+ Verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición
La historia de las izquierdas en nuestro país es sinónimo de lucha, esperanza y utopía, pero también es signo de represión, destierro y mucho dolor.
Habita en las calles, en las plazas públicas, en los pasillos universitarios, en los auditorios ejidales, en los periódicos militantes, pero también en los centros clandestinos de detención del gobierno.
Esta historia ha sido ofrendada con la vida de cientos, miles de jóvenes, hombres, mujeres o viejos dirigentes que lo dieron todo para tomar el cielo por asalto, para construir el Reino de Dios en la Tierra.
Desde los años cincuenta el Estado mexicano fue implacable con la disidencia política. Es incontable la cantidad de luchadores sociales que desde los años cincuenta fueron cooptados, desaparecidos, desterrados, torturados o asesinados a manos de diferentes gobiernos.
La misma suerte corrieron periodistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, dirigentes campesinos, magisteriales, obreros y representantes de los pueblos indígenas.
El sexenio de Vicente Fox abrió expectativas de justicia para las víctimas de la llamada “guerra sucia” contra la disidencia política que se extendió por cinco décadas de gobiernos priistas ininterrumpidos.
Para ello, este presidente creo la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Sin embargo, su existencia fue turbia y gris. Se limitó a elaborar un polémico informe que nunca fue publicado oficialmente. Finalmente, esta fiscalía fue disuelta el último día del sexenio de Vicente Fox, anulando con ello toda esperanza de justicia para las víctimas y sus familias.
Durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto nada se hizo para conocer la verdad sobre los años de la represión autoritaria por “razones de Estado”. Por el contrario, se perpetuó la persecución, el encarcelamiento injustificado, las amenazas, la tortura y hasta el asesinato de activistas, militantes de izquierda y de diferentes voces críticas del régimen bipartidista.
Afortunadamente, la historia de complicidades e impunidad con los represores del pasado empieza a desmontarse. De eso se está encargando la “Política de verdad y memoria del pasado reciente”, que es una iniciativa del actual gobierno, cuyos objetivos principales son la identificación, recuperación y conservación de archivos vinculados a la represión política del pasado.
Este proyecto fue presentado públicamente en el Archivo General de la Nación (AGN) el pasado 2 de octubre, en el marco de la conmemoración de la matanza de estudiantes de 1968.
A estas alturas no resulta extraño que un acontecimiento de gran relevancia histórica haya sido invisibilizado por los medios de comunicación que siguen al servicio del viejo régimen y que todos los días, religiosamente, atacan al Presidente con calumnias y mentiras.
Con esta nueva política se busca “conocer y rememorar las graves violaciones a los Derechos Humanos como la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada, cometidas en el periodo histórico conocido como Guerra Sucia, por los aparatos de seguridad del Estado mexicano de esos años contra activistas, luchadores sociales y miembros de organizaciones guerrilleras.
Se trata de un mecanismo para dignificar la memoria de las víctimas de estos crímenes y contribuir a la memoria histórica de nuestro país, con miras a que estos hechos no se cometan nuevamente” (sitiosdememoria.segob.gob.mx).
Esta “Política de verdad y memoria del pasado reciente” reconoce cuatro derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado mexicano:
- a) el derecho a la verdad: reconocido como el “derecho de las víctimas y/o de sus familiares, a tener conocimiento e información sobre los hechos y circunstancias en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos, lo cual implica identificar a los perpetradores, los motivos que originaron dichas agresiones, así como saber la suerte o paradero de la víctima, lo cual les permita honrar, conmemorar, y llevar a cabo el proceso de duelo”.
- 1.b) el derecho a la memoria: “es el derecho de las víctimas y/o familiares que las atrocidades cometidas en el pasado contra sus personas sean objeto de penas ejemplares, para evitar que se cometan injusticias en el presente y en el futuro. Es transitar hacia una cultura de paz y respeto a los derechos humanos, evitando replicar los crímenes de la historia”.
- c) derecho a la justicia: “es el derecho de las víctimas y/o familiares a tener acceso a las prerrogativas protectoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales; es decir, el Estado debe velar porque dichos marcos normativos sean ejecutables y exigibles ante tribunales competentes, los cuales deben amparar a las personas que sufrieron un menoscabo en sus derechos humanos y evitar la impunidad y el origen de nuevas violaciones”.
- d) derecho a la reparación: “es el derecho de las víctimas y/o familiares a tener medidas de restitución integral por haber sido conculcadas en sus derechos humanos. Dichas medidas pueden ser: compensatorias, satisfactorias, rehabilitadoras, de no repetición, restitución, colectivas o individuales”.
- e) derecho de no repetición: “es el derecho de las víctimas y/o familiares a contar con garantías temporales y/o permanentes para mitigar los daños causados y evitar que se dé origen a nuevas violaciones a los derechos humanos. Es un elemento necesario para la transición eficaz hacia la reconciliación y la paz”.
En muchos países de América Latina, como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay, existe un importante camino recorrido en políticas de justica, verdad y memoria sobre crímenes del pasado político. En México es algo prácticamente inédito como política de Estado, pues la triste experiencia de la FEMOSPP prácticamente no cuenta.
A través de la “Política de verdad y memoria del pasado reciente” podemos ahora conocer los abusos que cometía el Estado mexicano en contra de todo aquel que consideraba como opositor al régimen.
Se ha empezado ya la entrega de expedientes a los familiares de las víctimas, los cuales se encuentran en cerca de 8 mil cajas resguardadas por el AGN.
Pero más allá del conocimiento y de la recuperación de la memoria, lo que se abre con esta nueva política de Estado es la posibilidad de avanzar en la construcción de la justicia, tomando como fundamento la perspectiva de quienes sufrieron en carne propia estas violaciones a los derechos humanos.
Aunque tal vez lo más importante en estos momentos es que se abre también la posibilidad de que, mediante esta recuperación de la memoria histórica y el acceso a la justicia, no permitamos que vuelvan a cometerse estas atrocidades contra el pueblo mexicano.
*Etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), maestro y doctor en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco, investigador titular C de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología Historia (INAH).
