TLALIXTAC DE CABRERA, Oaxaca, diciembre 3.- En cumplimiento al artículo 65 de Lineamientos Generales de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación (CPCE-F), el proceso de Entrega-Recepción de la Coordinación Nacional se realizó la tarde de este lunes en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), acto a partir del cual el secretario de la Contraloría de Oaxaca, José Ángel Díaz Navarro, es oficialmente el nuevo Coordinador Nacional de Contralores.
Ante el titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP, Jesús R. Robles Maloof, y el titular de la Unidad de Auditoria Gubernamental de la SFP, Omar González Vera; el secretario de la Contraloría de Querétaro y coordinador nacional saliente de la CPCE-F, Alfonso Chávez Fierro procedió al acto de entrega al secretario Díaz Navarro.
En este contexto, el representante del Gobierno de Oaxaca en lo referente a temas de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, comandará durante un año los trabajos de esta comisión integrada por las 32 entidades federativas.
El titular de la Contraloría refrendó su compromiso por la unidad y el trabajo coordinado hacia el logro de los objetivos comunes de la Comisión Permanente de Contralores.
Asimismo se comprometió a incentivar la sinergia entre todos los titulares de los Órganos Estatales de Control y trabajar sin colores partidistas para fortalecer el trabajo propositivo que cada miembro ha impulsado en representación de sus respectivos Estados, conjuntamente con la SFP.
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación es dentro del Sistema Nacional de Control y Evaluación de la Gestión Pública, la instancia de vinculación de los Órganos de Control y Evaluación de la Gestión Pública del Gobierno Federal y los Estatales, promueve la implementación de instrumentos, mecanismos de control, verificación y evaluación de la Gestión Pública.
Además de una eficaz vigilancia en el manejo y aplicación de los recursos públicos con criterios de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía; así como la aplicación de sanciones a servidores públicos que incurran en irregularidades.
