+ Una larga lucha laboral que por fin rinde frutos
El pasado 16 de diciembre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó por mayoría un nuevo incremento al salario mínimo del 15%, que pasa de $123.22 a $141.70, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasa de $185.56 a $213.39.
Este aumento será vigente a partir del primero de enero de 2021 y se suma a los aumentos históricos reconocidos en 2019, del 16 por ciento y de 2020, del 20%.
Lamentablemente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se opusieron a este aumento del 15 por ciento al salario mínimo bajo el argumento de que representa el riesgo de que 700 mil empresas cierren en los próximos tres meses y, por consiguiente, haya un aumento en el desempleo.
La postura del sector empresarial se tradujo en que el voto por el aumento al interior de la Conasami fuera por mayoría y no por consenso. La propuesta que defendió el sector patronal fue la de no otorgar un aumento de más del 4% o bien, la descabellada idea de que el gobierno federal pusiera la diferencia.
Con este aumento, México remonta ocho posiciones a nivel internacional en cuanto al salario mínimo, colocándose en el lugar 76 de 135 países.
De hecho, México llegó a estar en el lugar 12 a nivel mundial en lo que respecta a esta materia, pero durante el periodo neoliberal bajamos hasta los últimos lugares, debido al argumento tecnocrático de que aumentar el salario, haría crecer la inflación.
Lo paradójico es que de todas formas aumentó la inflación, pero no el salario. Si no me creen, revisen los anuarios económicos de los ochenta, noventa y de las primeras dos décadas del siglo XXI.
Hoy que se toma esta decisión digna de celebrarse, la gran mayoría de los medios masivos de comunicación están creando la percepción de que este aumento no es más que un capricho populista del gobierno de AMLO.
Pero se les olvida mencionar que un aumento al salario incrementa el consumo interno, lo que dinamiza la economía. También se omite intencionalmente que este aumento es una conquista laboral que cristaliza una larga lucha de sindicatos, organizaciones sociales, gremios y trabajadores organizados.
La mayoría de los medios también están omitiendo otro acuerdo histórico asumido por la Conasami, que es el de integrar por primera vez a dos profesiones en la lista de salarios mínimos: trabajadoras del hogar, que obtienen un incremento de 25% respecto al salario mínimo vigente, llegando a los 154.03 pesos, y los jornaleros agrícolas que reciben un incremento de 30% respecto al salario mínimo vigente, alcanzando el monto de 160.19 pesos.
Esta decisión de la Conasami es una respuesta a la lucha de organizaciones de larga data y trayectoria combativa como el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO), el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA) y la Alianza Campo Justo, que han venido insistiendo desde hace varios años en la necesidad de que estos dos importantes sectores de la clase trabajadora sean reconocidos por primera vez en la historia, en la política de salarios mínimos, pues habían sido excluidos de ella bajo el modelo neoliberal e incluso antes.
Mientras que el sector empresarial rechazó estos aumentos por considerarlos un exceso, organizaciones como el SINACTRAHO también se manifestaron en contra, pero por considerarlos insuficientes, ya que en el caso del trabajo doméstico, “contribuye a que se siga subvalorando, invisibilizando y estigmatizando”.
Por su parte, organizaciones de jornaleros agrícolas están señalando que es un avance sin precedentes, pues “es el primer paso para saldar una deuda histórica con las y los jornaleros agrícolas en el país”, pero al mismo tiempo también lo consideran insuficiente, por lo que han exhortado a la Conasami a que “se comprometa a revisar el monto aprobado para que haya un aumento en los próximos meses y de esta forma alcanzar un monto digno”.
Es importante señalar que, en el caso de los y las jornaleras agrícolas, este hecho sienta un primer precedente para saldar progresivamente la deuda con este sector, pues ya desde 1970, en la Ley Federal del Trabajo se reconocía al jornaleo en el campo como una actividad laboral especial.
La demanda actual de los y las jornaleras es que su salario mínimo se reconozca al menos en 300 pesos, pues se exige que no cubra solamente el costo de una canasta alimentaria básica, sino también los gastos de vivienda, vestido y salud.
Es por ello que la Alianza Campo Justo lamentó que “el sector patronal continúe sin reconocer la importancia de la labor que realizan las personas jornaleras, y que haya sido una limitante para alcanzar alguna cifra más elevada para el salario mínimo general y en particular para las y los jornaleros agrícolas, quienes no han dejado de trabajar en beneficio de todas y todos en este país” durante esta pandemia.
No es de esperar que el sector empresarial sea sensible a las necesidades de sus trabajadores. Lo que es lamentable es que los medios de comunicación, sin mucho entendimiento básico de la economía nacional, repitan como loros el argumento “técnico” neoliberal de la Coparmex o el CCE, consistente en que esta decisión del Gobierno de México y de la clase trabajadora representada en la Conasami provocará un colapso económico.
El capital nunca ha querido ceder ni un gramo de las jugosas ganancias que extrae de la fuerza de trabajo. Sin embargo, no olvidemos que el salario se ha fijado históricamente en el marco de la lucha de clases. Solo que, desde hace dos años, la correlación de fuerzas ha empezado a cambiar a favor de la clase trabajadora.
No perdamos de vista el bosque por atender sólo a la hoja que pisamos.
*Etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), maestro y doctor en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco, investigador titular C de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología Historia (INAH).