En el país existen 10 universidades con problemas estructurales y la proyección en los siguientes años es que el número aumente. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿por qué se generó esta situación que tiene en riesgo a más de 600 mil estudiantes y más de 50 mil trabajadores de estas instituciones?

Es claro que el problema no se generó en un solo año ni por una administración universitaria, sino que es resultado de décadas de una política fallida de educación superior que permitió un crecimiento sin regulación de plantillas, sin reconocimiento de las prestaciones laborales que las universidades han pactado con sus sindicatos y el costo creciente de los sistemas de pensiones y jubilaciones.

La falta de reconocimiento de plantillas, que alcanza en algunas universidades hasta el 40 por ciento de sus nóminas, y de las prestaciones laborales establecidas en los contratos colectivos mucho tiempo atrás, coloca a las actuales administraciones universitarias en una posición crítica, ya que el sostenimiento de estas erogaciones son consideradas como “desviación de recursos”.

¿Qué tenemos que atender? ¿La rigurosidad de una Ley de Disciplina Financiera que establece que el gasto debe ser orientado exclusivamente en aquellos rubros donde existen conceptos autorizados? o ¿El cumplimiento de los contratos colectivos con los sindicatos en el pago de rubros no autorizados? Importante apuntar que las prestaciones no reconocidas son producto de concesiones de control político, pero también de luchas legítimas.

El problema es complejo, con ingredientes de contraposición normativa que coloca a los rectores como potenciales delincuentes por incurrir en “desviación de recursos” o, en su defecto, “por violaciones a los contratos colectivos” que derivarían en acciones de protesta, cierre de instalaciones con causas laborales y en consecuencia, “por atentar el derecho a la educación de los estudiantes”.

Desde una perspectiva simplista, la valoración se reduce a “corrupción” y “malas administraciones”, bajo la sombra de la llamada “estafa maestra” que involucró a actores universitarios y gubernamentales, así como a la infinidad de observaciones de auditorías por el pago de partidas no autorizadas a los trabajadores y a las exigencias de autoridades fiscalizadoras para la devolución de dichos recursos.

Ante estos señalamientos, desde las universidades insistimos en que los organismos auditores deben cerrar estos temas con prontitud, con los diagnósticos y dictámenes que seguramente tienen, y fincar responsabilidades en los casos que correspondan, pero ya.

Importante también es exigir que paguen los que incurrieron en delitos, en un tajante ya, pero que no endosen a las instituciones estos problemas; de lo contrario, se generaliza y se simplifica la atención y la resolución de irregularidades que tienen las universidades.

Parte del entramado del socavamiento de la autonomía de las universidades es administrativo y financiero, asociado a una contraposición normativa, y la sentencia es “corrupción”.

Sin embargo, la sentencia “corrupción” emerge como una trampa política para generar inferencias de que las universidades públicas no funcionan y que están carcomidas por sus vicios, de sus rectores y sus sindicatos, y de que en consecuencia es necesario contener su crecimiento y disminuir su presupuesto progresivamente como ha venido ocurriendo en los últimos años. El poder financiero dice que ya no se puede invertir en barriles sin fondo.

Desde esta lógica, quienes deciden sobre el financiamiento universitario consideran que es necesario crear instituciones nuevas, sin conflictos laborales, y entonces se canalizan los rzcursos hacia las nuevas universidades, mientras el financiamiento se escatima y niega a las primeras.

Sin embargo, esta ecuación tiene un asidero político, ya que coloca dinamita en las viejas universidades para que revienten desde adentro, producto de los problemas acumulados.

Los eslabones más frágiles para la inestabilidad son de carácter laboral, como el envejecimiento de las plantillas de trabajadores y las exigencias legítimas de jubilaciones de quienes dedicaron su vida a las universidades, de las presiones económicas de quienes demandas sus justos derechos.

Es importante agregar nuevamente el componente político de esta madeja, las tensiones propias de que las universidades son espacios de pluralidad ideológica y el riesgo de que los conflictos internos pueden ser administrados desde afuera.

En sus particularidades, cada una de las universidades enfrenta dinámicas políticas diferenciadas, por su organización interna, por el peso de los sindicatos, por la participación de sus actores políticos, por la diversificación de relaciones entre universidades, gobiernos estatales y la federación; hay universidades que son apreciadas por los gobernadores, otras no.

La coyuntura política nacional puede resultar adecuada para que las reconfiguraciones del poder encuentren en las universidades un espacio minado para la estabilidad política, sea para acentuar conflictos y provocar mayores tensiones con los hilos clientelares y la administración externa de las contradicciones, como lo dicta el razonamiento autoritario.

Aunque una posición más favorable marcaría una tendencia de reivindicación de la autonomía de las universidades, romper los hilos de control político entre grupos externos e internos, y promover el respeto a la pluralidad que es esencia de las mismas en el cumplimiento de su misión sustantiva: la educación crítica y humanista de los nuevos ciudadanos.

*Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).