La complejidad del momento político y económico actual por el que transita nuestro país remite a las siguientes preguntas: ¿las universidades están formando profesionistas y ciudadanos que requiere nuestro país para potenciar la economía del conocimiento? ¿están formando mano de obra para las demandas a corto plazo de los sectores productivos?

Las preguntas se plantean en alusión a la incorporación del Programa “Jóvenes construyendo el futuro” en el Presupuesto de Egresos 2019 como una iniciativa para fomentar la vinculación entre la Universidad y el sector productivo y como uno de los retos del nuevo gobierno para incorporar a más de dos millones de jóvenes al mercado laboral.

Así, con una asignación de 4 mil 320 millones de pesos se pretende apoyar a 300 mil jóvenes para continuar sus estudios de educación media superior y superior, otorgándoles un apoyo mensual de 2 mil 400 pesos, cerca de un salario mínimo, además de brindar capacitación para el trabajo e incorporar laboralmente a jóvenes entre 15 y 29 años de edad con diferentes niveles de escolaridad, con la intención de que en el futuro sean contratados por los centros de trabajo donde se capacitaron.

Desde 2001 se implementó en México un programa nacional de becas, el cual fue ampliando la atención a estudiantes de los diferentes tipos y niveles educativos, pero con restricciones en la cobertura.

Como antecedente de la modalidad de capacitación del Programa “Jóvenes construyendo el futuro” se pueden identificar distintos programas como Capacitación de trabajadores desempleados (1984), Sistemas de capacitación para el trabajo (2002), Primer empleo (2007), Fomento al primer empleo (2011), y Apoyo al empleo (2017),  los cuales en su momento buscaron capacitar a los jóvenes y crear más empleos a través de subsidios a empresas y empleadores al dar de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a trabajadores recién egresados de las instituciones de educación superior.

Podemos observar que los apoyos directos programados sólo han sido redireccionados y ampliados a programas y subprogramas que se venían operando en las últimas dos décadas.

Los problemas de desempleo, sub-empleo, ocupación en la informalidad y el número elevado de jóvenes que no estudian, ni trabajan, pero sí cuentan con una carrera universitaria, dan una señal a las universidades públicas de que hay una desarticulación entre los perfiles profesionales de los egresados y las oportunidades de movilidad social en el campo laboral en los estados de la República Mexicana y especialmente en las entidades más pobres y con mayor nivel de marginación.

En la presentación de diagnósticos sobre la educación superior realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el titular de ese organismo, José Ángel Gurría, preguntó: ¿Qué habilidades son relevantes para el mercado laboral? Importante cuestión, pero también la pertinencia de la educación, de acuerdo con los contextos regionales y locales, así como la diversidad de necesidades derivadas que lleven al reconocimiento de la complejidad del país.

Bien por la posibilidad de pensar en el empleo de corto plazo de quienes egresan de la educación superior, pero sobre todo que esto resulte favorable desde una perspectiva de largo plazo, de las necesidades de reconstrucción del país y de generar desarrollos con equidad y sostenibilidad en los estados y localidades, lo cual tiene que ver con la economía del conocimiento, con una perspectiva humanista, de género y responsabilidad social.

De acuerdo con los estudios “Caracterización del segmento de jóvenes que ni estudian ni trabajan en México” (Cámara de Diputados, 2018) “el mercado laboral en México prioriza los puestos de trabajo para las personas con menor grado de estudios, sobre aquellas que han finalizado sus estudios superiores, por lo que la tasa de desocupación de los jóvenes con licenciatura es mayor al de cualquier otro segmento poblacional”.

En tanto, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2018) “Al segundo trimestre de 2018, el segmento de la población de 15 a 24 años ascendía a 21.8 millones de personas y de ese total los que ni estudian ni trabajan suman 3.8 millones, de los cuales 78% son mujeres y 22% son hombres.

Las inequidades se observan en la desagregación de cifras por género y por regiones, lo que hace urgente una perspectiva de políticas compensatorias regionalizadas, pero, sobre todo, de atención a la abismal brecha de género entre hombres y mujeres.

*Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana.