporte.

En un video que se viralizó en redes sociales se observa a dos hombres a quienes se exige besarse “bien”, que se abracen y se agarren los testículos.

A un sujeto apodado El Chapulín le piden que abra la boca y se bese con otro hombre por diez minutos, mientras algunos más los filman con sus teléfonos celulares. La acción es para supuestamente le autoricen una concesión de transporte. Al final se observa a El Chapulín asqueado, tratando de vomitar.

Esta no es la primera vez que denuncian a Javier Córdova por obligar a sus afiliados a humillarse para ganar una concesión o para que les otorgue alguna obra. El líder de la CTM también los ha obligado a asistir a mítines políticos de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El ombudsman Arturo Peimbert Calvo aclaró que si bien como Defensoría “no podemos vigilar sindicatos, sí podemos investigar por el tema de las concesiones para el transporte público, porque son licencias que otorga el Estado y se debe cumplir bajo ciertos requisitos, sin que se condicione o se humille a algunos hombres”.

Consideró que esas situaciones de acoso y hostigamiento se deben prevenir y erradicar, y por consiguiente tienen que ser investigadas por las autoridades, “porque queda claro que este tipo de casos no solo se da en mujeres, sino también en varones”.

Peimbert calificó de grave el caso, y pidió que se investigue quienes más participaron en la humillación, porque podrían estarlo haciendo incluso autoridades, ya que –apuntó– “en la parte final del video donde se ve al joven asqueado lo siguen filmando y se alcanza a ver una patrulla al fondo, entonces se tiene que investigar qué domicilio es y qué hace una patrulla en el lugar”.

Insistió que ese trato “cruel, indigno y degradante” debe ser sancionado por la autoridad que tiene la responsabilidad de erradicar ese tipo de delitos, donde queda claro que los entes privados, en este caso sindicatos, también violan derechos humanos, pero la legislación del país –apuntó– no está en este nivel de vanguardia.