Dra. Gladys Karina Sánchez Juárez*

El día 12 marzo del año 2019 se llevó a cabo un foro estatal de consulta para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con la particularidad de que tenía la intención de abonar a las líneas de operación de la Secretaría de Bienestar.

Participamos diversos actores sociales y académicos, con lo cual de los puntos que destacaron son los grandes problemas que enfrenta nuestro país para solventar las desigualdades sociales y regionales.

En esta ocasión la Secretaría de Bienestar propuso diversas preguntas detonadoras de reflexión y rescato tres que considero generales: ¿Cuáles son las principales razones que han limitado la capacidad del Estado mexicano para garantizar el acceso y ejercicio pleno de derechos? ¿Cómo podemos construir una política de bienestar universal que asegure el goce pleno de derechos sin exclusión ni discriminación? ¿Cómo avanzamos de pisos mínimos de bienestar hacia una visión de óptimos de bienestar?

En función de las tres preguntas ejes de carácter general, lo que se comentó en primer término con respecto a los derechos económicos, culturales y sociales, en general, no se ha tomado en cuenta lo que culturalmente están acostumbrados a consumir en las diversas poblaciones sobre todo rurales, donde existen pautas culturales de consumo de alimentos muy específicas.

Tomar en cuenta lo cultural ligado a un diagnóstico de potencialidades municipales y regionales podría ayudar a impulsar la producción de alimentos que culturalmente están acostumbrados a consumir en cada región.

Para el logro de objetivos en el cumplimiento de los derechos culturales, económicos y sociales, uno de los retos principales es la articulación de los tres poderes de gobierno porque para el caso de Oaxaca es necesario pensar en la falta de infraestructura que existen en diversos municipios, de manera particular los caminos y carreteras se deben mejorar porque existen muchas localidades de difícil acceso, lo cual limita y dificulta la dinámica de la población.

Se requiere de una visión integral desde las instituciones gubernamentales que permita concentrar el presupuesto porque la política social está pulverizada, que si bien el programa de transferencia monetaria condicionada ha llegado a grandes núcleos de población que la requiere, se debe trabajar en términos de acercar y mejorar servicios de salud, detonar las fuentes de empleo y coordinar las estrategias de las diferentes dependencias.

Porque hasta el año 2018 observamos que algunos programas de apoyo al campo, por ejemplo, siguiendo el caso de la población rural, estaba sumamente pulverizada; es decir, había varios apoyos que para empezar eran de difícil acceso porque sólo las poblaciones con cierto nivel de preparación técnica podían acceder o quizá sólo quienes tienen una plataforma organizativa o administrativa que pudiera gestionarles el apoyo; por eso requerían intermediaciones porque el acceso a los programas sociales era complicado; por tanto, el reto es establecer una real facilidad administrativa desde el aparato gubernamental.

Es de suma importancia pasar de políticas asistencialistas a la generación de proyectos productivos generadores de ingresos y autoempleo que permitan dotar de autosuficiencia y dignidad a las personas y comunidades en condición de pobreza, para lo cual se pueden observar en pequeñas escalas algunas experiencias locales de economía social y solidaria, sobre todo sustentadas en empresas sociales cuya característica es que se integra de familias o son colectivos de origen comunitario que tienen un objetivo común de carácter económico en donde lo que aportan es su trabajo, con productos de elevada calidad, pero enfrentan el tema de la distribución. Por tanto, el impulso del mercado interno local es fundamental para seguir impulsando estas iniciativas.

Finalmente, es urgente emprender en los gobiernos municipales un conjunto de tareas de rediseño y fortalecimiento institucional. Las competencias que la constitución de la República otorga a los gobiernos locales al ser confrontadas con las capacidades que efectivamente poseen y con las funciones que debieran ser incorporadas a la acción local señalan la existencia de un claro déficit institucional relacionado con una falta de diseño institucional que muchas veces no corresponde con la realidad de la localidad, se reproduce la estructura organizacional sectorial y vertical de los gobiernos central o estatal, existe en algunas ocasiones ausencia de impulso al desarrollo económico local, a pesar de que los encargados de los gobiernos locales conocen cercanamente su realidad.

Así, de frente a estas reflexiones y discusiones, al 28 de febrero del año 2020 observamos algunas políticas públicas que se encaminan a cumplir con los señalamientos que se hicieron en ese foro; al menos, en mi opinión, considero que el impulso que se dio a los caminos rurales con mano de obra local es parte de las demandas que se expresaron respecto a los caminos y carreteras que deben mejorarse en las localidades rurales.

En cuanto a la detonación de proyectos productivos se impulsó el programa “Sembrando vida”, que tiene cobertura en 19 entidades federativas del país. Y aunque existen una serie de críticas al programa, lo cierto es que contrario a lo que parece, uno de los requisitos es que las localidades deben acordar integrarse al programa, lo cual sugiere un mínimo de acuerdo colectivo.

Por su parte, toda la estructura operativa integrada por técnicos en diversos ramos está recibiendo capacitación para incentivar el sistema de cultivo MIAF, que se basa en el cultivo de milpa con árboles frutales. Su prioridad es incentivar la producción agrícola y forestal, además de contemplar a las localidades como territorios y no sólo como extensiones de tierra.

Se observa en general una intención de fortalecer la producción con técnicas de cultivo agroecológicas que es radicalmente diferente a los paquetes tecnológicos que se estaban impulsando hasta el año 2018.

Por su parte, el programa “Jóvenes construyendo el futuro” observo que está atendiendo a objetivos de impulso a las pequeñas y medianas empresas, aportando aprendices que brindan trabajo a una empresa, al tiempo que los jóvenes aprenden a incorporarse en una área de especialización con una beca que les permite hacer experiencia profesional y contar con un recurso económico.

Puede tener muchas críticas; sin embargo, las estadísticas marcan que al menos para el Estado de Oaxaca vincularon a 37 mil 545 personas, de las cuales 60.5% son mujeres y 39.5% hombres, mientras que en total en todo el país vincularon a 782 mil 917 personas.

Sin duda aún falta tiempo para poder tener realmente una valoración de estos programas, pero observo algunas diferencias sustanciales con respecto a sexenios pasados.

*Profesora investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO; Coordinadora de Posgrado del mismo Instituto; Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores.