CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

Llegó la primera efeméride del 7 de septiembre. Todos los gobiernos tuvieron que conmemorarla. El federal mandó a Rosario Robles, a dar un mentiroso discurso, que remató con un sinsentido: “estamos mejor que hace seis años”, dijo.  El estatal manifestó su cardinal temor a enfrentar sus errores y omisiones al trasladar el acto cívico a la ciudad de Oaxaca, donde no tiene sentido pues la desgracia fue en el Istmo. El municipal de Juchitán, introdujo en su programa cívico oficial una misa católica.

Por pifias no paramos, prosiguen, vienen desde el primer día después del terremoto, son el sello de este sexenio, los dislates discursivos son lo de menos, aunque reveladores, la desaparición de los dineros para la reconstrucción sí que son preocupantes. Por ejemplo, 200 millones de pesos que probadamente andan bailando, fueron autorizados por el Congreso local en noviembre del año pasado, publicado en el Periódico Oficial y ahora el gobernador dice que no es cierto, que no hay tal.

El sismo de 8.2 grados no sólo derribó viejas casas y casas mal hechas, también sacó a la luz de manera radical la podredumbre político social, la decadencia plena de la clase política estatal, regional y local. Y no sólo eso, puso de manifiesto que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Testigo de ese desastre natural, también pudimos ver el desastre social.

Desastre que se manifestó en diversas formas. Primero con la poca solidaridad entre los afectados, salvo en algunos municipios pequeños de esa zona, en Juchitán inició de inmediato el pillaje, de manera que los soldados tuvieron que entrar a resguardar algunas secciones y colonias. Asimismo, fueron los únicos que pudieron enfrentar a algunos sectores que arrancaban las despensas y ayuda a los repartidores. Fueron los soldados quienes llegaron a obligarlos a dejarse ayudar al imponer orden.

No sólo vehículos enviados de otras regiones del país fueron asaltados, sino aprovecharon para saquear a los de mudanzas, de paquetería. Mucha de la ayuda enviada no llegó a su destino bajo dos tipos de impedimentos: los de los gobernantes que los desviaban y los de grupos de la población que los interceptaba. Ilustrativas las imágenes que circuló en esos días del Secretario Municipal de Juchitán, Oscar Cruz, introduciendo en su casa un camión de víveres.

Ni Oaxaca está de pie, ni se encuentra unida. Como puede estar de pie cuando la mayoría de las casas no han sido reconstruidas, cuando sólo un par de miles de las 60 mil dañadas se han recuperado; sobre todo cuando más de 600 escuelas no han sido rehabilitadas y 100 mil alumnos están a la intemperie.

¿Oaxaca unida? La única unidad que se da en cuando se juntan para cerrar carreteras. Nunca como después de ese 7 de septiembre los juzgados y ministerios públicos de Juchitán estuvieron tan llenos. La furia de la gente fue mucha, pleitos por dos metros o un metro de terrenos colindantes. Pleitos entre hermanos y parientes por la posesión de propiedades que significaba recibir dinero público para la reconstrucción. Abuso de vecinos que aun cuando las escrituras de los terrenos indicaban claramente los límites se ponían necios hasta la locura porque les cedieran unos metros.

Digamos que el terremoto llevó a la entropía a los juchitecos, quienes desde hace unos 10 años agudizaron su decadencia social. La delincuencia acabó de sentar sus reales en el trienio del pusilánime edil Saúl Vicente, creció y sigue con su espiral sangrienta. La violencia está en las colonias, en las calles, en las fiestas familiares, al reinar la impunidad no hace falta tener el respaldo de un cartel para que de pronto alguien ejecute a quien lo vio feo o le habló duro.

Y llegamos al quid del asunto, la educación, el servicio que podría elevar la civilización de Juchitán y demás pueblos, está por los suelos. Un sistema en manos de un ignaro en educación y funcionario sin prestigio, Francisco Ángel Villarreal, que tiene un IEEPO repleto de aviadores de su familia, cuñado y suegra. Una administración dedicada a los negocios privados con recursos públicos, donde el asesor general Carlos Toledo entrega las obras de reconstrucción de escuelas a quien le place.

Toledo, viejo colaborador de Villarreal acude al IEEPO una vez a la semana, ilegalmente contratado al ser jubilado de la SEP. Los afectados denuncian que del programa que administra de Escuelas al 100, hay decenas de construcciones fantasmas, dadas como terminadas, a cuyas constructoras ya se les pagó, pero que no existen.

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