+ La diputada Magaly López Domínguez, de Morena, sostiene que personas que deberían estar en la cárcel no podrán ejercer el poder
SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, septiembre 18.- De acuerdo con un informe estadístico de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), del 1 de enero al 31 de agosto de 2019 se iniciaron 2 mil 299 expedientes de queja y las instancias más señaladas por violar derechos humanos resultaron los ayuntamientos con 876 casos.
Ante este escenario la legisladora del partido Morena, Magaly López Domínguez, propuso al pleno legislativo reformas a la ley orgánica municipal del estado de Oaxaca con el que se busca facilitar el proceso de desaparición del ayuntamiento al que se haya comprobado que violó de manera reiterada los derechos humanos, así como la suspensión y la revocación del mandato de los funcionarios que estén en ese mismo supuesto.
Con la reforma al artículo 58 de la Ley Orgánica Municipal, planteada por la también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 64 Legislatura, dichas violaciones deberán ser determinas por resolución o resoluciones judiciales, es decir de los juicios de amparo en las que se haya determinado que la autoridad municipal es responsable de violaciones a derechos humanos; resolución o resoluciones del organismo autónomo en la materia, que en este caso es la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; del organismo nacional, es decir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o de instancias intergubernamentales, como podrían ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o los grupos de trabajo o comités especializados de la Organización de las Naciones Unidas, como los destinados a la tortura, la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial.
López Domínguez planteó también reformas al Artículo 60, con lo que se busca adicionar una fracción para incluir, entre las causas graves para la suspensión del mandato de algún miembro del ayuntamiento, el incumplimiento de una resolución judicial en materia de derechos humanos; es decir, el no acatar una resolución de juez, en un juicio de amparo en el que se haya determinado violación a derechos humanos.
La Legisladora de Morena advirtió que con este conjunto de reformas busca evitar que continúen en el poder personas que deberían estar en la cárcel.
La propuesta de López Domínguez fue turnada para su análisis al interior de las Comisiones Permanentes de la 64 Legislatura para su posible aprobación en días próximos.
