Uno de los sectores de trabajadores y trabajadoras que enfrentan condiciones laborales sumamente adversas y de precariedad salarial en México es el de los jornaleros agrícolas.

Más del 90 por ciento trabajan sin contrato, sin prestaciones, sin servicios médicos, en horarios extenuantes. Sus salarios suelen estar por debajo del mínimo, aun cuando desde 1970 la Ley Federal del Trabajo reconoce la importancia del trabajo en el campo.

Lamentablemente, desde hace décadas, viven en condiciones de pobreza, desigualdad social y marginación a causa, principalmente, de sus bajos ingresos, que les resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas de salud, educación, alimentación y vivienda.

Para sobrevivir, es frecuente que tengan que trabajar en el campo no sólo el padre y la madre de familia, sino los hijos e hijas en edad escolar.

Además del bajo salario que reciben, que puede oscilar entre 80 y 200 pesos por jornadas de trabajo que van de las 8 a las 16 horas, las condiciones laborales son sumamente precarias: se requiere de mucho esfuerzo físico, estar de pie por largos periodos de tiempo, bajo el Sol, a veces en temperaturas extremas, expuestos a agroquímicos, sujetos a accidentes como intoxicaciones, picaduras de animales o descompensaciones por deshidratación.

Cuando el trabajo se acaba en una región o en un estado, los jornaleros y jornaleras, junto con sus familias, suelen migrar a otras latitudes en busca de otra oportunidad laboral de al menos unos cuantos meses, ya sea cortando, desyerbando, aplicando agroquímicos o realizando otras labores necesarias para la producción de cereales, hortalizas o frutales.

Hay quienes consideran que su salario es precario porque realizan un trabajo no calificado. Sin embargo, quienes así piensan olvidan que son los jornaleros y las jornaleras aquellas personas que, con su trabajo, hacen posible que los alimentos que consumimos a diario, lleguen a nuestras mesas.

Si alguien tuviera duda de la importancia estratégica del trabajo que realizan los jornaleros y las jornaleras no sólo en México, sino en el mundo entero, habría que recordar que uno de los sectores esenciales que no ha parado a lo largo de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia Covid-19, ha sido precisamente el de los trabajadores agrícolas, quienes han asegurado con su trabajo que no haya escasez de alimentos.

Precisamente por la necesidad y por la importancia de su trabajo, reconocido en tiempos de pandemia como estratégico, los jornaleros y jornaleras han estado más expuestas a los contagios de coronavirus en los campos agrícolas o en los medios de transporte que proporcionan los dueños de las fincas, ya que en ellos suelen viajar en condiciones de hacinamiento.

Frente a la deuda histórica que el Estado y la sociedad mexicana tienen con este sector rural, constituido por al menos 3 millones de personas, la “Alianza campo justo”, promovida por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) y Fundar “Centro de Análisis e Investigación”, ha emprendido una campaña para exigir y lograr el reconocimiento de un salario mínimo para los jornaleros y jornaleras, así como de sus derechos humanos y laborales básicos.

La construcción de una política pública con pertinencia social y cultural, dirigida a los jornaleros y jornaleras, pasa también por la urgente realización de una “Encuesta nacional de jornaleros agrícolas”. Ello debido a que actualmente contamos con datos insuficientes, inexactos y desactualizados, ya que la última encuesta nacional se hizo hace más de diez años.

La “Alianza campo justo” ha emitido un exhorto al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Consami) para que incluyan la propuesta de fijación de salario mínimo a personas jornaleras en sus sesiones de este año, y de esta forma se dé cumplimiento a la obligación establecida en el Artículo 280 Bis de la Ley Federal del Trabajo, que se reformó desde mayo del 2019.

Para que las familias jornaleras puedan vivir dignamente, lo justo es que el monto del salario sea de al menos 300 pesos diarios.

Proteger y garantizar mejores condiciones de vida para quienes producen los alimentos que consumimos, comienza con un salario que haga mínima justicia a su trabajo.

Una forma de solidarizarnos con esta lucha es firmando en apoyo a la campaña de “Alianza campo justo” en la siguiente página: https://campojusto.mx/, que apenas lleva poco más de 1 mil 500 firmas.

*Etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), maestro y doctor en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco, investigador titular C de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología Historia (INAH).