CIUDAD DE MÉXICO, abril 26.-  Diputados federales aprobaron la eliminación de la figura del “arraigo” en la Constitución, lo que implica que nadie podrá ser detenido por 40 días o hasta 80 para iniciar un proceso de investigación en su contra por delito alguno.

En comisiones de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y por unanimidad, los legisladores respondieron finalmente a la demanda que desde 2007 diversos organismos internacionales han exigido al país por considerar que dicha figura se desvirtuó incurriendo en excesos y violación a los derechos humanos.

El diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Daniel Ordóñez Hernández, dijo que el beneficio es retroactivo y en positivo de quienes hoy cuentan con un arraigo, es decir, podrán ser liberados. Lo anterior surtirá efecto una vez que la reforma sea avalada por el pleno de la Cámara de Diputados, el Senado y al menos 17 congresos locales.

Este jueves, el pleno de la San Lázaro someterá a aprobación el cambio constitucional para ser enviado de inmediato al Senado, con el fin de que se apruebe antes del lunes 30, día en que concluye el periodo ordinario de sesiones.

Luego de ello, los congresos locales deberán respaldar el cambio, cuando menos 17 de los 32 que existen en el país, y la Comisión Permanente, que se instalará a partir del miércoles 2 de mayo, podrá darse por enterada y enviar la reforma al Ejecutivo federal para su promulgación y, al día siguiente, entrará en vigor.

En el dictamen donde se elimina el párrafo octavo del 16 constitucional se establece que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha sostenido, desde hace 10 años, que “la figura del arraigo penal en México ha sido objeto de preocupación para los organismos internacionales de derechos humanos, por lo que ha recomendado de forma consistente su eliminación”.

La visión de los organismos internacionales de derechos humanos es que la figura atenta contra la libertad personal al debido proceso y a la presunción de inocencia, además de que el arraigo aumenta el riesgo de que las personas sean sometidas a torturas y malos tratos.

El presidente de la comisión, el perredista Ordóñez Hernández, explicó que cuando ocurre un cambio constitucional de este tipo, siempre se puede aplicar en forma retroactiva, ya que es en positivo de quien está siendo sujeto a dicha acción punitiva.

Como se recordará, el arraigo es una medida “cautelar” que las autoridades judiciales solicitan para poder investigar, en lugar de que primero se investigue y, hasta que se cuente con indicios suficientes, se detenga al posible inculpado.

Otro de los cambios aprobados en la comisión fue al reglamento de la Cámara de Diputados para que pueda legislar en materia de extinción de dominio, y así pueda emitir y reglamentar una ley federal para que a su vez todos los estados “homologuen” en sus localidades una legislación en la materia.

Además, se hicieron cambios a los artículos 102 y 116 de la Constitución para mandatar a los estados para que, en sus respectivas constituciones locales, se incorpore la figura de “fiscales generales”, y éstos sean electos por dos terceras partes de los congresos estatales a propuesta del Ejecutivo.

“Con esto se busca que sean electos y no derivado de imposiciones de los ejecutivos estatales”, detalló el perredista Daniel Ordóñez Hernández.