En la década de 1990 inicia en México el proceso de feminización de la fuerza de trabajo, ocasionada en gran medida por el descenso de la tasa de fecundidad y la decisión de las mujeres de postergar el matrimonio, factores que pueden limitar sus actividades profesionales y laborales (Barrios y Barrios, 2016).

Y tanto la precarización del empleo como la decisión de las mujeres de integrarse al mercado laboral dio como resultado el incremento del proceso de feminización de la fuerza de trabajo, en particular en estados como Oaxaca, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Este supuesto se fundamenta a partir de dos indicadores que se toman como referencia para el presente análisis: las condiciones de pobreza que se observan en Oaxaca y los niveles de educación que han alcanzado las mujeres, ya que los datos revelan que están superando a los hombres.

Aquí coincidimos con Ziccardi (2008) respeto a que la pobreza es un proceso de carencia de recursos económicos, culturales, políticos, institucionales y sociales que afectan inicialmente a los sectores populares y se articulan con las inestables e informales condiciones de trabajo que sobresalen en el mercado laboral, conduciendo a tener salarios bajos y precarización del trabajo. La pobreza implica entonces obstáculos para que millones de personas aseguren la real función de sus derechos humanos (civiles y políticos, económicos, sociales y culturales).

Sin bien la autora hace una diferenciación entre pobreza rural y pobreza urbana, lo que nos interesa resaltar es que las condiciones de pobreza generan posiciones de exclusión social, la cual tiene que ver con las dificultades de acceso al trabajo, crédito, servicios sociales, recreación, justicia, salud, residencia, ingresos económicos, servicios públicos; igualmente, la discriminación de género, política, creencia y etnia, entre otras, hasta poner en riesgo social a quienes forman parte de las sociedades complejas (quienes tienen escaso acceso a los servicios públicos y sociales), pero además a colectivos sociales históricamente vulnerables como: mujeres, indígenas, campesinos, inmigrantes, niños, niñas, jóvenes, discapacitados (Zicardi, 2008).

Por ello, abordar los temas de pobreza y acceso al mercado laboral es fundamental para México y en particular para el Estado de Oaxaca. Las estadísticas refieren que en el país existen 127.5 millones de habitantes, de los cuales, según el ENOE, en el cuarto trimestre de 2017 la población desocupada; es decir, aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo, fue de 1.8 millones de personas; es decir, 3.4% de la PEA.

Además, en el plano nacional, 77 de cada 100 hombres en edad de trabajar son económicamente activos y en el caso de las mujeres 43 de cada 100 son económicamente activas, por lo que la tasa de ocupación en el mercado laboral es mayor en el caso de los varones.

El empleo formal también ha decaído, independientemente del sexo de que se trate, y si a eso agregamos que el salario mínimo no cubre las necesidades básicas de una familia, ya que la política salarial ha sido parte de una estrategia de control inflacionario, en realidad el poder de consumo del salario mínimo ha disminuido durante las últimas décadas, puesto que “Para 2014 alcanzó para poco más de la cuarta parte de lo que pudo abarcar en su punto más alto (1976) y representa, además, poco más de un tercio de lo que era hace 45 años (1969)” (Esquivel, 2015, 29).

Por entidad federativa, la tasa de ocupación por sexo en el año 2016 permite apreciar que Oaxaca, Guerrero, Morelos, Baja California, Yucatán, Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán y Puebla son las entidades en las que se registraron las mayores tasas de ocupación para la población femenina, con valores superiores a 97%.

Esto se relaciona directamente con los indicadores de pobreza porque, además, son los estados donde existen más dificultades para acceder a un empleo formal, principalmente en Oaxaca y Guerrero; sin embargo, son también las entidades que reflejan mayores niveles de participación de las mujeres en el ámbito laboral, contrario a lo que podría pensarse. Así, esta participación no sólo se determina por los niveles de formación educativa, sino también en la búsqueda de cubrir sus necesidades básicas.

El hecho de que las mujeres se integren al mercado del empleo ha significado un aumento en su carga laboral, en particular para quienes tienen familia, porque en la actualidad son mujeres las que trabajan para complementar la economía familiar y al mismo tiempo siguen cumpliendo sus tareas domésticas, de tal forma que “La incorporación de las mujeres al mercado laboral está acompañada de un desequilibrado reparto de las tareas reproductivas, de cuidados de la familia y las tareas del hogar” (INMUJERES, 2016, p. 150).

Sin embargo, se sigue reconociendo que las mujeres sin familia son las que se integran más fácilmente al ámbito laboral, ya que la tasa de participación económica más alta de la población femenina se registra en las que no tienen hijos, que en México corresponde al 74.1% en general, con rango de edad de 30 a 39 años y nivel de educación medio superior o superior.

En las posiciones de empleados y trabajadores por cuenta propia, los ingresos promedio por hora laboral de los hombres son ligeramente superiores a los de las mujeres por 4 y 1.7 pesos, respectivamente. Por el contrario, entre los trabajadores subordinados y remunerados asalariados con percepciones no salariales, los ingresos promedio de las mujeres superan al de los hombres por más de 10 pesos.

Este dato nos permite analizar que las mujeres profesionistas que participan en el mercado del empleo formal han preferido desenvolverse profesionalmente renunciando a su desarrollo familiar, por lo que esa condicionante cultural da como resultado que las mujeres se esfuercen el doble para demostrar que poseen igual o mayor capacidad para desempeñar los puestos profesionales que tienen a su cargo.

La tasa de empleo más elevada coincide con los estados que registran mayores niveles de pobreza, excepto el caso de Chiapas, porque los datos refieren que en 15 entidades federativas la tasa de desempleo es más alta entre las mujeres que entre los hombres. Las tasas más altas para las mujeres se presentan en Tabasco (7.6%), Sonora (6.5%) y Coahuila (6.4%), mientras que las entidades con las tasas más bajas de desempleo de mujeres son Oaxaca (1.5%), Guerrero (1.7%) y Morelos (2.0%).

Estas razones apoyan la hipótesis de que la integración de las mujeres al mercado de trabajo responde más a una necesidad de carácter económico en las familias, puesto que no necesariamente eligen el tipo de empleo que desean o, bien, los roles domésticos no han dejado de ser parte de las actividades cotidianas que desempeñan las mujeres y, por tanto, sus actividades aumentan a pesar de integrarse al mercado laboral formal o informal.

REFLEXIONES

Si bien la inserción de las mujeres en los circuitos laborales significa un paso hacia adelante en la conquista de la igualdad de género en el mercado de trabajo, ello sigue planteando grandes retos de carácter cultural que inciden directamente en el incremento de las cargas para las mujeres en la sociedad, puesto que mayoritariamente siguen realizando el trabajo doméstico y, en el mejor de los casos, sólo comparten medianamente sus actividades.

No obstante, se les sigue asignando la responsabilidad mayor de la reproducción familiar y eso seguirá representando una desigualdad entre hombres y mujeres, porque un buen número ha renunciado a tener familia o preferido postergar el matrimonio para desempeñar sus labores profesionales, lo que sin duda es resultado de la desigualdad de género.

Se impone también repensar y revalorar el trabajo doméstico para quitarle la carga negativa, pues cuando argumentamos que muchas mujeres se están integrando al mercado laboral tal vez por necesidad, queremos decir que la decisión de ser madres fue quizá una decisión propia que tampoco pueden desempeñar porque la precarización del empleo aumentó.

*Profesora investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO. Coordinadora de posgrado del mismo instituto, Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores.