El pasado 20 de agosto la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) hizo público el informe “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México 2019”.

Este tipo de desplazamiento es una violación sistemática a los derechos humanos y tuvo sus inicios en la década de los setenta, en tiempos de la guerra sucia contra la izquierda. Sin embargo, se hizo más atroz a partir del sexenio de Felipe Calderón, en el marco de la supuesta guerra contra el narcotráfico con la que buscó legitimar su gobierno funerario.

Es importante resaltar que, si bien este fenómeno fue invisbilizado durante décadas y estuvo fuera de la agenda pública, en abril de 2019 por primera vez fue reconocida su existencia por el Estado.

Ello representa un gran avance, sobre todo para las víctimas del desplazamiento forzado causado por la violencia, principalmente en las zonas rurales, donde el crimen organizado se ha apropiado de vastos territorios desde hace por lo menos veinte años.

Sin embargo, lejos estamos de erradicar este desgarramiento social. Más aún, según el informe de la CMDPDH, “todavía no existe un registro de la población desplazada en México, ni un diagnóstico comprehensivo y especializado de la situación a nivel nacional que ofrezca información precisa y suficiente para orientar de forma adecuada las estrategias y acciones de política pública para atenderla”.

Es fundamental, aunque doloroso, adentrarnos en las desgarradoras páginas de este informe que nos ofrece un análisis de los episodios de desplazamiento interno forzado masivo que ocurrieron en 2019, así como información sobre las causas que los generaron, los actores responsables, las formas de violencia utilizadas, el perfil de las víctimas, los estados, municipios y localidades expulsoras y receptoras de personas desplazadas, el contexto y la dinámica de los desplazamientos, los posibles retornos de las personas desplazadas a su lugar de origen, así como una estimación del número de víctimas a nivel nacional durante el año pasado: más de 8 mil.

Los desplazamientos ocurrieron a lo largo de 28 episodios masivos en ocho estados: Guerrero (5,128), Oaxaca (1,071), Michoacán (794), Chiapas (668), Sinaloa (393), Chihuahua (300), Durango (260) y Tamaulipas (140). Ello nos da una cifra histórica acumulada de aproximadamente 346 mil personas afectadas en estos momentos en nuestro país.

En estados como Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, el desplazamiento forzado afecta principalmente a comunidades indígenas y del total de los episodios registrados, 22 se desarrollaron en zonas rurales.

La mayoría de los episodios de desplazamiento forzado masivo documentados por la CMDPDH, estuvieron relacionados con grupos armados que atacaron a las comunidades para controlar su territorio y sus recursos. La minoría tuvo que ver con violencia política o religiosa.

Además, se logró identificar que las víctimas no sólo experimentan el desplazamiento, ya que sufren otras formas de agresión, como incursiones armadas a sus comunidades, amenazas, asesinatos, desapariciones, quema de casas o negocios, saqueos, secuestro, trata de personas, extorsiones y reclutamiento forzado para el crimen organizado.

Son diversos los impactos en la vida de las víctimas. Según la CMDPDH: “El desplazamiento forzado y los hechos de violencia que lo detonan pueden generar múltiples afectaciones inmediatas, como la pérdida de patrimonio y medios de subsistencia, impactos a la salud física y psicoemocional, la pérdida de acceso a servicios básicos, la separación de familias, la ruptura de vínculos comunitarios, entre otros (…)  La información registrada y analizada en 2019, así como la de años anteriores, muestra un panorama preocupante: altos niveles de violencia, conflictos sin resoluciones, regiones y zonas del país donde la violencia es constante, comunidades completas en situación de desplazamiento prolongado sin perspectivas de encontrar una solución duradera y personas que, perseguidas por la violencia, son obligadas a desplazarse una y otra vez”.

Los retos del Estado mexicano y sus instituciones para resolver este que es sin duda uno de los grandes problemas nacionales, son altamente desafiantes. Ello se debe a que las aspiraciones y los derechos de las víctimas no se reducen a las acciones inmediatas de carácter humanitario para sobrevivir en un contexto de desplazamiento.

Una solución duradera implica, entre otras medidas de corto, mediano y largo plazo, arrebatar al crimen organizado el control territorial de amplias regiones del país de las se ha venido apropiando en los últimas dos décadas, sobre todo a partir del sexenio de Calderón.

La labor de la CMDPDH y de otras organizaciones que han documentado, denunciado y acompañado a las víctimas de desplazamiento forzado es heroica, pero está lejos de rendir frutos.

Un país que vive un proceso histórico de transformación progresista no puede aspirar a construir una sociedad con justicia, paz y dignidad si olvida construir esperanza y alternativas para quienes han tenido que dejarlo todo con el objetivo salvar su vida y la de sus familias de la espiral de la violencia.

*Etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), maestro y doctor en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco, investigador titular C de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología Historia (INAH).